El gobierno de El Salvador afirma que continúa adquiriendo Bitcoin para "su reserva" y que suma 6,134 bitcoines con un valor económico -en estos momentos- de $522.8 millones, esto a pesar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha limitado el uso y compra de la criptomoneda, además que en el país se eliminó la obligación de aceptarla y se suprimió el papel estatal en su uso.
La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) de El Salvador, bajo la presidencia del Nayib Bukele, publicó este martes en X la nueva adquisición. "Apilado otro 1 BTC", se señala.
De acuerdo con los datos alojados en el portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador posee 6,134 bitcoines, esta cantidad alcanza en este momento un valor económico de más de $522.8 millones.
Esta compra, y otras realizadas a principios del pasado mes de marzo, se da a pesar de que el FMI ha limitado el uso del Bitcoin y la compra de este activo por parte del Gobierno de El Salvador como una de las condiciones para un acuerdo económico por $1,400 millones.
Sin embargo, expertos han señalado que el gobierno no presenta evidencias públicas que certifiquen dichas compras desde una cuenta oficial, sino que más bien el rastro de esas adquisiciones han llevado a dilucidar que los Bitcoins que asegura comprar salen de una cuenta de la empresa Bitfinex.
VER: Bitfinex es el origen del 100% del Bitcoin de la reserva de El Salvador
A pesar de la condición del FMI, el presidente Bukele aseguró en marzo que la adquisición de Bitcoin "no se detendrá en el futuro".
El Salvador hizo historia en 2021 al convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. Sin embargo, la apuesta del Bukele no tuvo el impacto esperado.
A pesar de las exenciones fiscales y la inversión de más de $300 millones en infraestructura criptográfica, el uso del Bitcoin entre la población no fue masivo.
Además, a finales de enero pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la Ley Bitcoin para eliminar la obligación de aceptar esta criptomoneda para los agentes económicos, suprimir el papel estatal en su uso y borrar referencias para aceptarla como una moneda de curso legal.
Encuestas recientes indican que el 91.8 % de los salvadoreños no utilizó la criptomoneda en mención en 2024.