Una señal de que las finanzas del país están graves es que se destine más dinero para pagar intereses de la alta deuda que para invertir en educación, salud, vivienda y hasta para seguridad.
Según proyecciones del banco inglés Barclays, en este próximo quinquenio (2024-2029) El Salvador tendrá que destinar entre casi el 4% y el 5% de su Producto Interno Bruto (PIB), es decir un estimado de $2,000 millones, solo para pagar los intereses generados por la deuda contraída en estos últimos años.
Para tener un punto de comparación, para este año el Ministerio de Hacienda programó en el presupuesto $2,144.6 millones para deuda pública, pero de esa cantidad, $1,253.3 millones se irán al pago de intereses, mientras que $891.3 millones servirán para amortización de capital de los préstamos, tanto internos como externos.
Hasta marzo de este año se habían utilizado $749.7 millones para abonar a la deuda, lo que representa el 35% de los fondos aprobados por la Asamblea, según el informe de ejecución presupuestaria de gastos.
En contraste con ese fuerte gasto en pago de intereses, el presupuesto aprobado para el área de Salud en 2024 fue de $1,261.7 millones, es decir solo $8.4 millones de diferencia entre un rubro y otro.
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Si se compara con los $1,569.7 millones para Educación, la diferencia son $316.4 millones, pero la brecha se vuelve abismal con los presupuestos de este año para el Ministerio de Vivienda, que asciende a $10.3 millones, y el de Agricultura, que es de $91.4 millones, por ejemplo.
Y si se mide el gasto en pago de intereses frente al presupuesto para Seguridad: $603.8 millones, la diferencia es más del doble. Aunque esta cartera de Estado ha sido de las prioridades del gobierno en la gestión que finalizó este 31 de mayo, el gasto destinado a pagar intereses lo supera por mucho.
Y lo mismo ocurre con Obras Públicas, pues el presupuesto destinado al área fueron $643.5 millones.
Preocupación por la carga que genera el pago de intereses
Ese panorama del pago de la deuda preocupa a nivel internacional. “Más allá del aumento de los niveles nominales, nuestra mayor preocupación se centra en la sostenibilidad, mientras la factura de los intereses sigue aumentando”, señaló Barclays en su informe del 17 de abril de este año.
Indicó que solo para 2025 y 2026 se prevé un aumento por año de $77 millones para pagar intereses, luego de la colocación de bonos por $1,000 millones que el gobierno realizó en abril pasado a una tasa del 12%, la más alta de la historia del país.
“En 2025, la factura de intereses de eurobonos de El Salvador aumentará en $77 millones, o aproximadamente 20 puntos del PIB según las últimas proyecciones del FMI. El año que viene, El Salvador deberá 544 millones de dólares en pagos de intereses de eurobonos (o aproximadamente el 1.5% del PIB)”, explicó Barclays en su informe.
Pero también prevé que la factura de intereses aumentará, particularmente en 2027, y alcanzará hasta el 5.4% del PIB en 2028, mientras que el FMI estima que la deuda pública aumentará al 87% del PIB en 2029, frente al 84% en 2023.
“En particular, creemos que los indicadores de intereses y la trayectoria de la deuda muestran que será una lucha cuesta arriba lograr mejoras en las calificaciones sin una estrategia clara de consolidación fiscal”, enfatizó el banco inglés.
Asimismo, el mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan, coincidió en que “el alivio se concentra entre 2025 y 2027, y el servicio general de la deuda se deteriorará a partir de 2028”, es decir el pago de inteteses y capital de los préstamos que ha adquirido el gobierno.
En el informe de JP Morgan se explica que entre los años 2028-2030 las finanzas se pueden deteriorar, debido a que el pago de la deuda aumentaría en $924 millones, en un escenario en el que El Salvador falle en cumplir requisitos como lograr un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y en caso que si logra cumplir con las exigencias que le han puesto sobre la mesa en la última colocación de bonos, el banco estadounidense advierte que cuando le hagan una revisión en abril de 2026, el monto de la deuda bajaría a $867 millones.
También la economista salvadoreña Tatiana Marroquín destacó recientemente que “uno de los indicadores que dice lo grave que es la deuda en términos de finanzas públicas y, sobre todo, de limitar al Estado a cumplir con su obligación de responder a los derechos de la población, es que cada vez es más grande la porción del presupuesto que se está dirigiendo hacia el pago de intereses”.
Marroquín añadió que “en los últimos años no solo hemos visto un crecimiento de deuda acelerado, sino que un crecimiento de deuda que es cada vez más cara”.
La experta explicó que “eso quiere decir que mucha de la deuda que pagamos anualmente en realidad ni siquiera es abono a capital, sino pago de intereses”.
Y para ponerlo en perspectiva, Marroquín ejemplificó que el pago de deuda en El Salvador para este año “es muy cercano a lo que se va a invertir en salud o educación, por ejemplo”.
“Podríamos duplicar el presupuesto en salud o educación si no fuera por las presiones de deuda que estamos teniendo”, acotó.
La economista mencionó que si bien el problema de la deuda viene desde hace décadas, es un problema que “se ha agudizado sustancialmente en los últimos años”.
Señaló que entre los factores que han influido en que haya una presión más grande y que le presten dinero más caro al país es por el perfil financiero que tiene a nivel internacional, debido a que no hay perspectivas de ordenamiento de las finanzas; tampoco se está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal; hay poca transparencia en el uso de los fondos, entre otras variables incluso políticas.
A manera de ejemplo, explicó que en 2019, por cada $100 que prestaba el país en bonos internacionales tenía que pagar entre $7 y $8 de intereses anuales, pero este año que salió al mercado extranjero con una emisión parecida (por $1,000 millones) se va a pagar $12 y podría llegar hasta $16 por cada $100.
“Al final, estos intereses que se pagan se hacen con impuestos de la población y limitan la posibilidad del Estado de usar esos recursos en otras necesidades de la población, como abordaje a la pobreza, informalidad laboral y otros problemas económicos y sociales”, apuntó.
