La decisión de conformar una empresa de economía mixta le ha permitido a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que una compañía extranjera maneje un bien del Estado sin tener que pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa. En este caso, los puertos de La Unión y Acajutla por un periodo de 50 años.
Esto es gracias a las modificaciones a su ley orgánica, aprobadas en 2023, que le facultan para realizar asocios público-privado y la creación de empresas de economía mixta sin el aval de ninguna otra institución. Por tanto, el acuerdo solo ha sido visto, hasta ahora, por el personal de CEPA encargado del acuerdo y por la empresa privada turca. Y seguirá así, pues no hay planes de que se haga público.
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Pero expertos señalan que este acuerdo es una especie de "concesión disfrazada", por lo que lo realizado en el trato con Yilport contradice la Constitución de la República, que indica en su artículo 120 que las concesiones "deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa".
"Esta 'concesión' está fuera de cualquier marco jurídico porque en ninguna ley se autoriza a ningún funcionario, incluido al ciudadano presidente, para dar en concesión ningún bien público. Ni el presidente de CEPA, la Junta Directiva ni el presidente de la República pueden hacer eso que dicen que van a hacer con la empresa turca", comentó una economista, experta en temas de concesiones, quien pidió resguardar su identidad.
Para la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, es preocupante que esta administración "siempre busque eludir" lo que le mandata la Constitución y las leyes, en este caso, la "Ley de Concesión de Espacios de Dominio Público Marítimo Terrestre", que indica que estos procesos siempre deben pasar por el escrutinio de la Asamblea Legislativa y someterse a concurso público, un paso que se obvió con la elección directa de Yilport.
"En nuestro país, la Constitución parece ya no importarle a nadie. Y es más preocupante que alguien que debería encargarse de que se cumpla, que es la Sala de lo Constitucional, esté supeditada al Ejecutivo. Eso vulnera, al fin y al cabo, los intereses de todos los salvadoreños", comenta Villatoro.