El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este martes que han alcanzado "acuerdos preliminares" con el gobierno de El Salvador para hacer ajustes en las finanzas, con el propósito de obtener apoyo del organismo financiero.
El equipo del FMI, encabezado por Raphael Espinoza, emitió una declaración divulgada en el sitio oficial del Fondo, en el que explican que las conversaciones con las autoridades salvadoreñas en los últimos meses se han centrado en las políticas que podrían ser apoyadas por un programa del FMI "para abordar los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer las perspectivas de crecimiento y resiliencia de mediano plazo de El Salvador".
De acuerdo al escrito emitido por los expertos y que fue retuiteado por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X, "se han logrado avances en las negociaciones hacia un programa apoyado por el Fondo, centrado en políticas para fortalecer las finanzas públicas, aumentar los colchones de reservas de los bancos, mejorar la gobernanza y la transparencia y mitigar los riesgos de Bitcoin".
El gobierno salvadoreño inició negociaciones con el FMI en 2021 para obtener financiamiento por al menos $1,300 millones, pero se habían estancado, principalmente, luego de que el país adoptara el Bitcoin como moneda de curso legal.
Según se explica en el comunicado, en el plano fiscal "se han alcanzado acuerdos preliminares para mejorar el saldo primario en alrededor del 3.5% del PIB en un período de tres años". El objetivo del organismo es colocar la deuda pública de El Salvador "en una senda sostenible".
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La deuda pública total del país ya superó los $30,000 millones este año, incluyendo el saldo de pensiones que también ya sobrepasó los $10,000 millones en el actual gobierno.
"Se espera que la consolidación se logre mediante un conjunto equilibrado de medidas, con un enfoque inicial en la racionalización de la masa salarial pública, al tiempo que se crea margen para un gasto social y de infraestructura crucial", dice el equipo de expertos del Fondo.
Solo el gasto en salarios de empleados públicos, hasta mayo de este año, ha representado $1,114.3 millones, de los $2,757.8 millones en gasto corriente. De hecho, el gobierno ha gastado $518.9 millones más que el año pasado en solo cinco meses.
Esta no es la primera vez que el FMI le sugiere al gobierno hacer un ajuste fiscal debido al déficit entre los ingresos y los gastos. En 2023 también le indicó un recorte del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implicaría un ajuste de más de $1,250 millones, tomando de referencia el PIB hasta mayo de este año que es de $35,736.7 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.
Esa fue una de las recomendaciones que hicieron los expertos del FMI que revisaron las finanzas salvadoreñas el año pasado, quienes han insistido en apretar tuercas, sobre todo en los gastos, aunque también en aumentar los ingresos.
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Y recientemente, un informe del Fondo indicaba que El Salvador es el país con la deuda pública más alta con respecto a su PIB de toda Centroamérica, pues sobrepasa el 75%. Señalaba que para 2024, la deuda pública del país representará el 84.4 % del PIB si se toma en cuenta el compromiso con el Fondo de Pensiones.
Otros ajustes económicos sobre la mesa
El equipo del FMI afirma en el comunicado que "también se avanzó en la elaboración de un plan para fortalecer gradualmente los mecanismos de reserva del sistema financiero de manera compatible con el crecimiento y el crédito del sector privado".
"Esto también está siendo respaldado por los esfuerzos para reducir la dependencia del gobierno de la financiación interna mediante la consolidación planificada y el posible apoyo del Fondo y otros bancos multilaterales de desarrollo", dice en el comunicado difundido por el Fondo.
El gobierno de Nayib Bukele ha echado mano de la banca local para financiarse debido a que a nivel internacional no ha logrado mayor financiamiento, por lo que acumuló una deuda de corto plazo con los bancos de alrededor de $1,500 millones, por lo que los banqueros le propusieron ampliar los plazos para que les pague. Según una fuente bancaria, ya lograron reestructurar $1,000 millones y lo restante lo terminarán de reperfilar en octubre próximo.
Y la más reciente salida al mercado internacional, bajo ciertas condiciones, fue para colocar bonos en abril de por $1,000 millones, pero consiguió $908 millones porque tuvo que hacerles descuento a los inversionistas y deberá pagarles una tasa del 12%.
En el plano estructural, el FMI asegura que "se llegó a acuerdos preliminares sobre una estrategia integral plurianual para mejorar la gobernanza, la transparencia y el clima general de inversión".
Este ha sido un punto en el que el organismo financiero también ha insistido y que otras entidades internacionales han señalado.
Rodrigo Valdés, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo en abril de este año que las negociaciones con las autoridades salvadoreñas continuaban y subrayó: "A nosotros (el FMI) nos gustaría ver realmente, quiero decir, las implementaciones de varias recomendaciones que hemos hecho en el pasado", reseñó la agencia inglesa EMFI en un informe de mayo.
Valdés resumió en esa ocasión lo que pide el Fondo: 1) consolidación fiscal, 2) reformas para impulsar la productividad y, especialmente, la gobernanza económica, y 3) hacer frente a los riesgos del Bitcoin.
Según el comunicado del FMI de ayer, "las autoridades están muy avanzadas en la preparación de propuestas legislativas para abordar la corrupción, las vulnerabilidades en materia de blanqueo de dinero y las debilidades de los marcos de contratación pública".
Añade que esa labor cuenta con el apoyo de los socios para el desarrollo y tiene como objetivo garantizar que los marcos sean compatibles con las mejores prácticas internacionales.
Riesgo del Bitcoin no se disipa
Nuevamente, el FMI señala que en el caso del Bitcoin falta más transparencia y mitigar riesgos de la criptomoneda en las finanzas salvadoreñas.
"Si bien muchos de los riesgos aún no se han materializado, existe un reconocimiento conjunto de que se necesitan más esfuerzos para mejorar la transparencia y mitigar los posibles riesgos fiscales y de estabilidad financiera que plantea el proyecto Bitcoin. Siguen siendo necesarios debates adicionales en esta y otras áreas clave", apunta el equipo técnico del Fondo.
Esta declaración contrasta con las palabras del vicepresidente del país Félix Ulloa, quien durante una visita a Rusia en junio, declaró al medio RT News, adscrito al Gobierno Federal de Rusia: "Superamos algunas observaciones que nos habían hecho, sobre todo con el tema del Bitcoin. Eso ya está superado".
