Estados Unidos señaló diferentes barreras comerciales con El Salvador en el informe de "Estimación del Comercio Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior" 2025.
El documento elaborado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) identifica barreras significativas al comercio tradicional y electrónico, así como a la inversión extranjera directa de EE.UU. con diversos socios comerciales, entre ellos El Salvador.
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Dicho informe se basa en información recopilada dentro de la USTR, los Departamentos de Comercio y Agricultura de EE.UU., además de otras agencias gubernamentales y embajadas estadounidenses.
Esta información se conoció en la antesala de la reunión que tendrá el presidente de EE.UU., Donald Trump, con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele en Washington este lunes 14 de abril. Esta visita se realiza en el marco de la política arancelaria de Trump tanto con socios como con competidores comerciales. De hecho, El Salvador fue incluido en la lista de países latinoamericanos que pagan desde el pasado 5 de abril un arancel del 10 % por ingresar sus productos en suelo estadounidense.
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Gremiales empresariales salvadoreñas externaron en días pasados que esperaban que Bukele abordara este tema con Trump, como parte de la agenda que desarrollará durante su encuentro en la Casa Blanca. Hasta el momento no se conoce cuáles serán los tópicos que discutirán los mandatarios.
Pero lo que sí se conoce es cuáles son las "barreras comerciales" que Estados Unidos ve con El Salvador.
Según el documento, uno de los obstáculos es en las aduanas.
"Empresas estadounidenses han expresado preocupaciones sobre la aplicación inconsistente y discrecional de las regulaciones y procedimientos aduaneros, lo que resulta en demoras impredecibles y multas administrativas", dice en el informe.
Por ejemplo, señala que exportar desde una zona franca es "innecesariamente engorroso, requiriéndose la presencia física de representantes de la empresa receptora y de la compañía de transporte para el intercambio de documentos y liberación de materiales".
Agrega que para abordar esas preocupaciones, el Gobierno salvadoreño está implementando un programa piloto para trasladar el proceso libre de impuestos a una plataforma en línea. Pero también dice que "el proceso de valoración aduanera para envíos exprés no es claro".
Y menciona que Estados Unidos continúa monitoreando las prácticas aduaneras y brindando asistencia técnica en ese campo.
En cuanto a las barreras técnicas al comercio, así como sanitarias y fitosanitarias, el informe indica que El Salvador exige un Certificado de Libre Venta para registrar productos cárnicos y que el Ministerio de Salud acordó en 2019 aceptar el Formulario 9060-5 del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) como sustituto de dicho certificado.
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Pero además menciona que bajo el Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR) que mantiene vigente el país con EE.UU. desde marzo de 2006, El Salvador otorgó equivalencia al sistema de inspección sanitaria de Estados Unidos para carne de res, cerdo y productos avícolas. Por lo que considera que es "innecesario o redundante el requisito del certificado sanitario para exportaciones estadounidenses".
Es por ello que en el informe señala que "requisitos innecesarios y duplicados no ofrecen beneficios evidentes para la seguridad alimentaria y, si resultan en precios más altos, también pueden hacer que los productos estadounidenses sean menos competitivos en el mercado local".
También apunta que se requieren pruebas de laboratorio extensas para todos los nuevos productos alimenticios importados, incluidas las muestras, incluso para productos de bajo riesgo que se permiten en otros mercados sin pruebas. Y señala que solo se aceptan los resultados de laboratorio del Ministerio de Salud, lo que retrasa el proceso de registro. Por ello, indica que el "USDA continúa negociando con el gobierno salvadoreño para que se acepten resultados de laboratorios estadounidenses para este propósito".
Asimismo, el gobierno de Trump cita en el informe que el Gobierno salvadoreño exige que los embarques de granos sean fumigados por cuenta del importador, a menos que lleguen acompañados de un certificado que indique que están libres de semillas de maleza y del hongo Tilletia barclayana.
"Debido a que no existe un tratamiento químico práctico y eficaz contra este hongo, el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del USDA no puede emitir dichos certificados. Como resultado, el MAG fumiga todos los cargamentos de grano al ingresar al país", dice en el documento.
En cuanto a las barreras al comercio electrónico, cita las reformas a la Ley de Historial Crediticio, aprobadas por la Asamblea Legislativa el 17 de agosto de 2021.
El informe señala que esas enmiendas introdujeron requisitos de localización de datos, exigiendo que las agencias de crédito y los agentes económicos que reporten historial crediticio almacenen datos exclusivamente en El Salvador y otorguen acceso irrestricto al Banco Central y a la Superintendencia del Sistema Financiero.
"Actores estadounidenses han expresado preocupación de que estos requisitos puedan comprometer la privacidad y protección de los datos del consumidor. Estados Unidos continúa el diálogo con El Salvador sobre este tema", afirma.
Contrataciones públicas
Otro de los problemas que ve EE.UU. con El Salvador es en los procesos de licitación pública.
"Empresas estadounidenses han manifestado preocupación por la falta de aviso anticipado suficiente por parte de agencias gubernamentales salvadoreñas, lo que limita la participación en procesos de licitación, especialmente en obras de infraestructura complejas o proyectos público-privados", destaca.
Y reseña que el 23 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley de Contrataciones Públicas para entidades gubernamentales y municipalidades, reemplazando a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública vigente desde el año 2000.
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Agrega que la nueva legislación establece la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), una entidad autónoma responsable de dictar políticas y regulaciones sobre compras gubernamentales y supervisar la ejecución de contratos.
También menciona que dicha ley incluye nuevos métodos de compra, como licitación competitiva para contratos superiores a $87,600, comparación de precios para contratos menores a esa cifra, y catálogos electrónicos de productos para acuerdos marco de compras menores.
"Sin embargo, están exentos los proyectos estratégicos de infraestructura, proyectos municipales ejecutados por la Dirección de Obras Municipales y compras por filiales de empresas estatales", dice el reporte.
Un hecho que agrega EE.UU. es que desde marzo de 2022, "el Gobierno promulgó una ley que permite al Ejecutivo negociar y adquirir directamente bienes y servicios relacionados con el Régimen de Excepción sin cumplir con la Ley de Contrataciones Públicas".
Y señala que "El Salvador no es parte del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC... pero tiene obligaciones vinculantes de contratación pública bajo el CAFTA-DR".
