La Asamblea Legislativa aprobó ayer el Presupuesto General de la Nación para el último año constitucional de Nayib Bukele (ahora mandatario en licencia) como presidente de la República. Sin embargo, este instrumento ha probado ser un mero trámite por presentar cada mes de septiembre para el Ministerio de Hacienda.
En la práctica, el Ejecutivo de Bukele sabe que lo que pone en esas hojas no es lo que realmente utilizará durante el año, pero lo podrá modificar como le plazca en el camino. Y lo hace, según el economista Luis Membreño, porque, al menos desde mayo de 2021, tiene la certidumbre de que cuenta con unos diputados totalmente plegados a sus designios.
“Es como si mandara las órdenes de cambio de un proyecto en construcción, que inmediatamente se le aprueban”, comenta el economista. Así, cada año el presupuesto sufre numerosos cambios y, con ello, aumentos significativos.
En el primer año con una Asamblea con mayoría de Nuevas Ideas, el 2021, se realizaron 77 modificaciones, que se tradujeron en un alza de más de $1,000 millones. Al siguiente año, el 2022, hubo menos alteraciones (64), pero los fondos inyectados fueron más, al superar la adición de $1,700 millones. Es decir que en 2022, el gobierno terminó solicitando un 22 % más que lo que había planeado, casi una cuarta parte.
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Para el economista Luis Membreño, este nivel de modificaciones hace que pierda todo el sentido la Ley del Presupuesto General de la Nación como instrumento de control institucional y, sobre todo, de planeación de gastos.
Los Gobiernos anteriores, que no gozaron de una Asamblea Legislativa de esta naturaleza, tenían un cierto balance de poderes, con congresos mucho más cuestionadores, aunque esta crítica tuviera a su base un interés político. Por ello, debía justificar con más solidez sus modificaciones al presupuesto. Lo que se volvía más riguroso si ese cambio requería deuda, pues era necesaria la mayoría calificada, con 56 votos.
Eso se comprueba, por ejemplo, el último año completo de la administración de Salvador Sánchez Cerén y el primero con Bukele en el cargo. En el 2018, el presupuesto modificado respecto al votado fue de $147.40 millones más, es decir que el aumento fue de apenas el 3 %. En el 2019, más de lo mismo, con un alza de $116.60 millones, un 2% mayor.
“A este gobierno no le importa qué es lo que presenta, sabe que es irreal. Este es un gobierno con un cheque en blanco, que no tiene que rendir cuentas”, comenta Membreño.
Para hacerse una idea de la desproporción, solo hay que pensar que el número de modificaciones en 2021 y 2022 fue superior al año de la pandemia de Covid-19, donde todos los países del mundo tuvieron que cambiar sus prioridades. Ese año, el 2020, solo hubo 28 modificaciones, con un aumento del 27 % del presupuesto. Sin embargo, se trató de un estado de emergencia, muy diferente al de los dos años posteriores.
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Durante su quinquenio, la administración Bukele ha contado con un aumento de ingresos. También ha recibido financiamiento de diferentes fuentes, desde organismos internacionales hasta el Fondo de Pensiones. Con esto, dice Membreño, lo esperable era que redujera su endeudamiento, no que aumentara el gasto a este nivel.
Incremento desproporcionado
Aunado a las modificaciones sistemáticas, incluso se pueden señalar alertas en los presupuestos generales votados, pues han aumentado en exceso.
La anterior afirmación se sostiene en que, si se revisa la suma de los presupuestos de cada administración desde Alfredo Cristiani, es posible observar que el aumento por quinquenio se registra en torno a los $5,000 millones (mirar gráfica). Esa tendencia se rompió con el presidente Nayib Bukele.
La suma de todos los presupuestos de Salvador Sánchez Cerén fue de $26,822.3 millones, según datos oficiales. La correspondiente al periodo de Bukele es de $39,784.3, $12,962 millones más o, lo que es lo mismo, un 50 % de incremento.
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Para el economista Rafael Lemus, este es un dato que debería preocupar a los salvadoreños, pues el alza en los gastos del Gobierno no coincide con el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, con el de la economía, pues en El Salvador, en cinco años, solo ha crecido un 30%.
“Tomemos en cuenta algo. El gobierno no genera dinero. ¿De dónde lo obtiene? De los impuestos que recolecta. ¿Es capaz una economía que no ha crecido un 50 % pagar un 50 % de impuestos extra? No. Es necesario para cubrir esa brecha endeudarse más y es lo que ha hecho este gobierno, sin control”, comenta Lemus.
Y los datos no son muy esperanzadores para el país. Que la de El Salvador es la economía que menos crecerá en Centroamérica en este 2023 lo dice todo el mundo. Incluso el Gobierno, a través del Banco Central de Reserva (BCR), ha sostenido que el país crecerá apenas un 2.6 % para este año, lo que lo coloca a la zaga en la región con naciones que superarán los 2.9 puntos porcentuales en cada caso.
El que da un pronóstico más positivo de crecimiento para El Salvador es el Banco Mundial, con un 2.8 %, que incluso brinda un número superior al del propio BCR. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por su parte, coloca el número en un 2.3 %. Y en su informe de “Perspectivas Económicas Mundiales” (WEO por su sigla en inglés), el Fondo Monetario Internacional (FMI) deja la proyección de crecimiento del PIB para El Salvador en 2.2%. En el 2024, lo vaticinado es peor: CEPAL lo proyecta en un 2 %.
Para Rafael Lemus, esta expansión en el gasto que supera por mucho a la de la economía tendrá, tarde o temprano, repercusiones en la vida diaria de los salvadoreños. Sin embargo, ya se están viendo las primeras señales de las consecuencias que vienen para el futuro.
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“Por eso estamos en este problema, en que el Gobierno se ha quedado corto de liquidez. Le debe a los proveedores, le ha quitado la liquidez a los bancos, ha mermado las reservas internacionales. Y este año, aunque no se tome así, cayó en un impago con el Fondo de Pensiones… no está siendo capaz de honrar sus compromisos, pero insiste en decir que todo está bien. Es enfermizo”, dice Lemus.
La única salida para El Salvador, según sostiene el economista Luis Membreño, será un esfuerzo de ajuste fiscal, que podría ser obligatorio para el Gobierno si llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien podría erogarle $1,300 millones.
Tal decisión será experimentada, inmediatamente, por el salvadoreño de a pie, pues el impuesto más probable a aumentarse será el IVA. Con ello, todos los productos de consumo, incluso los alimentos y medicamentos, serán más caros.