Lo cierto, lo falso y lo grave del Presupuesto 2025

Lo cierto

El Gobierno estaría cumpliendo con una de las estrategias para llevar a cabo un ajuste fiscal (reducción de gastos y aumento de ingresos) mediante el despido de empleados públicos y la eliminación "temporal" de beneficios profesionales como el escalafón de Salud y de Educación.

En general, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, advirtió que serían eliminadas 11,000 plazas. El anteproyecto del Presupuesto General de 2025 plantea suprimir 1,119 solo en Salud, según información dada a conocer por el gremio médico y sindicalistas del sector.

"En este momento hay quejas de que no se tiene una atención adecuada: pues va a haber más sobrecarga laboral y va a bajar aún más la calidad de atención en los hospitales y en las unidades de salud", apuntó a inicios de mes la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD), Silvia Navarrete.

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Por otro lado, de 31 hospitales de la red pública del servicio de Salud, 30 recibirán un total de $53.9 millones menos para el próximo año y solo el Hospital El Salvador tendrá un aumento significativo.

Un ejemplo es el Hospital Nacional Rosales, el principal centro de atención del tercer nivel del país, que tendrá un presupuesto de $70.9 millones, que es una reducción de más de $7.7 millones en comparación al presupuesto que se aprobó para este año.

Y es que la transferencia que recibirá del sector público será de $68.6 millones, cuando para 2024 se le asignaron $75.6 millones a través del ramo de Salud. En general, el rubro de transferencias corrientes tendrá una disminución de casi $175 millones en 2025 respecto a 2024, pasando de $2,047 millones a los $1,872 millones.

El recorte en el número de plazas del Estado contrasta con la tendencia mantenida por el Gobierno. El de Bukele, aumentó en $1,145 millones el gasto para remuneraciones en su primer quinquenio, lo que la convierte en la gestión con el mayor incremento monetario en este rubro en la historia.

La diferencia con sus predecesores es importante, pues ninguno había cruzado el umbral de los $600 millones en esta alza: Antonio Saca lo hizo en $495 millones; Mauricio Funes, el segundo en este top, en $573 millones; y Sánchez Cerén en $541 millones.

Por lo tanto, el despido de miles de personas contrastará con años y años de contrataciones sin control. Sin embargo, los recortes de personal de ahora se hacen de forma preferencial en instituciones con vocación social, como Salud y Educación.

"El ministerio de Hacienda había estimado originalmente que el déficit fiscal de 2024 iba a ser de $597 millones, pero ahora estima que cerrará el año con $1,408 millones. Para 2025 estima que tendrá un superávit de $59 millones, es decir, una reducción de $1,467 millones. De lograrse esto, sería un hecho sin precedentes en El Salvador y me atrevería a decir que muy pocos países en la historia han podido reducir el déficit fiscal en 4% del PIB en un solo año", escribió el economista Luis Membreño en una columna de opinión.

Lo falso

"Hoy estamos entregando el primer presupuesto completamente financiado, los ingresos corrientes estimados financiarán los gastos como remuneraciones, bienes y servicios, transferencias corrientes y pago de intereses de la deuda", dijo el ministro de Hacienda, Jerson Posada, al momento de entregar el proyecto del presupuesto a la Asamblea Legislativa, el 30 de septiembre.

Unas palabras que hacían eco a las expresadas por el mandatario Nayib Bukele, 15 días antes, cuando aseguró que "no habrá necesidad de emitir un solo centavo de deuda para la cancelación de pagos corrientes".

Para economistas consultados, estas afirmaciones tienen truco y es que están fundadas en un crecimiento en los ingresos del Estado para 2025 del 11.6% con respecto a los proyectados para 2024. Para el año en curso, la previsión es contar con $7,579 millones en ingresos entre los corrientes, capital y contribuciones especiales. Para 2025 esperan que sean de $8,460.2 millones.

Según el economista Rafael Lemus, es muy probable que el Estado no consiga recaudar lo que se ha estimado, sobre todo si se toman en cuenta las palabras del ministro de Hacienda, que expresó que estas previsiones se fundan en un mayor crecimiento económico, gracias al turismo, la construcción y las remesas.

"Tanto a la construcción y a las remesas no les ha estado yendo bien este año. Creo que uno puede intuir que la base sobre la que se están proyectando no es la más sólida", apunta Lemus.

En efecto: el Banco Mundial anunció esta semana que rebajó su previsión de crecimiento para El Salvador en 2024 a 2.9%. La última había sido del 3.2%. Y el panorama será todavía más complicado en 2025, cuando la estimación para el alza del Producto Interno Bruto (PIB) es todavía menor, del 2.7 %.

¿Puede una economía que solo se expandirá en ese porcentaje proveer al Estado de ingresos 11% más grandes? Es complicado.

Según datos del Banco Mundial, El Salvador será el país de Centroamérica que menos crecerá en 2025. El que más lo hará será Guatemala (4%), seguido por Costa Rica y Nicaragua (3.5% cada uno), por Honduras (3.4%) y Panamá (3%). Nuestra nación estará a la zaga.

Debido a eso, el gobierno podrá recurrir hasta a unos $2,000 millones en Letras del Tesoro (LETES) para financiar gasto corriente en 2025, al establecer que podrá emitir estos instrumentos hasta en un 25% de los ingresos estimados en el Presupuesto General de la Nación de 2025. Si recurre a este tipo de deuda, incumplirá su promesa y aumentará aún más la presión en las finanzas.

Lo grave

Para el economista Rafael Lemus, lo más grave del Presupuesto General de 2025 es la cantidad de recursos destinados para el servicio de la deuda pública, es decir pago de intereses. En total, el gobierno deberá desembolsar $2,785 millones en esta área de gestión.

Según el proyecto de ley, se destinarán $1,523 millones solo en el pago de intereses, lo que equivale al 16% de todo el monto para el presupuesto, de $9,663 millones. En el caso del pago de capital están programados otros $1,262 millones, lo que sumado significará el 28.8% del presupuesto.

En términos sencillos, casi uno de cada tres dólares en manos del Gobierno se irán al pago de deuda. Para hacerse una idea del tamaño solo hay que considerar que es la segunda área de gestión más grande, solo detrás de la de Desarrollo Social. No hay ni un solo ministerio con un presupuesto semejante.

Lo que en 2025 se destinará a pago de deuda es mayor que los presupuestos de Salud y Educación juntos, dos de las carteras que han sufrido los recortes más importantes con respecto a 2024. Incluso lo que se paga en intereses es solo $10 millones menos que lo destinado al segundo de esos ministerio y $353 millones más alto que lo del primero.

Para Lemus, esto se traduce en que la deuda se está volviendo un asunto cada vez más inmanejable.

Lo grave para el economista es que esta presión en las finanzas públicas se sentirá ya en 2025, un año para el que el Gobierno se ha asegurado un tiempo de alivio al no tener que cancelar, por ejemplo, ni intereses ni capital a la deuda de pensiones, que es en torno a los $600 millones.

"El problema, además de que la deuda ha crecido a un ritmo sin precedentes, es que la que se ha adquirido es más cara, con intereses más altos. Esto es porque el Gobierno ha hecho un esfuerzo grande por cambiar los plazos de su deuda. Eso tiene un precio y es que las tasas de interés son más altas, han subido el costo de la deuda", dice Lemus.

En 2025, El Salvador destinará $640 millones más para el pago de la deuda que en 2024, un aumento cercano al 30%.

El costo del servicio de la deuda está relacionado tanto por el nivel de endeudamiento como por las tasas altas de interés. Hacienda reporta que un 55 % de la deuda pública se encuentra en ratios de interés de 3 % a 8 %, mientras que por un 19 % de las obligaciones crediticias se paga de 8 % a 9 % y por un 26 % de los préstamos se tienen cupones mayores a 9 % de interés.

La deuda pública total de El Salvador superó los $21,004.39 millones hasta agosto, pero este saldo no incluye las obligaciones derivadas del sistema de pensiones que suman $10,231.93 millones. Es decir, que supera los $31,236.3 millones, equivalente a un 87.4 % del producto interno bruto (PIB) estimado para 2024.

Otro punto grave es que, en un contexto de alta inflación de los alimentos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) contará en 2025 con casi $68 millones menos que en 2024, una reducción que contrasta con el discurso del gobierno. En el ejercicio que está en marcha esta institución ha tenido modificaciones en su asignación hasta llegar a los $159.14 millones, algo que, si se toman en cuenta las palabras del mandatario, no podrá ser replicable el siguiente año, al menos no a ese nivel.

Según el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2025, al MAG se le asignarán $91.45 millones, lo que dejará con recursos insuficientes para financiar medidas como la tarjeta agrícola.