La inseguridad jurídica que vive El Salvador podría transformarse en su principal lastre en la carrera por aprovechar las nuevas oportunidades del mercado internacional generadas por la oleada de nuevos aranceles aprobados y prometidos por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
La posibilidad de cambiar leyes con las que, actualmente, cuenta el Ejecutivo de Nayib Bukele, es lo que causa el lastre.
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La costarricense Carolina Palma, socia de Impuestos Indirectos y líder de Comercio Internacional de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, asegura que, si bien esta situación trae retos para las empresas que tienen a Estados Unidos como centro de su cadena logística, también podrían ser la razón para que compañías localizadas en jurisdicciones afectadas por los aranceles (como China o, potencialmente, México) decidan relocalizar parte de sus operaciones en los países de Centroamérica, incluido El Salvador.
La experta menciona que estos tienen como ventaja su cercanía geográfica con Estados Unidos y que los productos manufacturados dentro de sus fronteras no pagan impuestos para entrar en la nación norteamericana.
Esto último es gracias al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA), vigente desde 2006. Este escenario no ha sido amenazado, hasta ahora, por Trump.
Sin embargo, El Salvador podría quedarse a la zaga de esta carrera por aprovechar el nuevo estado de cosas del mercado internacional porque es el menos atractivo en la región para los inversores extranjeros.
Eso es lo que muestran los datos de 2023 (último para el que existen cifras completas) de Inversión Extranjera Directa (IED) de los seis países de Centroamérica.
Ese año, El Salvador solo atrajo $760 millones, $316 millones menos que el segundo peor, Honduras. Para hacerse una idea que tan bajo es el dato de nuestro país, hay compararlo con el registro del mejor, Costa Rica, que tuvo cinco veces más ($3,921 millones).
Y en 2024, la IED de El Salvador apunta a ser todavía más baja, pues, en los primeros tres trimestres, atrajo un 27% menos que en el mismo periodo de 2023.
Para Palma, uno de los más grandes factores que afectan la IED en un país es la inseguridad jurídica, algo que en El Salvador tiene su mayor expresión en el hecho de un solo poder del Estado, el Ejecutivo, y más concretamente una persona, el presidente de la República, puede cambiar leyes con una facilidad extrema, incluso la Constitución.
"En este momento es complicado por la situación jurídica en la que está El Salvador", comenta la experta.
"Las empresas necesitan seguridad jurídica... En el momento en que usted le diga "no, no sabemos, puede ser que sí, puede ser que no", es demasiado el riesgo. Están apostando mucho, están apostando un capital, una investigación", añade.
Palma matiza su respuesta y comenta que, sin embargo, esta facultad del presidente puede ser una ventaja, pues también puede, de forma expedita, crear leyes que garanticen la seguridad jurídica para las empresas. Sin embargo, con igual rapidez puede darles marcha atrás cuando lo desee.
"Mi recomendación en este momento sería, al gobierno y a las personas que están en estos temas, dar esos decretos, para atraer a las empresas y aprovechar esta coyuntura, para poder revertir eso (la baja atracción de IED) en el corto plazo", dijo.
El ejemplo de mayo de 2021
Que la inseguridad jurídica espanta las inversiones ya lo vivió El Salvador en carne propia. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en cuestión de horas, sin que mediara el proceso marcado por la ley. Colocó a funcionarios afines al presidente, Nayib Bukele.
Fue, en la práctica, un golpe de Estado del Órgano Legislativo al Judicial. Y eso se tradujo en que la seguridad jurídica de El Salvador se tambaleó.
La IED en los dos primeros trimestres de 2021 fue de $413.89 millones, un monto saludable. Sin embargo, la tendencia se revirtió en los últimos seis meses de ese año, cuando la IED fue negativa, de -$99.42 millones.
Y el primer trimestre de 2022 fue catastrófico, cuando se llegó a -$226.32 millones.
"Cuando un empresario extranjero ve eso dice: ´aquí han destituido jueces, han quitado al fiscal. ¿Qué me garantiza que no me puedan quitar mis propiedades, que no me vayan a iniciar procesos penales injustos?'. Por eso es que deciden no invertir en este país, porque aquí no se respeta la Constitución ni las leyes", comentó el economista Rafael Lemus para este periódico en una nota anterior.
Esa irrefutable relación entre seguridad jurídica e IED la reflejaban los datos del BCR antes de que esa institución hiciera, en marzo de 2024, una serie de increíbles ajustes a los registros de la IED, algo que ya fue señalado por El Diario de Hoy.
En concreto, modificó al alza los números posteriores a mayo de 2021 y disminuyó los de 2020, en una magnitud poco creíble y con demasiado atraso, pues se ajustaron datos de hasta cinco años en el pasado. Expertos consultados entonces concluyeron que se trataba de "una manipulación de números", cuya intención era achacar los pobres resultados globales de la IED durante la administración de Nayib Bukele a la pandemia de Covid 19, en 2020, cuando las economías del mundo se cerraron.

Para hacerse una idea de la magnitud del cambio, está el ejemplo del primer trimestre de 2022, cuando se pasó de -$226 millones a $121 millones. Creció $347 millones, un número altísimo y poco creíble. A pesar de los ajustes, El Salvador sigue siendo el país que menos Inversión Extranjera Directa atrae en Centroamérica.
Una oportunidad
El día en que brindó su entrevista a El Diario de Hoy, Carolina Palma tendría un encuentro con 800 empresarios mexicanos para explicarles algunas acciones para aumentar su resiliencia si, en efecto, Estados Unidos termina aplicando aranceles del 25% a sus productos a partir de marzo.
Una de las opciones es, como se explicó, mudar parte de sus operaciones a algún país en Centroamérica, como El Salvador. Según la experta, esto es porque los puestos de trabajo que se requeriría llenar no requieren de una mano de obra extremadamente calificada.
Así, la falta de formación no sería una barrera tan importante a sortear, pues se trata de productos como maquinaria liviana, repuestos de automóviles y electrodomésticos.
"El mensaje para las empresas es diversificar su riesgo. Mientras tiene la operación en México, pudiera contemplar la posibilidad de tener una en paralelo en El Salvador. Los costos de una se pudieran mitigar con los de la otra. En la cadena de suministro, lo más importante es que haya resiliencia, que no existe si tengo todo mi riesgo depositado en un solo lugar", explica la experta.
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