En El Salvador, casi un 28% de viviendas son proveídas del servicio de agua potable gracias a una organización comunal o una ADESCO, lo que comúnmente se conoce como juntas de agua.
Es decir, un grupo de vecinos o de habitantes que deciden organizarse para proveerse de un servicio vital que el Estado no es capaz de brindarles.
Según el Censo de Población y Vivienda 2024, son 504,709 de estas infraestructuras las que tienen agua potable gracias a una de estas entidades. Mientras que los hogares que atiende la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la institución estatal referencia del tema, llega al 44% a escala nacional.
Mucho más lejos está el porcentaje que cubren las empresas privadas (que tienen un fin de lucro), las cuales apenas dan servicio a un 6%. Pero un problema grave aún sin resolver es que 245,134 viviendas (el 14%) no cuenta con agua potable y depende de un vecino o un chorro público para abastecerse, el cual puede estar a una larga distancia.
La importancia de las juntas de agua varía según el departamento. Por ejemplo, el que más depende de estas entidades es Chalatenango, donde el 65.5% (casi 7 de cada 10) viviendas se abastece por una de estas organizaciones, es decir, 38,964 hogares.
El segundo en este ranking es Morazán, con el 50.12%, es decir 25,976 casas. En ambos casos, el aporte de ANDA es testimonial, llegando apenas al 14.94% y al 6.69%, respectivamente. Y también hay un alto porcentaje de población sin el servicio: el 8.39% en Chalatenango y el 23.89% en Morazán.
Otro departamento donde las juntas de agua tienen una importancia vital es Sonsonate, donde casi el 43% de las viviendas son abastecidas de agua potable por estas organizaciones, frente a un 26.7% de ANDA.
Uno de los ejemplos más claros de esta tendencia es el distrito de Izalco, donde buena parte de su población rural le debe su agua a una organización comunal. Las hay de diversos tamaños.
Se trata de un sistema autosuficiente. De cada pago, la mitad se queda dentro de la comunidad para la reparación de cualquier eventual daño y para poder clorar, más o menos diariamente, el agua. Sus miembros hacen su trabajo sin cobrar un centavo. El hecho de tener agua en casa es suficiente estímulo y el único que gana un sueldo fijo es un fontanero.
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En Izalco, y en el resto del país, las juntas de agua cantonales comenzaron a surgir a principios de los ochenta. Lo hicieron gracias al apoyo del Plan de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), del Ministerio de Salud, financiado con fondos de USAID y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esa y en la siguiente década, solo en ese municipio surgieron las organizaciones que ahora abastecen a un porcentaje cercano al 90 % de la población de la localidad.
Y con cobros inferiores a los facturados por ANDA en el casco urbano del municipio, se ha convertido en un verdadero alivio para las miles de familias que viven en la pobreza, la cual se ha intensificado en la pasada y en la presente década por el colapso de la mayor parte de fincas cafetaleras de la zona que daban empleo. La roya y la grave situación de inseguridad ahuyentaron a los antiguos dueños. Solo quedan casas patronales y suntuosos portones de entrada como signo de ese pasado en el que había trabajo.
En total, en 10 de los 14 departamentos las juntas de agua atienden a más viviendas que ANDA, pues a los tres ya mencionados se suman Ahuachapán, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, San Vicente, San Miguel y La Unión.
Para Marcela Escobar, investigadora en temas de vivienda, la labor de las juntas de agua, debido a su importancia cubriendo los huecos del Estado, debería ser más visibilizado y apreciado.
"ANDA no es capaz de cubrir siquiera todas las áreas urbanas o periurbanas del país... conozco comunidades cercanas a calles principales que no cuentan con servicio desde el Estado", comenta Escobar.
El departamento en el que la tendencia se invierte en un porcentaje más importante es San Salvador, donde ANDA abastece a más del 80% de viviendas, frente al 8.31% de las juntas de agua.
Las juntas de agua, comenta Escobar, necesitan apoyo y el Estado también necesita hacer un censo de cuáles son las tarifas que estas cobran a sus usuarios.
Una importancia sin reconocer
El porcentaje de población (14%) que no tiene agua potable en su vivienda es alto. En El Salvador, el departamento en el que más de estas infraestructuras hay sin ese servicio es La Paz, con el 26.61%, es decir, una de cada cuatro. Le sigue La Unión, con el 24.22%.
Si no existieran las juntas de agua, la población desatendida sería mayor, pues estas organizaciones cubren a más del 36% de viviendas en La Paz y a casi el 37% en La Unión.
Sin embargo, las juntas de agua no son lo suficientemente reconocidas e, incluso, su operación ha estado amenazada desde el Estado en los últimos años. Cuando se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos en diciembre de 2021 se incluyó un canon por uso de agua que no excluía ninguna actividad, ni siquiera la de abastecer de forma comunal. Esto provocó las alarmas en todo el país.
Sin embargo, las autoridades corrigieron la plana ante la presión y, en el reglamento de la ley, establecieron el canon de $0.0 para las juntas de agua, siempre que fuera en exclusiva para uso humano. A estas organizaciones se les exigió inscribirse ante la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
Pero, para mediados de este año, menos de 500 de las aproximadamente 2,500 juntas de agua comunitarias registradas por ANDA en 2015 habían presentado información para su inscripción y registro ante la ASA. En contraste, 18,731 empresas han completado exitosamente su registro de fuentes de agua.
"Las empresas privadas tienen recursos, mientras que las juntas de agua enfrentan serias dificultades económicas y administrativas. La implementación de la ley no ha considerado estas diferencias", dijo Gloria Cruz, del Foro del Agua, en una conferencia sobre el tema en junio.