La deuda de pensiones que acumula el gobierno con los trabajadores salvadoreños cada vez crece más.
A la que ya tenía con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), mediante los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que fueron canjeados en abril, ya se le sumó la nueva deuda que ha emitido con los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).
Según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), el gobierno ahora tiene una deuda de $8,852.7 millones hasta abril de este año.
Ese monto se desglosa en $8,397.3 millones de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que son los instrumentos financieros que creó el gobierno en la reforma de pensiones, aprobada en diciembre 2022, para canjear la millonaria deuda que tiene con los cotizantes, pues es dinero que ha tomado prestado para pagar a los pensionados del sistema público.
Sequía causaría pérdidas de entre 6 y 8 millones de quintales de granos
La administración de Nayib Bukele hizo ese canje el pasado 28 de abril para cambiar los CIP por los CFT y pagar la deuda, en su mayoría, a un plazo de vencimiento de 50 años y con 4 años de gracia en los que no cancelará intereses a los trabajadores por el dinero prestado.
A la deuda en CFT se le ha sumado otros $455.4 millones por la emisión de los COP entre enero y marzo de este año, cuyos fondos también son prestados por los cotizantes de las AFP.
Para Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, la acumulación de más deuda es un inconveniente para los ahorros de los trabajadores.
“El gran problema que tenemos es que en tres meses han rascado $455 millones del fondo de pensiones. Si a esta gente no se le para el carro inmediatamente, nos van a dejar sin fondos, esa es una realidad, esta gente es voraz y es lamentable”, señaló Pineda recientemente.
Los agricultores en Europa también sufren los estragos de la sequía
La Mesa por una Pensión Digna ha cuestionado la reforma de pensiones aprobada en diciembre, porque a su juicio no mejora las pensiones, sino que perjudica las cuentas de los trabajadores.
De hecho, las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poor’s informaron en mayo que el gobierno cayó en impago de pensiones, porque los términos en los que canjeó la deuda previsional fueron “adversos” a lo que debió cumplir.
“Fitch considera esta operación como un Intercambio de Deuda en Dificultades (DDE, por sus siglas en inglés), constituyendo un incumplimiento bajo los criterios de Fitch. El canje implicó un cambio adverso en los términos a través de la extensión de los vencimientos y la adición de un período de gracia a la mayoría de los valores públicos en cuestión”, dice en el informe.