El Salvador fue uno de los consentidos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) durante la cuestionada gestión del expresidente ejecutivo del banco, Dante Mossi.
Los lazos eran tan estrechos con el gobierno de Nayib Bukele que el organismo llegó a prestarle más que a cualquiera de los otros países de la región, que también son socios y tenían los mismos derechos.
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Mossi, quien ha sido demandado por las autoridades del BCIE ante el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos por su presunta participación en actividades ilícitas durante su mandato (de 2018 a 2023), avaló una elevada suma en créditos para El Salvador y Nicaragua.
VER: BCIE demanda a ex presidente ejecutivo Dante Mossi en Corte Federal de EE. UU.
La deuda que llegó a acumular el Estado salvadoreño con este banco regional, desde 2019, fue de $4,687 millones, que incluye inversiones tanto en el sector público como en el privado, así como proyectos de inversión pública de entidades autónomas.
Algunos de los préstamos para inversión pública que fueron autorizados por este organismo en la presidencia de Mossi fueron para la construcción del viaducto de Los Chorros ($245.8 millones), para el plan "Mi Nueva Escuela", así como financiamiento para algunas de las fases del Plan Control Territorial, entre ellos el de $109 millones para "la modernización de las instituciones de seguridad".
También avalaron fondos para la remodelación de distintos escenarios deportivos en el país y un crédito de $600 millones para apoyar a las pequeñas empresas que resultaron afectadas por la pandemia, entre otros.
De esa elevada deuda con el BCIE el país tiene un saldo de $2,610.2 millones, a junio de 2024, lo que representa el 43% de la deuda externa a organismos multilaterales ($6,065.6 millones), según el informe de estadísticas sobre finanzas públicas, con fecha 22 de agosto 2024, disponible en el portal del Ministerio de Hacienda.
Según ese informe, en junio de 2023 el país le debía al banco regional $2,528 millones. Es decir que en un año aumentó $82.2 millones.
La facilidad con la que el gobierno conseguía créditos con el BCIE se dio en un contexto en el que ha tenido dificultades de financiamiento con organismos internacionales, debido a las bajas calificaciones crediticias provocadas en gran medida por decisiones políticas señaladas de antidemocráticas.
VER: El BCIE ha aprobado hasta $4,600 millones en préstamos al país desde 2019
Durante la administración de Mossi, el gobierno de El Salvador desvió $200 millones del crédito destinado para las pequeñas empresas y usó ese dinero en la implementación del Bitcoin, según reveló una investigación periodística internacional liderada por la entidad Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés).
Pero eso comenzó a cambiar a partir de este año con la llegada de la costarricense Gisela Sánchez como nueva presidenta del BCIE en diciembre de 2023, ya que llegó a poner orden y equilibrio en la forma en la que se estaban dando los préstamos en la administración de su antecesor.
Sánchez señaló en marzo de este año que había una "concentración" de créditos para El Salvador. "Un poco para ilustrar este tema, en la cartera de préstamos tenemos una concentración un poco superior al 25 % en El Salvador, seguido de Nicaragua (alrededor de un 22 %); un tercer lugar Honduras (con un 17 %); después Costa Rica (con un 10 %) y Guatemala (con un 5 %). Son los datos al cierre de 2023", informó la ejecutiva.
Y enfatizó: "Es un hecho que tenemos en este momento un nivel mayor de concentración de la cartera, siendo El Salvador y Nicaragua los países que más reciben fondos. Mi objetivo es que tengamos una cartera más diversificada. Más allá de poder dar explicaciones, porque para eso creo que el expresidente del banco pudiera explicar las razones por las que se dio esta concentración de la cartera, sí tengo un compromiso de buscar una mayor diversificación".
De hecho, el BCIE solo ha desembolsado $60.2 millones en préstamos en lo que va del año, según datos de Hacienda actualizados a julio 2024. Es el organismo multilateral que menos dinero le ha transferido al país. Todos los desembolsos de fondos de los bancos regionales que han aprobado créditos al país suman $298.9 millones.
Nicaragua critica demanda contra Mossi
El Gobierno de Nicaragua, el otro país beneficiado con los créditos del BCIE, informó este viernes que no respalda la demanda civil que el banco interpuso en el Tribunal de Distrito de Columbia en los Estados Unidos contra su expresidente ejecutivo Dante Mossi por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado e interferencia ilícita.
El Ejecutivo nicaragüense "no respalda y se distancia de esta demanda", indicó el ministro nicaragüense de Hacienda y Crédito Público y gobernador del BCIE por Nicaragua, Bruno Gallardo Palaviccine, en una carta enviada a la presidenta ejecutiva de ese organismo regional, la costarricense Ana Gisela Sánchez Maroto.
"Consideramos que el BCIE debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediáticas en detrimento de su imagen y que puedan ser sujetas de manipulación política", señaló el ministro nicaragüense en la misiva.
"Creemos que el BCIE y los países que conformamos contamos con los instrumentos jurídicos para resolver diferencias, por lo que estamos en desacuerdo pretender solucionarlos en países extra regionales que no son accionistas de nuestra organización", agregó.
Asimismo, Gallardo le dijo a Sánchez que "este tipo de acción tuvo que ser consultada y consensuada con los gobernadores y directores de nuestros países por razón del poder de voto, y hasta por un acto de cortesía, al tratarse de una demanda en contra de quien fuera la máxima autoridad del BCIE, quien contó con todo nuestro respaldo durante su gestión".
El BCIE a través de un comunicado explicó que puso esa demanda bajo su compromiso "con los más altos estándares", por el "incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación" a la ley de "Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión" (RICO, por sus siglas en inglés).
Esa ley fue promulgada en 1970 para perseguir a la mafia y que permite la persecución internacional y la sanción civil por actos delictivos cometidos en Estados Unidos.
El BCIE añadió que esa "acción no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el Sr. Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco".
También anunció la contratación de la firma estadounidense Gibson, Dunn & Crutcher LLP a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio para que lo represente.
Caso de Mossi en Costa Rica
El Gobierno de Costa Rica acusó en mayo a Mossi de difamar y mentir en declaraciones brindadas acerca del polémico uso dado por autoridades costarricenses a una donación de 1 millón de dólares.
En febrero pasado, el BCIE informó que sospecha de "fraude y colusión" por parte de un proveedor en una licitación de 300,000 dólares para servicios de consultoría en comunicación al Gobierno de Costa Rica.
Se trata de la Licitación Pública No. 032/2022: 'Consultoría Estratégica en Comunicación' en Costa Rica, adjudicado a la empresa RMC La Productora, S.A., cuyo representante legal es Christian Bulgarelli.