Como parte de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno deberá reducir paulatinamente su participación en la billetera Chivo Wallet. La directora de la Oficina Nacional de Bitcoin, Stacy Herbert, aseguró que la herramienta se iba a vender o a desmantelar. "Las numerosas billeteras de bitcoin del sector privado seguirán prestando servicios a El Salvador", agregó. ¿Qué pasará, por tanto, con el dinero y la información de los usuarios registrados todavía en Chivo Wallet en cualquiera de los dos escenarios?
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Para el tecnólogo Mario Gómez, no es una pregunta sencilla de responder, teniendo en cuenta los múltiples problemas que presentó la billetera desde su lanzamiento, en septiembre de 2021. ¿Quién quisiera comprar una empresa con tantas anomalías? Además, no está claro el volumen de usuarios realmente activos y el volumen de transacciones mensuales.
Sin embargo, si se piensa en un escenario ideal, para Teo Sepúlveda, economista de South Texas College, una empresa puede venir y comprar todos los activos que conforman la compañía. Piensa, por ejemplo, en una empresa como Strike, pues Chivo Wallet, en su opinión, no es más que una versión gubernamental de esa sociedad, capitaneada por Jack Mallers, que ya tiene presencia en el país.
"De hecho, lo más seguro es que si lo adquiere una empresa privada, lo va a mejorar, pues ya tienen todos esos procedimientos organizados. No lo veo mal, que pase a privados. Un servicio como ese no necesita darlo el gobierno, poniendo dinero de los contribuyentes", opina Sepúlveda.
Si tanto los fondos de las cuentas como la información de los usuarios pasan a manos de un tercero, según una consultora internacional en temas de cumplimiento antilavado, lo más adecuado es que le pidan el consentimiento a cada una de las personas con el suficiente tiempo de anticipación. Así, puede decidir sacar su dinero para que sus datos no migren.
Gómez señala que este proceso sería muy complejo, teniendo en cuenta anomalías en Chivo, como una masiva creación de cuentas falsas, usando la identidad de otras personas para cobrar el bono de $30. Lo más probable es que se venda, como dejó entrever Herbert en su cuenta de X.
"Como parte del acuerdo de $3,500 millones, se espera que Chivo se privatice, pero no habrá interrupciones en el servicio para los clientes existentes cuando esa venta finalmente ocurra. Sin embargo, todavía faltan muchos meses para que se llegue a un acuerdo final", escribió la estadounidense en un críptico mensaje, en el que esos $3,500 millones hacen referencia a los fondos que se espera obtener del FMI y otras multilaterales.
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En el otro escenario, en el que la billetera se desmantele, es más sencillo: como en el caso de otros exchanges que han cerrado, se les debería avisar con tiempo a los usuarios para que retiren su dinero. O los fondos se le depositarán a los usuarios en una cuenta de un banco creada para eso.
Este proceso conforma otras complejidades, como el tiempo en el que se pagarían los saldos. O, incluso, si existen fondos para pagarlos, pues dentro del sistema lo que realmente circula son tokens, representaciones digitales de Bitcoin y dólares.
En torno a esto surge una pregunta: respecto a los fondos en Bitcoin, ¿se cuenta con estos fondos dentro de Chivo para hacerles frente? Hay que recordar se trasladaron 1121 Bitcoin desde la wallet a la "billetera fría" donde, según el primer mandatario, se iba a guardar "el tesoro" en la criptomoneda de El Salvador. ¿Se comprarán más criptomonedas desde el Estado para hacerle frente? ¿Se trasladarán del "tesoro"?
La información de los usuarios, por otro lado, debe quedar solo accesible para entidades de control.
Para Mario Gómez, hay un gran halo de preocupación sea lo que sea que ocurra, y es que no haya ninguna institución estatal que vele porque los derechos de los usuarios sean respetados. Ya hubo un mal precedente, pues las quejas que se han presentado por el mal funcionamiento de la herramienta en la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y la Defensoría del Consumidor no han sido escuchadas. Ambas entidades se han declarado incompetentes.