La promesa hecha por el presidente de la República, Nayib Bukele, el 15 de septiembre 2021, de acabar con las “pensiones de hambre” en el país parece ser que no se hará realidad en los próximos meses, según lo planificado en el presupuesto 2023 y las opiniones de expertos.
En el proyecto de presupuesto del próximo año se establece que el costo previsional (gasto de pensiones) para 2023 será de $570.6 millones, lo cual solo representa un aumento de $17.3 millones en comparación a lo proyectado para el 2022 que fue de $553.2 millones.
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El documento detalla que de los $570.6 millones planificados para cubrir el financiamiento del costo previsional, $168.5 millones corresponden al aporte presupuestario del Estado para transferir recursos al ISSS e INPEP para la continuidad del pago del sistema de pensiones del sistema público y del sistema anterior a la reforma de 1998 (con la cual se estableció el sistema de ahorro individual, vigente actualmente).
Y la mayor parte de los fondos, $402.1 millones, serán para financiar el pago de intereses y amortización del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Este último es un mecanismo previsto para que los ahorrantes del sistema privado “presten” dinero al Estado para pagar pensiones a los jubilados bajo el extinto sistema de reparto.
¿Qué dicen los expertos?
A juicio del economista Rafael Lemus, los $17.3 millones adicionales presupuestados por el gobierno para este tema responden a factores demográficos. En concreto, que nuevos ciudadanos van entrando en edad de recibir pensiones.
“Esos grupos a los que les toca retiro empiezan a causar pensiones y por eso se dan esos aumentos”, dijo el experto en declaraciones a El Diario de Hoy.
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Seguido de eso manifestó que el presupuesto se elabora solo tomando en cuenta el marco legal vigente actualmente (que establece las obligaciones previsionales del gobierno) pero, de momento, no parece haber una asignación de recursos lo suficientemente robusta como para implementar una propuesta de cambio al sistema de pensiones.
Por lo tanto, advierte que esa reforma sería más adelante y tendría que conllevar ajustes significativos a tal presupuesto.
Tiempo de la reforma
Al preguntarle al economista si cree que la enmienda se podría dar a conocer el próximo año, Rafael Lemus contestó: “Yo veo que van como jugando, dicen que ya la tienen, que en 15 días la presentan, que el 15 de septiembre la presentan, pasaron meses y meses, pasó un año y nada”.
Añadió: “Yo creo que ellos más bien están jugando, básicamente es un proyecto político que quiere llegar a las elecciones, viene navegando en turbulencias fiscales y está tratando de no tocar muchos factores que sean de rechazo”.
Por otra parte, el experto expuso que la reforma de pensiones puede ser un factor que ocasiones un fuerte rechazo hacia el gobierno de Bukele, debido a que “ellos han ofrecido aumentar pensiones al 70% y actualmente está como por 30% más o menos, pero si ellos salen con un churrito dando 35% o 40% , la población no lo va a ver bien y ese puede ser un factor de rechazo o de una posición más fuerte que el que ya tiene”.
Para Lemus esa es la razón por la que algunos temas se van difiriendo, ya que políticamente no les conviene tocarlos actualmente.
En ese sentido, el economista opinó que una reforma estructural o más robusta a las pensiones podría ser abordada hasta que pase la próxima elección general de 2024.
“Un escenario es que, por ejemplo, no hagan nada y sea después de las elecciones (la modificación al sistema previsional) porque les conviene mantener pendiente el tema”, indicó.
Por su parte, la agencia de análisis financiero EMFI advirtió el 17 de mayo pasado que “si bien la administración Bukele obtendría los fondos necesarios para honrar sus compromisos de deuda con la implementación de la reforma, creemos que se ha retrasado porque es poco probable que cumpla la promesa de aumentar las pensiones, que es la razón por la cual los salvadoreños demandan la reforma”.
Advertencia de expertos
En años anteriores, economistas y expertos han advertido que una reforma previsional debe priorizar la cobertura y la solidez de las pensiones y no debe verse como una simple herramienta de liquidez al gobierno.
Esto es particularmente relevante en momentos en que el gobierno tiene frente a sí una apretada situación fiscal y debe hacer importantes pagos de deuda que podrían comprometer su liquidez y su capacidad de maniobra.