La deuda pública de El Salvador ha aumentado en $9,116.8 millones de dólares solo en 51 de los 53 meses de la administración de Nayib Bukele, según refleja el más reciente Informe de Perfil de la Deuda Pública, del Ministerio de Hacienda, actualizado hasta septiembre. Eso se traduce en que un tercio de toda la suma histórica de deuda le pertenece a este gobierno.
Para el economista José Luis Magaña, de Panorama Económico, la del endeudamiento de esta administración es una trayectoria creciente y desproporcionada al tamaño de la economía del país. Por eso, instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la han calificado como “insostenible” en diversos informes. El promedio es de $178.76 millones al mes. El país no puede seguir a este ritmo.
Esa tendencia se ha acelerado desde el 1 de mayo de 2021. Desde el mismo día en que la bancada de Nuevas Ideas destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, la deuda en el país ha aumentado un 1.3 veces más que el resto de la gestión Bukele, casi $200 millones al mes, $2,400 al año. Y eso que entre medias no hubo una pandemia que parara la economía y obligara al Estado a salir al rescate de sus ciudadanos.
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César Reyes, diputado de ARENA, ha dicho varias veces en el pleno que esta es una asamblea legislativa que solo “tramita los encargos de Casa Presidencial, sin cambiarle ni una coma”. En efecto, esta legislatura le ha aprobado más de $10,800 millones en deuda al Gobierno de Nayib Bukele. Y una cantidad importante, mediante dispensa de trámite, ese mecanismo de aprobación exprés en el que las decisiones no se toman en comisiones especializadas, sino en el pleno mismo y en pocas horas.
Casi todos los rubros han crecido, sobre todo el relacionado a la deuda de pensiones, que este periódico explicará con más detalles en un trabajo posterior. Los segundos en importancia son los relativos a los préstamos con multilaterales y la deuda de corto plazo, la conformada por la emisión de Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), comúnmente apodadas “la tarjeta de crédito del Estado”.
Multilaterales y BCR
En la administración de Bukele, la deuda con multilaterales ha aumentado en $2,368.8 millones. Se podría alegar que la congelación de la economía nacional por causa de la pandemia de COVID 19 en 2020 tuvo mucho que ver.
Sin embargo, el argumento se cae cuando se comprueba que el 80% de ese aumento se ha registrado desde mayo de 2021. Es decir que 4 de cada 5 dólares prestados a multilaterales durante el presente Gobierno se aprobaron por la Asamblea de Nuevas Ideas.
Es más: un tercio de toda la deuda que actualmente tiene el salvador con este tipo de organismos ha sido aprobada por esta legislatura: $1,900.70 millones. Este dinero, sobre todo, ha sido otorgado por entidades actualmente cuestionadas, como el BCIE.
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El mismo fue criticado por no contar con una cláusula democrática, por lo que erogó enormes cantidades para gobiernos dictatoriales, como el nicaragüense, o para aquellos que siguen esa senda, como El Salvador. También se le ha criticado que no cuenta con un mecanismo que le permita auditar que el dinero se utilice como se estipula en los contratos. Con la llegada de una nueva presidenta, la costarricense Guisela Sánchez, que ha prometido cambios, parece que este grifo de efectivo se cerrará si los cambios realmente se realizan.
El gobierno de Bukele también ha aumentado la deuda con el Banco Central de Reserva. Concretamente, en $360.6 millones, todos en el marco de la presente legislatura. Esta alza podría deberse, en parte, a la autorización de julio de 2022 de la Asamblea Legislativa para que esa entidad trasladara a Hacienda 275 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), recursos que otorgó el FMI a todos sus estados miembros durante la pandemia de COVID-19.
El peligro de sobregirar la tarjeta
El único rubro en el perfil de la deuda que disminuyó es aquel que tiene como acreedores a los inversionistas que compran emisiones de bonos. Esto fue porque, a finales del año pasado y principios de este, el Gobierno pagó de forma adelantada $800 millones en bonos.
Desde el oficialismo, calificaron la medida como una “jugada maestra”, pues, aseguraron, el país reducía su nivel de deuda. Para el economista Alfonso Goitia, que se hubieran pagado esos compromisos pierde su importancia por la tendencia de este gobierno a endeudarse rápidamente.
Eso se comprueba en el caso de la deuda de corto plazo, los CETES y LETES, que la administración de Bukele ha casi triplicado en su gestión. Pero, de nuevo, el ritmo se ha incrementado con la actual legislatura de la Asamblea Legislativa: desde el 1 de mayo de 2021, este rubro aumentó en $749.80 millones.
Es decir que 3 de cada 10 dólares que El Salvador debe en estas “tarjetas de crédito” fueron aprobadas durante esta legislatura. Se trata de la deuda más cara, por lo que el país ha tenido que pagar tasas de interés más altas. Esto hace que una parte importante de los presupuestos generales de la Nación tengan que ser dedicados solo a pagar intereses.
Ante este panorama y el riesgo de impago, la banca local ofreció cambiar la deuda de corto a mediano y largo plazo, para, al menos, recuperar su inversión más adelante. Pero los intereses siguen siendo altos. Para el economista Rafael Lemus, esto es peligroso, pues esta administración es una que gasta mucho más de lo que recibe.
“El gobierno tira la deuda para adelante, pero no construye capacidad de pago. El desenlace sigue siendo incierto”, opina.
Y, para ilustrar esto, pone como ejemplo el año 2023. El gobierno se recetó a sí mismo (en complicidad con las administradoras de fondos de pensiones) un periodo de gracia de 4 años para no pagar $500 millones anuales al fondo de pensiones.
A pesar de esto y de que se alega que la recaudación de impuestos ha aumentado, no ha sido capaz de reducir el ritmo del endeudamiento, algo que este medio explicará con más detalle en trabajos posteriores. El “terrible despertar” será en 2027, cuando, de nuevo, se tendrá que apartar del Presupuesto General de la Nación para el Fondo de Pensiones, dice el economista.
La necesidad de conseguir, sí o sí, un acuerdo con el FMI
Goitia ubica una poderosa razón por la que el gobierno, que no controla sus gastos y no aumenta considerablemente sus ingresos, ha tenido que recurrir constantemente a una deuda tan cara: la ausencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pudiera proporcionarle un fondo de garantía, con el que el dinero puede ser obtenido a una tasa inferior al 2%.
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Comúnmente, esta institución solicita compromisos rigurosos de los Estados para la erogación. Uno cantado para El Salvador sería la del aumento del IVA en 2 puntos porcentuales. El otro, derogar o modificar la polémica ley Bitcoin.
“Creo que al gobierno, después de ganar las elecciones del 3 de febrero, poco le importará aumentar el IVA, aunque afecte a millones. Es más difícil que acepte lo segundo. No se vislumbra que vaya a dar su brazo a torcer”, opina Goitia.