Desde que se aprobó la Ley Bitcoin en El Salvador en junio de 2021, el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) ha funcionado como un brazo ejecutor de los fondos públicos pero bajo la opacidad que ha mentenido el gobierno sobre la implementación del criptoactivo, pues hasta la fecha se desconoce información sobre cómo se han gastado millones de dólares.
Al menos en dos ocasiones la institución ha declarado inexistente información crucial sobre la compra de bitcoins, pese a que es dinero de los contribuyentes; tampoco ha explicado la forma en que se administra el fideicomiso de $150 millones que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó en agosto 2021 para respaldar las operaciones con esa criptomoneda.
Bandesal, incluso, ha declarado que las operaciones para la compra de esos criptoactivos son secreto bancario.
El caso más reciente sobre esa negativa a transparentar la información sobre el uso de fondos públicos en Bitcoin fue que Bandesal afirmó que no tiene copia del contrato de construcción del hospital veterinario “Chivo Pets”, según una resolución que se conoció el pasado lunes 6 de junio.
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Ese hospital veterinario se ha construido, supuestamente, con las ganancias que han dejado los bitcoins comprados con fondos públicos, los cuales ascienden 2,301 unidades del criptoactivo, según datos que ha tuiteado el presidente Nayib Bukele, lo cual ha significado un gasto de más de $105 millones.
En una resolución a la que la agencia española de noticias EFE tuvo acceso, Bandesal respondió a la solicitud de una persona, mediante la Unidad de acceso a la información, que en sus archivos no se encuentra copia del contrato para la construcción de Chivo Pets, el inaugurado en febrero 2022.
“Este hospital veterinario es una promesa de campaña” y “este hospital se está haciendo con las ganancias de la compra de Bitcoin”, dijo Bukele a inicios de noviembre de 2021, cuando lo anunció.
Sin embargo, expertos en criptomonedas han señalado que la única forma en que una criptomoneda puede generar ganancias es si se vende; sin embargo, ni el gobierno ni la empresa Chivo han confirmado si los bitcoins comprados se mantienen en reservas o si se han vendido.
El requerimiento de información que le hicieron a Bandesal buscaba obtener una “copia simple del contrato de construcción del Hospital Chivo Pets y la empresa constructora Inversiones Omni, infraestructura desarrollada con las ganancias del fideicomiso operado por Bandesal”, publicó EFE.
“Infórmese al solicitante que no se encuentran dentro de los archivos de esta Gerencia, la información solicitada, por lo que dicha información es INEXISTENTE”, señala la resolución de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de Bandesal, emitida en abril pasado, citó la agencia.
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Además, la UAIP de Bandesal admitió el 8 de octubre de 2021 una solicitud en la que se le pedían 15 datos relacionados con las operaciones de Bitcoin y sobre la entidad que realiza las compras del criptoactivo en nombre del Gobierno de El Salvador, pero negó la información.
“En atención a las disposiciones legales antes citadas, se concluye que la información derivada de la administración del Fidebitcoin por parte de Bandesal, se encuentra sujeta a reserva de conformidad a lo establecido en la Ley de Bandesal”, señaló la entidad en su resolución a la que EFE tuvo acceso también.
“Un proceso atropellado”
Esa opacidad, que ha sido la característica constante en todo lo relacionado al Bitcoin, coincide con la falta de transparencia que el gobierno mantiene en otras carteras del Estado.
Ante ello, el abogado y director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, sostiene que la Ley Bitcoin, desde su inicio, fue “un proceso atropellado” debido a que no hubo ningún tipo de consulta o discusión acerca del impacto o los riesgos que tendría sobre la economía salvadoreña.
De hecho, entre el momento en el que el presidente Nayib Bukele anunció la ley, durante un evento de bitcoiners extranjeros en Miami, y la aprobación de la normativa en la Asamblea oficialista, pasaron solo tres días, y tres meses después, en septiembre de 2021, entró en vigencia.
Ese actuar del gobierno, así como la falta de un documento técnico o, por lo menos, un sitio web oficial que detalle la aplicación de la ley, los presupuestos o justificaciones, así como el uso del dinero, es lo que más ha sido señalado por distintos sectores en el país.
“Hasta la fecha, no sabemos si en verdad se ha comprado bitcoins o no (…). Hemos llegado a este nivel de opacidad con respecto al Bitcoin, los cajeros y otros contratos”, señala Escobar con respecto a las compras de criptoactivos que el presidente Bukele ha ido anunciando solo a través de su cuenta de Twitter desde la vigencia de la ley.
¿Cómo eligen a las empresas?
Otra información que, hasta el momento, también se desconoce es cómo han sido los procesos de contratación de empresas extranjeras como Athena o AlphaPoint, las cuales han confirmado haber trabajado con el gobierno de Bukele en el desarrollo de la Chivo Wallet.
Además de esos contratos, la empresa Chivo también ha empleado a miles de promotores que se han encargado, la mayoría durante los primeros meses, a dar asesoría a los usuarios de la billetera, por lo que sus salarios también pasarían a formar parte de los fondos destinados a la implementación del Bitcoin.
Escobar agrega que “no hay duda de que eso muestra y reafirma la opacidad sobre el tema Bitcoin. No sabemos si es corrupción, porque no hay evidencia, pero al menos muestra una irregularidad administrativa, por lo que la Corte de Cuentas de la República (CCR) debe pronunciarse”. También señala los riesgos de que el Bitcoin pueda utilizarse en el futuro para financiar las campañas políticas de los partidos, a partir de fondos provenientes del crimen organizado.