El Bitcoin batió el martes su récord, superando los $69,000, en una subida desenfrenada desde la aprobación en el mercado estadounidense de una nueva fórmula de inversión vinculada a la cotización de la criptomoneda.
Durante la tarde del martes, el Bitcoin cotizó a $69,191,94, dejando atrás el precedente récord de $68,991, alcanzado en noviembre de 2021. Sin embargo, su valor cayó bruscamente a última hora de la tarde, en una regresión de casi 7,000 dólares desde el tope, un 8 %.
El récord del Bitcoin llegó en una jornada en que el oro alcanzó también su máximo histórico, impulsado por las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) y por las dudas sobre la economía en Estados Unidos, que benefician a este metal, un valor refugio.
“La criptomoneda líder ha experimentado una impresionante subida en las últimas semanas”, señaló James Harte, analista de Tickmill. “La pregunta ahora es saber si el repunte tiene fuerza para sostenerse”, añadió.
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La nueva forma de inversión permite teóricamente a un público más amplio apostar por estas criptomonedas sin tener que poseerlas directamente. Esta nueva fórmula fue aprobada el 10 de enero por el regulador del mercado estadounidense, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Subida vertiginosa
El valor de la criptomoneda aumentó en más de un 50% desde principios de año, después de haber retrocedido hasta situarse alrededor de los $15,000 a finales de 2022.
Ese descenso llegó tras la quiebra de varios gigantes del sector, como FTX, la segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas.
Su responsable de la época, Sam Bankman-Fried, fue acusado junto con otros dirigentes de haber utilizado cuentas de clientes sin su conocimiento para impulsar operaciones especulativas de su propia empresa de inversión.
Los reguladores, que todavía luchan por regular eficazmente los criptoactivos, advierten periódicamente contra el espejismo de ganancias asombrosas que pueden alentar a los compradores a invertir mucho y perder mucho, o a caer en la trampa de sistemas fraudulentos.
“Comprar después de un aumento de su valor rara vez es una buena idea”, dijo Laith Khalaf, de AJ Bell. “Episodios anteriores han demostrado que quienes entran cuando el frenesí alcanza su punto máximo sufren pérdidas extremas”, advierte el analista.
Este récord llega mientras se desarrolla en Londres, hasta mediados de marzo, el juicio contra el informático australiano Craig Wright, quien afirma ser el inventor de estas criptomonedas, tras una denuncia que le acusa de ser un impostor.
Wright, de 53 años, dice ser Satoshi Nakamoto, el seudónimo del creador del Bitcoin, una moneda digital descentralizada concebida en 2008.
Bitcoin en El Salvador, una relación de opacidad
La adopción de Bitcoin en El Salvador fue un absoluto fracaso, debido a que la población salvadoreña no la usa para sus transacciones de todos los días, como pretendía el gobierno, salvo algunos casos anecdóticos. Eso a pesar de una inversión de más de $200 millones (desvío de un préstamos del BCIE incluido), que se usó para desarrollar la billetera estatal, Chivo Wallet, la red de cajeros manejados por Athena, y para la conformación de un opaco fideicomiso en manos de Bandesal.
Todo lo que rodea al Bitcoin en El Salvador parece un espejismo, lo que ha sido dejado en evidencia, incluso, por algunos entusiastas de las criptomonedas, como el alemán Jeff Gallas, fundador de la empresa Fulmo, quien fue parte de un documental de la Deutsche Welle, la televisión estatal de ese país europeo.
En este, el empresario asistió a una charla informativa sobre los planes de El Salvador respecto a la criptomoneda, impartida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el video, Gallas asegura que se trata de la misma información que les habían proporcionado un año antes, sin ningún cambio, y en la que se omiten datos concretos como plazos e inversión.
La última gran novedad ha sido la eliminación de un protocolo clave contra el lavado de dinero: la aplicación de un proceso conocido como Know Your Client (KYC) o Conoce a tu Cliente, en español.
Este obliga a las entidades financieras a recabar información relacionada con sus clientes, a fin de poder identificar el origen de los fondos que se transfieren. También, para poder detectar cuando una persona o empresa están haciendo operaciones inusuales, que no están acordes a su perfil.
La semana pasada, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Tributario para solicitar a los clientes su Documento Único de Identidad (DUI) para transacciones financieras, incluyendo criptomonedas, solo para montos de $25,000 en adelante. Esto, en la práctica, se traduce como que las empresas cripto locales no podrán verificar la identidad de su cliente para montos menores. Antes, ese umbral se colocaba en $200.
La reforma fue a solicitud de la Oficina Nacional Bitcoin (ONBTC) que dirigen Max Keiser y Stacy Herbert. Según dijo a la web Criptonoticias Stacy Herbert, miembro de esa institución, la modificación de la ley se hará en aras de preservar la privacidad de los clientes. Por lo tanto, sigue abierta la posibilidad de que esta se extienda a otros artículos y disposiciones del código tributario.
Que las empresas no tengan que aplicar este control puede ser riesgoso para un país y eso lo han expresado desde el mismo gobierno de El Salvador. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, aseguró que, debido a que El Salvador estaba atrayendo a empresas relacionadas con criptomonedas, era posible que aquí se afincaran “ciberdelincuentes” que se podrían dedicar a cometer toda clase de delitos, como las estafas o los robos.
“¿Qué es lo que hace falta? Crear toda la infraestructura legal para combatir este tipo de delitos que se dan en todas partes del mundo”, dijo Ulloa. Parece que lo propuesto por la Oficina del Bitcoin y ya aprobado por la Asamblea, en aras de la privacidad, va en sentido contrario.
Solo hay que recordar qué pasa cuando no se aplican los protocolos KYC: cuando recién se lanzó la Chivo Wallet, en septiembre de 2021, el sistema que lo aplicaba colapsó, lo que evitaba que se siguieran registrando clientes. La solución para el problema de sus responsables fue retirar por completo el protocolo KYC.
El resultado fue que se crearon entre 400,000 y 800,000 cuentas fraudulentas, a cada una de las cuales se les entregó un subsidio de $30. Es decir que, solo por dejar de aplicar el KYC, al Estado salvadoreño le hurtaron entre $12 millones y $24 millones. ¿A quién le sirve este retiro de controles?