El ritmo de creación de nuevos empleos formales en el país no es suficiente para absorber a los salvadoreños que, año con año, se van sumando a la denominada Población Económicamente Activa (PEA), la cual tiene edad para trabajar y también la disponibilidad para aportar, laboralmente, a la dinámica económica del país.
Así lo reflejan los datos oficiales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el cual publica de manera regular las cifras relacionadas al número de cotizantes activos del sistema (trabajadores formales) y los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) correspondiente al 2022, en la cual puede observarse esa brecha.
De manera puntual, según los datos del ISSS, que fueron recopilados recientemente por el Observatorio de Políticas Públicas (OPP), de la Universidad Francisco Gavidia, entre enero y diciembre del año pasado se sumaron 32,035 cotizantes al sistema, lo que indica que esa misma cantidad de trabajadores fueron colocados en puestos de trabajo formales.
En este punto, el informe de la UFG señala que, en términos de planillas, el total de empleos nuevos que se agregaron en todo el año fue de hasta 50,444, aunque esa diferencia de 18,409 no ingresaron como cotizantes al sistema del ISSS.
Con respecto a la EHPM, los datos para el año pasado, y en comparación con el estudio de 2021, arrojan que a la PEA se sumaron 64,429 salvadoreños listos para ocupar puestos de trabajos, una cifra que, prácticamente, dobla a la cantidad total de empleos formales que se crearon.
Lo anterior quiere decir que el ritmo de creación de la nueva oferta laboral es insuficiente para recibir a la cantidad de personas que todos los años ingresan a la Población en Edad de Trabajar (PET), de la cual sale la PEA.
Según los datos de la UFG, entre mayo de 2019 y febrero de 2022, se crearon 108, 956 puestos de trabajo nuevos, lo que equivale a un promedio de 29,055 anuales, una cifra que, de nuevo, queda muy por debajo del promedio de salvadoreños que se suman anualmente a la PEA.
De acuerdo con cifras de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), hasta 2021 el promedio anual de trabajadores nuevos dentro de la PEA ascendía a 55,360, un número que supera, evidentemente, al promedio de creación de empleos que mantiene el país en los últimos tres años.
Asimismo, el mismo informe de la UFG señala que “el ritmo de crecimiento del empleo ha perdido fuerza entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 , pues se perdieron hasta 3,607 puestos de trabajo en ese período. Aunque, en términos de planillas cotizadas hubo 14,319 cotizaciones menos”.
De hecho, si se compara el total de plazas de trabajos nuevas que se crearon en 2021 contra las de 2022, puede notarse, también, una reducción bastante significativa, pues la cifra pasó de un aproximado de 62,000 empleos nuevos a los 32,035 del año pasado.
Esta situación ya había sido prevista a mediados del 2022 por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la cual indicó en esa ocasión que las altas cifras de 2021 correspondían a todos los trabajos que se recuperaron tras el shock económico que significó la pandemia de covid-19 en 2020, la cual incluyó largas cuarentenas domiciliares y el cierre total de la economía, así como la pérdida de empleos.
Aún así, y pese a que el crecimiento de la oferta laboral no ha sido suficiente para la demanda en el país, el sector de la empresa privada se mantiene como el principal agente generador de empleos en el país, algo que según investigador Claudio De Rosa, uno de los autores del informe de la UFG, refleja que “el sector privado ha mostrado resiliencia y ha seguido haciendo esfuerzos para aumentar el empleo en el país”.
De acuerdo con las cifras del ISSS, retomadas por el OPP, entre mayo de 2019 y febrero de 2023, solo las empresas privadas generaron hasta 82,259 puestos nuevos de trabajo, mientras que el sector público creó 26,697 plazas.
El papel gubernamental
Los datos de la EHPM del año pasado arrojan que la Población Económicamente Activa del país asciende a 2,997, 102 salvadoreños, lo que quiere decir que este grupo poblacional, que forma parte de la PET, se encuentra ocupado en alguna rama de la actividad económica y, de hecho, según el mismo estudio, hasta un 95% de toda la PEA está ocupada ya sea en el sector formal o informal.
Sin embargo, un punto que cabe recalcar es que, de toda esa cantidad de salvadoreños disponibles para ocupar un puesto de trabajo en el país, solo el 32.3% posee un trabajo, precisamente, formal, ya sea con prestaciones de ley o por servicios profesionales, por lo que la gran mayoría está en otras áreas de la economía, como el comercio informal (incluyendo ventas ambulantes) o en trabajos no calificados.
Estos números reflejan una realidad muy difícil para los salvadoreños, y es que, debido a la falta de opciones para acceder al mercado laboral formal, deben buscar otras alternativas, las cuales, por lo general, no ofrecen los salarios o las condiciones más idóneas para subsistir.
Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno en esta situación?
De acuerdo con el economista Rafael Lemus, el tema de la insuficiencia de la oferta laboral para cubrir la demanda no es una realidad natural para el país, sino, que “es un desafío estructural”, el cual puede volverse más grande dependiendo de la coyuntura.
En este sentido, Lemus apunta que es cuando se amplía esa brecha que los salvadoreños deben recurrir a “válvulas de escapes”, las cuales se refieren a, precisamente, el trabajo informal u otras opciones como emigrar a Estados Unidos.
Pero para que la población deje de recurrir a esas opciones y acceda a más oportunidades laborales es necesario que la inversión en el país aumente, algo que en 2022, por el contrario, llegó a números negativos, habiéndose colocado en -$99.1 millones, lo que quiere decir que el año pasado los inversionistas, en lugar de venir, se fueron del país.
Ante esto, Lemus concluye que “no veo un esfuerzo serio de parte del gobierno, pues todos esos climas de inversión para generar más empleos requieren que exista una seguridad jurídica, o sea, un gobierno que respete la Constitución y las leyes, algo que no se ve en el país”.
Este punto había sido mencionado anteriormente por otra importante gremial, como lo es la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, pues su presidente, el Ing. Jorge Hasbún, apuntó el mes pasado que los inversionistas le dan prioridad a la institucionalidad y al Estado de Derecho en los países antes de invertir, y añadió que “ahorita muchos inversionistas extranjeros sienten que no hay seguridad jurídica” en El Salvador, debido a situaciones específicas como los cambios de jueces el año pasado, o la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que ejecutó la Asamblea Legislativa oficialista en 2021.