Que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deje de financiarlo no es un tema menor para el gobierno de Nayib Bukele. De entre todos los organismos multilaterales, este es el que más dinero le ha prestado.
Según el Informe Preliminar de Gestión de las Finanzas Públicas al mes de diciembre de 2023, del Ministerio de Hacienda de El Salvador, esa deuda llega a $2,618 millones, el 43 % de todos los compromisos en este tipo de deuda extranjera. La cifra es tan importante que equivale al 7.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, un indicador que marca el tamaño de la economía.
La nueva presidenta ejecutiva del BCIE, la costarricense Gisela Sánchez, concedió una entrevista al medio Redacción Regional, en la que declaró que se frenará la inversión a El Salvador y Nicaragua con el objetivo de “diversificar la cartera” para el resto de países. La titular de la entidad, por tanto, ha confirmado que ya no se aprobarán más créditos para el gobierno de Bukele, “sin duda alguna”.
“Tenemos una claridad de cuáles son los límites actualmente, dónde están ubicados”, dijo Sánchez. Cuando le preguntaron si El Salvador y Nicaragua ya habían llegado a ese límite, remarcó que “en este momento están arriba”.
“Un poco para ilustrar este tema, en la cartera de préstamos tenemos una concentración un poco superior al 25 % en El Salvador, seguido de Nicaragua (alrededor de un 22 %); un tercer lugar Honduras (con un 17 %); después Costa Rica (con un 10 %) y Guatemala (con un 5 %). Son los datos al cierre de 2023”, informó Sánchez.
Con esto, la presidenta ejecutiva del BCIE deja claro que el dinero se empezará a repartir entre los otros socios, los que menos recibieron durante la administración de su predecesor, el hondureño Dante Mossi (2018-2023), quien dio un trato privilegiado a los gobiernos de Nayib Bukele y de Daniel Ortega, en Nicaragua. Fue apodado como el “banquero de los dictadores”.
Al revisar los datos publicados por el propio Dante Mossi en su cuenta de X (que fueron compilados por el medio nicaragüense Confidencial), es posible confirmar cómo los fondos comenzaron a ir de forma privilegiada a estos dos países en detrimento del resto.
Por ejemplo, los préstamos hacia El Salvador crecieron en un 76 % por ciento respecto a la gestión de su antecesor, el también hondureño Nick Rischbieth (2013-2018). Pasaron de $1,506 millones a $2,650 millones, $1,144 millones extras.
En cambio, en los casos de Costa Rica y Guatemala, los préstamos se redujeron en un 29 % para el primero y en un 37 % para el segundo.
“El BCIE no cumplía con estándares mínimos, ni siquiera en el tema del balance en la entrega de fondos. Guatemala fue el que menos recibió en la gestión de Dante Mossi (apenas un 6% del total), cuando tiene el mismo derecho que El Salvador o Nicaragua. Hace bien la presidenta en tomar esta decisión”, comenta Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
Auditarán desvío de fondos para proyecto Bitcoin
La titular del BCIE confirmó que han comenzado un proceso de auditoría a los fondos aprobados por la entidad en toda una década.
Redacción Regional formó parte de una alianza de medios, capitaneada por el Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), que reveló una gran cantidad de irregularidades en el manejo del banco. Sucedieron por un problema sistémico de controles blandos.
“(Es) una organización externa que está, específicamente, analizando aquellos casos, préstamos, operaciones, que pudieron tener inquietudes para que podamos devolvernos en el tiempo y entender cada una de ellas”, dijo Sánchez.
Una de las operaciones a investigar, lo que fue confirmado explícitamente por la titular del BICIE, es el desvío hecho por la administración Bukele de $200 millones de fondos para apoyar a micro y pequeñas empresas durante la pandemia, que fueron destinados para el proyecto de adopción de Bitcoin en El Salvador, lo que estaba prohibido en el contrato establecido entre el país y el BCIE. También confirmó que se están reformulando los créditos otorgados para el Plan de Control Territorial.
Para el gobierno de Bukele, el cierre de este grifo puede ser un problema mayúsculo. Como lo expresa el economista Rafael Lemus, se le acaban las fuentes de financiamiento, porque el riesgo país no permite obtener dinero en el extranjero con intereses abajo de los dos dígitos. Los bancos locales se están quedando sin liquidez. Y tampoco el Fondo de Pensiones, que se sospecha que ha usado para financiarse, es ilimitado.
“La decisión del BCIE no va a ser del agrado de Nicaragua y El Salvador, que, dados sus modelos de gobierno, despiertan mucha desconfianza para acudir a la banca normal. Son gobiernos en los que no se puede conocer con transparencia la verdadera salud de sus finanzas… casi nadie está dispuesto a prestarles”, dice Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.