Nayib Bukele prometió a multilaterales y calificadoras un presupuesto sin deuda para 2025, algo que sería totalmente imposible si lo hiciera para el ejercicio 2027, año en que se termina el plazo de gracia para no pagar intereses ni capital a la deuda de pensiones.
Por tanto, la administración de Bukele no ha tenido que programar los más de $500 millones (aproximadamente) por año que se deben destinar para pagar la deuda con el fondo de pensiones en 2024 (en 2023 sí lo hizo, pero este dinero no se pagó) y no tendrá que hacerlo en 2025 y 2026.
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Pero las cosas cambiarán a partir de 2027. Y es algo por lo que el Gobierno debería de preocuparse. Para hacerse una idea, según proyecciones del banco inglés Barclays, en este próximo quinquenio (2024-2029) El Salvador tendrá que destinar entre casi el 4% y el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB), es decir un estimado de $2,000 millones, solo para pagar los intereses generados por la deuda contraída en estos últimos años.
Para tener un punto de comparación, para este año el Ministerio de Hacienda programó en el presupuesto $2,144.6 millones para deuda pública, pero de esa cantidad, $1,253.3 millones se irán al pago de intereses, mientras que $891.3 millones servirán para amortización de capital de los préstamos, tanto internos como externos.
Solo para 2025 y 2026 se prevé un aumento por año de $77 millones para pagar intereses, luego de la colocación de bonos por $1,000 millones que el gobierno realizó en abril pasado a una tasa del 12%, la más alta de la historia del país.
Ahora, ¿qué pasa si se le suman otros $500 millones? Se trata de un porcentaje importante de lo que ya se paga, en torno al 25%, es decir, un cuarto.
La tremenda carga de la deuda
Según el economista Rafael Lemus, el Gobierno tiene ante sí tres posibles escenarios para cuando llegue ese aciago año: pagar sus compromisos con disciplina, tal cual está establecido; ampliar el periodo de gracia para no abonar intereses ni capital a la deuda de pensiones a, por ejemplo, 4 años más; o hacer una nueva reforma en la que se nacionalice el sistema de pensiones. Aunque el primero es el más probable, cada uno representa diferentes complejidades.
Que el gobierno elija cumplir con sus compromisos es el escenario más adecuado, pues comenzaría, incluso, a mejorar el riesgo país, lo que le permitiría conseguir financiamiento con menores intereses en el futuro. Pero conseguirlo depende de lo que se empiece a hacer ahora.
"Es como si todo lo hubieran tirado para ese momento. Solo esperemos que estén haciendo desde ya los ajustes necesarios para cuando llegue", comenta Otto Rodríguez, exvicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR).
Para este economista, es importante, por ejemplo, que el Gobierno vaya reduciendo la deuda que tiene con los bancos locales y les permita reflotar sus reservas. Así, estos estarán en la capacidad para financiarlo en el futuro, si es necesario. Y, obviamente, para lograr una finanzas más saludables es necesario un ajuste, bajar gastos y aumentar ingresos.
Para el economista Alfonso Goitia, una estrategia que el Gobierno ha encontrado para hacerlo es la de eliminar plazas de trabajo en el sector público. Esto es, comenta, su alternativa preferida frente a otras menos populares, como el establecimiento de nuevos impuestos. Sobre todo los dirigidos al gran capital del país, del que el presidente y su familia han comenzado a formar parte. No habrá, por tanto, un impuesto al patrimonio.
Que se está por suprimir cientos de puestos de trabajo es posible deducirlo en el hecho de que el gobierno ha aumentado en $180 millones el presupuesto para indemnizaciones. Esto se concentra en el Ministerio de Educación, en el de Salud y en varios hospitales públicos.
Sin embargo, que se eliminen puestos de trabajo traerá terribles consecuencias. Las primeras, más obvias, son las personales de aquellos que pierden su empleo. La segunda, es que los niveles de pobreza aumentarán automáticamente.
Para el economista Otto Rodríguez, que tanta gente pierda su empleo también se traducirá en un enfriamiento de la economía. Y que tanta gente se quede sin trabajo puede desembocar en un descontento general de la población. Rodríguez indica que el Gobierno debe "hacer bien las tareas".
Y la más inmediata es mejorar las condiciones para hacer al país más atractivo a la Inversión Extranjera Directa (IED), pues, si el Estado ya no generará empleos, estos deben ser suplidos por el privado. Y la economía local no es capaz de hacerlo en el volumen necesario.
Para el economista, esta inversión extranjera debe ser del sector industrial, pues es el más indicado para generar puestos de trabajo. Aparte, los productos que se crean son de alta transabilidad, es decir, que se pueden exportar con facilidad. Así, se atraen divisas del exterior.
Esto contrasta con las políticas implementadas por Gobierno de Nayib Bukele, que pareciera darle prioridad solo a dos sectores: el tecnológico y la construcción.
"El sector tecnológico, por su propia naturaleza, no te genera muchos empleos. Una empresa de este tipo está bien con emplear a 10 personas. Y los bienes que genera la construcción no son transables", comenta Rodríguez.
Los otros dos escenarios
Si el gobierno decide aumentar el plazo de gracia para no pagar la deuda de pensiones, según Rafael Lemus, esto afectará al fondo mismo, pues le restará rentabilidad al bono. Incluso esta puede llegar a ser negativa. Y, por tanto, este se podría desfinanciar con más velocidad.
El tercer escenario es el de hacer otra reforma para nacionalizar el sistema de pensiones. Es decir, que el pago de las jubilaciones comience a ser exclusiva responsabilidad del Gobierno. Para los tres economistas consultados, esto siempre será una mala idea, pues actualmente se pagan más de $600 millones en pensiones. Para cubrirlas, el Estado deberá, sí o sí, subir impuestos, como algunos puntos del IVA.
"No creo que aplique el IVA, por ese criterio más político y de imagen de cara a la población… eso sí podría golpear su credibilidad como presidente… creo que estamos sujetos a un deterioro de las condiciones de la vida de la gente", dice el economista Alfonso Goitia.