Las familias salvadoreñas podrían seguir enfrentándose a más dificultades económicas este año, luego de haber cerrado un 2022 que alcanzó niveles de inflación históricos (7.32% a diciembre) y precios en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que no se habían visto en los últimos 21 años.
Lo anterior está relacionado con los nuevos precios de los combustibles que publicó la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, y que indican que son superiores que los fijados durante casi todo el año pasado para contener el impacto de la inflación en el país.
Dicha fijación, que se implementó mediante un decreto, dejó de estar vigente el pasado 31 de diciembre y, desde entonces, la gasolina superior y regular, así como el diésel, han experimentado importantes alzas.
El director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Danilo Pérez, señala que estos incrementos se trasladan directamente a las familias salvadoreñas pues. Un rubro que se ve afectado con estos valores es el de los alimentos que se consumen a diario en el país.
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“A la base de los alimentos está la energía y el petróleo, los cuales también están a la base del transporte que se encarga de trasladar esos alimentos y otras mercaderías”, apunta Pérez, quien sostiene que debido a los nuevos precios de los carburantes, podría haber impactos en toda la cadena de distribución, lo cual desemboca en un aumento de costos en la producción y traslado de todos los productos y que es absorbido por la población en general.
Con respecto a esos incrementos, Raúl Alfaro, presidente de la Asociación de Transportes Internacionales de Carga (ASTIC), señala que con el nuevo precio del diésel, la tarifa por transportar mercadería hacia la región no sufrirá cambios, pues dentro de los rangos de costos que manejan la variación no es suficiente para modificar la tarifa.
Sin embargo, eso se aplica solo a las últimas dos actualizaciones de precios. Si se compara la tarifa que cobraban los transportistas cuando el precio del diésel se encontraba fijado en $4.14 con la actual, puede notarse un incremento considerable, que en destinos como Guatemala puede ascender a unos $50 por cada viaje, habiendo pasado de $690 en diciembre, a $740 en los primeros días de febrero, según las cifras de la ASTIC.
Debido a esto, Pérez apunta que el 2023 será un año en el que no se verán rebajas en los precios de la CBA tanto para el sector urbano como el rural, los cuales cerraron el año pasado arriba de los $240 y $181, respectivamente, debido a distintos factores, como lo es el alza en los combustibles o la paja producción de alimentos en el país.
Este último punto está estrechamente ligado con los aumentos en los precios de la CBA, pues según el director del CDC, casi un 90% de las frutas, verduras y hortalizas que se consumen en el país son importadas desde los países vecinos, y es la razón por la que un aumento en los precios de los hidrocarburos y un incremento en los costos del transporte de mercadería recae en el bolsillo de los salvadoreños.
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Ante esto, Pérez reitera que “no hay señales que nos indiquen que bajarán los alimentos”, y añade que también los bienes de consumo en general, así como las materias primas podrían enfrentar nuevas alzas en sus precios, lo que podría afectar a la industria salvadoreña.
“Individualmente, no solo subirán los alimentos, sino también los bienes en general”, recalca el director ejecutivo del CDC, quien además subraya que el 2023 sería ya el tercer año consecutivo en el que el país enfrenta una situación económica completa, pues, desde 2021 han sido sensibles las alzas.
Con respecto a los combustibles, los precios actuales están a punto de alcanzar y superar a los precios que se registraron en marzo de 2022, cuando la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, provocó que el petróleo se disparara en los mercados internacionales.
Un año antes, es decir, en marzo de 2021, el petróleo valía hasta un 35% menos y, desde entonces, ha experimentado subidas tras subidas, solo interrumpidas por el decreto de fijación de precios que estuvo vigente entre los meses de abril y diciembre del año pasado.
¿Pero cuál o cuáles son las posibles soluciones? Anteriormente, el presidente de la ASTIC señalaba que una medida que podría beneficiar al sector del transporte de carga era el mantener los precios del diésel por períodos de tres meses, de esa forma los clientes no se verían forzados a subir el precio de sus productos con cada actualización.
Por su parte, Pérez añade que una medida a corto plazo podría ser el impulsar la producción agrícola local para depender menos de la importación de alimentos en el país, aunque señaló que si la tendencia en los combustibles continúa, el gobierno debería fijar los precios nuevamente.