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El Salvador puede llevar deuda pública a niveles recomendados por FMI si crece el 8%, dice estudio

Este ritmo debe sostenerse durante 15 años, dice un nuevo libro publicado por UCA Editores. El del doble del crecimiento que el país tendrá en 2024, según las previsiones del BCR.

Por Moisés Alvarado | Sep 26, 2024- 20:51

El Salvador ha experimentado una desaceleración de su economía en los primeros seis meses del año, lastrada, sobre todo, por los sectores de la construcción y la industria, por lo que es posible que no crezca según las previsiones del BCR. Foto EDH/ Archivo

Para que El Salvador pueda reducir su deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) a niveles cercanos a los recomendados para países como el nuestro, la economía tendría que crecer a un ritmo del 8% anual durante 15 años seguidos, según el libro "Sostenibilidad fiscal y evolución de la deuda pública en El Salvador", de UCA Editores. 

En el quinto capítulo del texto, coordinado por René Antonio Hernández, se demuestra que, para que El Salvador logre un nivel cercano al señalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para naciones en desarrollo, una deuda pública en torno al 50% del PIB, sería necesario contar con un ritmo de crecimiento de más del doble que aquel que El Salvador tendrá para 2024, según organismos multilaterales y el Banco Central de Reserva (BCR). 

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El análisis con el que se llegó a esta conclusión se realizó haciendo las proyecciones desde 2022 hasta 2036 (15 años), con la base de que en 2021 la deuda pública era del 84.8%. 

En el cuadro incluido en el libro, se estimaba que, si la economía crecía al ritmo estipulado (8%), el porcentaje de la deuda pública con respecto al PIB habría sido del 77.8 % en 2023. Este nivel habría ido mejorando con los años: 69.2% para el 2026, 58.7% para el 2031 y 51.7% en 2036.

"Pero a este nivel del análisis se justifica la pregunta ¿es posible alcanzar una tasa de crecimiento del 8%, o, siquiera, aumentarla por encima del 2.5 % que ha prevalecido en los últimos años?", escriben los autores del capítulo, Salomón Montasino y Juan José López. 

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El Gobierno debe incentivar la llegada de Inversión Extranjera Directa en el sector de la industria, que es el que tiene la mayor capacidad de dar empleos y producir bienes para exportar. EDH/Miguel Lemus

Sin embargo, la realidad parece ir en el sentido contrario, pues la deuda pública total está creciendo año con año a un ritmo bastante superior a la economía. De allí que, según el FMI, haya representado en 2023 el 83.8% del PIB, no el 77.8% estimado por los autores para el ejercicio. 

Y, según el mismo FMI, este porcentaje irá creciendo: para el 2029, último año para el que la entidad ha publicado su previsión, la proyección es del 87.82%.

El Salvador es el país con la deuda pública más alta con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB) de toda Centroamérica. En 2024, será el único de la región en cruzar el umbral del 75 % y el único para el que el FMI prevé que su deuda con respecto al PIB crecerá en los siguientes años.

Incremento desproporcionado

Los presupuestos generales votados durante el primer quinquenio de Nayib Bukele aumentaron en exceso respecto a los de sus antecesores.

La anterior afirmación se sostiene en que, si se revisa la suma de los presupuestos de cada administración desde Alfredo Cristiani, es posible observar que el aumento por quinquenio se registra en torno a los $5,000 millones. Esa tendencia se rompió con el presidente Nayib Bukele.

La suma de todos los presupuestos de Salvador Sánchez Cerén fue de $26,822.3 millones, según datos oficiales. La correspondiente al periodo de Bukele es de $39,784.3, $12,962 millones más o, lo que es lo mismo, un 50 % de incremento.

Para el economista Rafael Lemus, este es un dato que debería preocupar a los salvadoreños, pues el alza en los gastos del Gobierno no coincide con el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, con el de la economía, pues en El Salvador, en cinco años, solo ha crecido un 30%.

"Tomemos en cuenta algo. El gobierno no genera dinero. ¿De dónde lo obtiene? De los impuestos que recolecta. ¿Es capaz una economía que no ha crecido un 50 % pagar un 50 % de impuestos extra? No. Es necesario para cubrir esa brecha endeudarse más y es lo que ha hecho este gobierno, sin control", comenta Lemus.

Esta expansión en el gasto que supera por mucho a la de la economía tendrá, tarde o temprano, repercusiones en la vida diaria de los salvadoreños. Sin embargo, ya se están viendo las primeras señales de las consecuencias que vienen para el futuro. La única salida para El Salvador será un esfuerzo de ajuste fiscal, que podría ser obligatorio para el Gobierno si llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien podría erogarle $1,300 millones.

"Sencillamente, es insostenible. No puede seguir creciendo la deuda a ese ritmo. El problema que agrava la situación es que no hay claridad para dónde va ese dinero", dice el economista Otto Rodríguez, quien fue vicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR) en los primeros meses de la administración de Nayib Bukele, hasta abril de 2021. Otro escenario se presentaría si hubiera certeza de que ha ido a infraestructura. Entonces, dicho endeudamiento sería recuperable a través del crecimiento de la economía.

"La deuda se vuelve sostenible y deja de ser un problema si el gasto público está orientado a mejorar el desempeño productivo, y se realiza la inversión social y pública requerida para impulsar el desarrollo", se sostiene en el libro. Un gasto público enfocado puede ayudar a que la economía del país crezca. 

"El uso eficiente de los recursos fiscales orientados a tecnología, salud, educación e inversión social mejora la capacidad de crecimiento, eliminando el problema de la deuda”, dice el estudio. 

De nuevo, El Salvador parece ir en sentido contrario: la institución que más ha aumentado su presupuesto para indemnizaciones es Educación ($118 millones), por lo que muchos en el gremio de los profesores temen una oleada de despidos masivos. En segundo lugar, está otra entidad de gran impacto social, Salud, con un incremento de $12.46 millones para indemnizaciones.

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