El Estado salvadoreño solo tendrá el 20 % de la participación accionaria de la empresa de economía mixta que manejará los puertos de Acajutla y La Unión, aseguró Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), durante el programa "Frente a Frente". Por tanto, el accionista mayoritario de la Unión Portuaria del Pacífico será una empresa extranjera.
"La participación del privado, en este caso de Yilport, es del 80 %. Nosotros, como CEPA, tenemos el 20 %. Como en cualquier sociedad, al formar la sociedad, hay que poner en especie o en dinero", dijo Anliker, para añadir que el aporte de la institución que representa es mediante "equipo".
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"Con la sociedad de economía mixta nosotros siempre somos y seguiremos siendo el operador portuario", agregó.
Sin embargo, al indicar que CEPA se quedará con un porcentaje tan bajo de las acciones de la Unión Portuaria del Pacífico, Anliker reveló que esto no es verdad.
Según Guillermo Matamoros, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones de Costa Rica, cuando se conforma una empresa, tiene más poder de decisión dentro de esta quien cuenta con la mayoría de las acciones. Un 51 % haría toda la diferencia, ni hablar del 80 % que tendrá la empresa turca Yilport.
Esta desigual relación ha sido posible porque así lo faculta la ley salvadoreña que regula a las empresas de economía mixta, que solo deja claro que cada participante accionario contará con un director y se podrá elegir a un tercero a través de una decisión de la asamblea de accionistas como "un todo".
En este caso, habrá un presidente designado por Yilport, un vicepresidente nombrado por CEPA y un director secretario que será designado por las dos partes.
"Sin la mayor parte de acciones, no tienen el control de la sociedad. Tendrán acceso a información, pero no al control de la sociedad", comenta Matamoros.
Anliker dijo que, sin embargo, CEPA se ha quedado con la facultad de disolver el contrato si le parece que el manejo es "abusivo", por lo que, de manera tácita, admite que poco margen de decisión tendrá la entidad pública frente a Yilport. No tendrá otra manera de controlarlo más que disolver la sociedad.
Para un experto en el tema portuario, de concesiones y de asocios público-privado, la decisión de elegir la figura de la empresa de economía mixta también es un error, porque el Estado sigue asumiendo el riesgo de la operación, pero con el derecho de solo el 20 % de las utilidades que se generen.
"En el asocio público-privado, por ejemplo, usted le cede al privado la explotación de un servicio y el privado le paga un canon de arrendamiento. Usted se aparta, por tanto, de la administración de esa sociedad, y se vuelve un controlador, un supervisor. El riesgo lo toma el privado. Usted recibe un canon de arrendamiento, funcione o no el negocio", comenta el experto, quien solicitó no revelar su identidad por temor a represalias.
Las fases de la inversión
Anliker aseguró que el monto anunciado de la inversión de $1,615 millones será aportado por Yilport en dos fases, la primera de ellas en cinco años. Para esta, dijo, se destinarán $709 millones. El resto llegaría en los 45 años restantes.
La primera fase iniciará su ejecución al cierre de 2024, con la inversión de $50 millones en Acajutla. Con esto, apuntó Anliker, se atenderán necesidades urgentes, como rehabilitaciones de la zona de atraque y "otras necesidades que se identifiquen".
Los restantes $659 millones se ejecutarán a lo largo del quinquenio. Entre las obras a realizar estará la construcción de un nuevo muelle y patio de contenedores en Acajutla, así como adquisición de maquinaria para ambos puertos. Según Anliker, la proyección es que se triplique la capacidad de Acajutla.
Uno de los puntos más complejos es el de poner a andar al Puerto de La Unión, que en lo que va de 2024 solo ha recibido a 10 buques. Esta infraestructura es el fracaso compartido de varias administraciones en El Salvador. Su movimiento es tan escaso que un barco, perteneciente al círculo de Alba Petróleos de El Salvador, pudo permanecer anclado a su muelle durante varios meses sin causar mayores perjuicios.
Tampoco la gestión de Bukele pudo encontrarle alguna utilidad. Lo intentó con el proyecto del ferry entre El Salvador y Costa Rica. Sin embargo, un coctel de ingredientes, entre los que se encontraba una ineficiente socialización del proyecto, provocaron que la empresa que lo operaba cerrara la operación.
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Según Anliker, en la primera fase (la de los $709 millones) de destinarán $75 millones para reactivar el puerto de La Unión, donde una de las obras más urgentes será el dragado del mismo. Este ha sido uno de sus principales problemas: el azolve (acumulación de sedimentos) en su canal de acceso. Para que sea funcional, requiere que se retire con regularidad. Para 2014, su costo se calculó en $15 millones.
La situación de los empleados de CEPA
Una de las preguntas que ha surgido tras el anuncio de Bukele es lo que sucederá con la planta de trabajadores que actualmente laboran en ambos puertos. "Todo lo que se ha hablado sobre las negociaciones previas, porque este es un trabajo de dos años, es de respetar a nuestros trabajadores", dijo Anliker.
"Cómo cualquier empresa privada, aquí lo hacen en el Canal, lo hacen en cualquier lado, obviamente hay evaluaciones, hay un periodo de transición donde se van a evaluar los buenos trabajadores, que van a tener prioridad, como cualquier empresa", matizó.
Anliker, por tanto, dejó entrever que la decisión final quedará en manos de Yilport, como la mayoría que se tomen en la sociedad de economía mixta, de la que CEPA es el socio minoritario.