El Gobierno de El Salvador necesita mejorar su situación ante las agencias calificadoras de riesgo antes de octubre de 2025. Si no lo hace, tendrá que abonar 4 puntos porcentuales extra a los tenedores de los bonos que emitió el 11 de abril, por lo que el total será de un casi inabarcable 16 %. Actualmente, se encuentra a un paso de la calificación de impago.
Esto le urge tanto como lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), otra de las condiciones admitidas por la administración de Nayib Bukele para que inversores extranjeros aceptaran comprar su nueva deuda. Y, al igual que con la entidad multilateral, para hacerlo, debe aumentar sus ingresos y disminuir sus gastos.
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Pero, ¿cómo le ha ido a El Salvador con las agencias desde que emitió sus bonos? Solo una de ellas, Moody's Ratings, decidió mejorar su calificación a finales de mayo, pasándola de Caa3 a Caa1. Nayib Bukele celebró el anuncio mediante un mensaje en X: "Sí, sí, todavía estamos lejos; pero acabamos de subir dos escaleras más".
Pero pasar de una calificación de Caa3 a la de Caa1 en realidad no es un salto de calidad, pues el país se mantiene en el mismo grupo de naciones consideradas con un riesgo crediticio alto o de baja solvencia.
Por eso, Moody's señala: "Los continuos desafíos crediticios que pesan sobre el perfil crediticio de El Salvador y plantean riesgos a la baja, incluido el espacio fiscal limitado, la baja asequibilidad de la deuda y la falta de una estrategia fiscal y financiera que aborde eficazmente los elevados costos de financiamiento e identifique financiamiento accesible para cumplir con los requisitos de mediano plazo y necesidades de pago".
Fitch Ratings, por su parte, ha decidido mantener su calificación en CCC+, pues considera que el país no ha hecho ningún cambio en sus condiciones ni siquiera con la recompra de sus bonos por $487 millones, operación que el gobierno de Nayib Bukele se apresuró en calificar como "jugada maestra".
Fitch sostiene que continúa un alto nivel de endeudamiento, pues El Salvador cerró 2023 con este campo en torno al 85 % de su Producto Interno Bruto (PIB). El otro elemento es el deterioro fiscal, pues El Salvador finalizó el año, si se toma en cuenta la deuda de pensiones, con un déficit (monto que el Estado no ha sido capaz de cubrir de sus gastos) de un 4.7 % del PIB.
Fitch Ratings también consideró como un factor para mantener su calificación el hecho de que El Salvador tuvo en 2023 un impago selectivo, en este caso al Fondo de Pensiones, pues acordó con las empresas administradoras de este que no abonaría ni capital ni intereses durante cuatro años a partir del recién pasado.
"Los lleva a concluir que no hay ningún cambio positivo. De alguna forma le han dicho 'te sigo reprobando'", explica el economista Rafael Lemus.
Standard and Poor's (S&P) también decidió no mejorar su calificación para El Salvador debido a los "persistentes riesgos fiscales". Por lo tanto, la mantiene en B.
Uno de los puntos más destacados de la justificación de S&P para hacerlo recae en aquello que Bukele calificó como "jugada maestra": El adquirir deuda carísima para pagar una con bajos intereses. Además, esta administración tuvo que aceptar menos dinero que el que pedía con un rendimiento del 9.25 %. Para llegar al 12 % que exigía el mercado, tuvo que vender sus bonos "a descuento", por lo que, en la práctica, solo recibió $908 millones.
"Las operaciones que percibimos como un canje de deuda en condiciones desventajosas (distressed) equivalen a un incumplimiento", advirtió la agencia.
Todas las calificadora de riesgo, por otro lado, ponen el dedo en un aspecto que tiene que ver no solo con el manejo de las finanzas, sino con la situación política del país: que en El Salvador las decisiones se toman exclusivamente desde el Ejecutivo, por lo que no existe una contraloría adecuada desde los otros poderes del Estado.
"La débil confianza de los inversionistas, derivada de la falta de pesos y contrapesos, así como una transparencia inadecuada, podría limitar el crecimiento de la inversión", advierte S&P.