Nuevamente, una encuesta de opinión arroja que las familias salvadoreñas tienen como principal preocupación la situación económica de sus hogares, los cuales vienen siendo golpeados desde 2021 por una fuerte y sostenida alza en el costo de la vida, incluyendo los bienes de consumo y, sobre todo, los alimentos.
Así lo demuestran los datos que publicó el pasado lunes la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la cual encuestó, a través del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), a más de 1,270 salvadoreños que conformaron una muestra representativa de todas las poblaciones del país, todo en el marco de la evaluación del cuarto año de gestión del gobierno de Nayib Bukele.
De manera puntual, la encuesta de la UCA refleja que hasta un 62.5% de los salvadoreños considera que, durante el gobierno actual, su economía se mantuvo igual o empeoró, lo que quiere decir que las condiciones económicas para más de 6 de cada 10 salvadoreños no ha tenido mejoras en lo que lleva la actual administración.
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En este sentido, un dato que también llama la atención es que la población ahora percibe al tema económico como la principal problemática a la que se enfrenta el país, un tema que ha tomado protagonismo luego de que la violencia e inseguridad hayan pasado a un plano menos preocupante como producto de acciones como el régimen de excepción.
Sin embargo, esos resultados en la seguridad solo han servido, además, para sacar a flote esta otra problemática, la cual es considerada como la más preocupante por hasta el 29.4% de los salvadoreños, algo seguido del 15.6% que opina que el desempleo o la falta de oportunidades son la segunda mayor preocupación.
A estos dos puntos hay que sumarles otros problemas que aquejan a la población, como lo son el alto costo de la vida (11.3%) y la pobreza (7.6%).
Al sumar todos estos porcentajes que presenta la encuesta de la UCA, puede observarse que los problemas de índole económicos, o relacionados con la economía familiar son la principal preocupación para casi el 64% de los hogares.
Según el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, con estos datos “lo que se está haciendo más evidente es que las personas han visto cómo los precios de los alimentos han aumentado pero sus ingresos no, algo que se transforma en una pérdida del poder adquisitivo”.
Un ejemplo de esto es el aumento que ha tenido el precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual en mayo llegó a un costo $247.87 para las familias que viven en el área urbana, y a un costo de hasta $188.84 para las familias del campo, siendo estas últimas las que más incrementos han experimentado desde 2021.
La economista Tatiana Marroquín, por su parte, explica que estas dificultades económicas se comenzaron a agravar tras el impacto de la pandemia de covid en 2019, la cual impulsó el alza en indicadores como la inflación o la pobreza, y añade que “las estadísticas confirman la percepción que tiene la población en áreas como los bajos ingresos, el desempleo y otras variables”.
Estos bajos ingresos o estos efectos negativos en la capacidad adquisitiva de las familias puede comprobarse en un informe de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias (GNAFC, por sus siglas en inglés), la cual señaló en un informe de hace algunos meses que, durante todo el 2022, hasta 4.1 millones de los salvadoreños, equivalentes al 66% de la población, tuvo problemas para comprar comida por los altos costos, lo que aumenta el riesgo de que el país caiga en una crisis alimentaria.
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Esta situación, además, se suma a otra realidad que se ha empeorado durante la gestión de Nayib Bukele, y es que los índices de pobreza total, según los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), aumentaron con respecto a 2019, por lo que la población total que se encuentra en ese situación asciende a 26.6% de los habitantes del país.
La pobreza extrema, por su parte, se duplicó entre esos mismos años, y según la misma EHPM, pasó del 4.5% al 8.6% de la población salvadoreña.
No hay planes
Tanto Castaneda como Marroquín coinciden en que, desde el gobierno, no hay un plan específico que esté destinado a mejorar la situación económica en el país, pues, según la economista, en todo lo que lleva el gobierno de Bukele, la única política económica que se ha visto es la Ley Bitcoin, la cual no ha tenido beneficios en la población (ver nota aparte).
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En este sentido, el economista del ICEFI añade que la encuesta de la UCA refleja “la carencia de un plan de gobierno y de un plan económico claro con medidas tangibles que permita modificar esas condiciones y mejorar el bienestar de la población. Mientras esto no se resuelva, la situación seguirá siendo crítica”.
Marroquín, además, califica el actuar del gobierno como una “negligencia” debido a esa falta de planes para atender la economía.