El crecimiento de la deuda pública durante la gestión de Nayib Bukele ha tenido como principal protagonista a la adquirida dentro del país. Es decir, aquella que mantiene con la banca local y con el Fondo de Pensiones, entre otros acreedores.
El aumento es de más del 92 % solo en los cinco primeros años de gestión de Bukele, pues pasó de $9,149 millones en junio de 2019 a $17,594 millones en junio de 2024, según el documento "Perfil de deuda del Sector Público No Financiero", del Ministerio de Hacienda.
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Esa cantidad se divide en: $7,477.6 millones de deuda con acreedores locales, tanto en bonos, Letes y Cetes; y $10,116 millones en deuda con los trabajadores afiliados a las AFP.
Como resultado, la deuda interna ahora es del 60% de la total, con lo que se supera por mucho el porcentaje del saldo reflejado al término de los periodos presidenciales de los predecesores de Bukele en el cargo. Para hacerse una idea, cuando Antonio Saca, ahora preso por delitos de corrupción, dejó el puesto en 2009, este porcentaje no llegaba ni al 40 %. La proporción se ha revertido en apenas 15 años.
"Este gobierno está intentando resolver sus problemas de déficit fiscal a través de un endeudamiento desmesurado, que lo pueda llevar a una crisis financiera, que puede darse ya el próximo año si no mejora los indicadores pronto", dice el economista Alfonso Goitia.
Entre cada periodo presidencial desde Saca, la tendencia era que este porcentaje aumentara en 5 puntos porcentuales. En el de Bukele, lo hizo en 10, pues en el periodo de Sánchez Cerén la deuda interna ocupaba el 49.75 % de la total.
Esto se traduce en que en esta gestión ha debido recurrir a más deuda interna, porque ha estado más restringido el financiamiento externo. Y, por ejemplo, solo el saldo en bonos colocados a nivel local (entre 2 a 7 años de plazo) asciende a $3,058.3 millones; y el de eurobonos en poder de residentes, a $1,287.3 millones.
En Letras del Tesoro (Letes) el saldo es de $1,081.9 millones y en Certificados del Tesoro (CETES) es de $907.1 millones. Estos últimos instrumentos se emiten cuando existe alguna autorización para buscar fondos y funcionan corrientemente como préstamos puente, es decir, mientras se obtiene un crédito con mejores condiciones.
Con el Banco Central de Reserva (BCR) se mantiene otro compromiso de $1,065.9 millones. Pero el grueso de la deuda local es con el Fondo de Pensiones.
El gran financista del Gobierno
La reforma de Pensiones de diciembre de 2022 le ha permitido a la gestión de Nayib Bukele transformar al Fondo de Pensiones en su caja chica.
La deuda de pensiones a junio de 2024 era de $10,116 millones, el 34.11 % de la deuda pública total. Es decir, más de un tercio.
Según Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, esto se debe a la emisión de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos creados por la reforma de Pensiones, mediante los cuales el gobierno tomó del fondo de los trabajadores $1,720 millones entre abril de 2023 y junio de 2024.
Según el experto, a este exponencial aumento también contribuyó la vieja deuda de pensiones transformada en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), por $8,396 millones, cuyo pago de intereses y capital está congelado hasta 2027 debido a un acuerdo entre el gobierno y las AFP.
"De lo que se tiene que dar cuenta cada trabajador con este ritmo en la toma del Fondo de Pensiones es que se lo están estafando… hay que reaccionar desde ya y ejercer presión", comenta Pineda, que resiente que un escándalo como este no pueda tener una condena pública semejante a la de un problema más sencillo de hace unas semanas: el intento en el aumento en las tarifas del agua potable que ANDA presentó a la Asamblea Legislativa, que fue eliminado gracias a la presión social.