La continuidad de las medidas económicas que emitió el gobierno en marzo pasado, y que incluyen la fijación de precios de los combustibles, es algo que se está analizando debido a las recientes caídas que ha tenido el precio del petróleo en los mercados internacionales.
Así lo señaló el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, quien en una entrevista el programa Frente a Frente, detalló que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía evalúan si extender la vigencia de esa fijación o darla por finalizada el próximo 31 de agosto, fecha en que vence el decreto transitorio.
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Esto debido a que en las últimas horas el precio del barril de petróleo del West Texas Intermediate (WTI), mercado de referencia para El Salvador, cayó hasta por debajo de los $90, un valor que refleja una disminución muy significativa con respecto a los que alcanzó en los últimos meses, luego de la invasión de Rusia a Ucrania.
Sin embargo, Salazar explicó que aunque el precio del barril ya comenzó a bajar, el precio de referencia de los combustibles todavía se mantiene arriba de la fijación de precios, aunque añadió que el gobierno ahora está subsidiando menos de lo que subsidió en los primeros meses que se aprobó la fijación.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó la semana pasada que el gobierno está analizando esas tendencias en el comportamiento del precio del petróleo, y afirmó que las medidas se mantendrán "mientras la situación no mejore".
Zelaya dijo que la decisión sobre continuar o no con las medidas se tomará en los próximos días.
A la fecha, el precio de los combustibles se mantiene en $4.31 para la gasolina especial ($4.32 en la zona oriental), $4.15 para la regular y $4.14 para el diésel. Desde abril pasado el gobierno fijó estos precios al consumidor como paliativos para la elevada inflación nacional, que a junio fue de 7.76%.
Según el titular de la defensoría, con los precios actuales de los combustibles, el gobierno está subsidiando alrededor de $0.70 en la gasolina y unos $0.90 en el diésel.
Confirma procesos sancionatorios
Por otra parte, Salazar agregó que durante la vigencia que ha tenido el decreto, que incluye varias medidas para mermar el impacto de la inflación, se han realizado más de 103,000 verificaciones de cumplimiento a esas medidas, de las cuales unas 71,000 se han enfocado en el sector de los alimentos e insumos agrícolas, mientras que unas 32,000 se han enfocado en el tema de los combustibles y del Gas Licuado de Petróleo (GLP, también conocido como gas propano).
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A propósito de esas verificaciones, el presidente de la Defensoría afirma que hay alrededor de 260 establecimientos que están siendo investigados por, supuestamente, haber aumentado de forma injustificada los precios en productos como aceites, lácteos o verduras.
También afirmó que hay procesos sancionatorios contra unas 47 empresas por haber acaparado productos o haber subido los precios, de las cuales unas 35 ya fueron admitidas por el Tribunal Sancionador.
Con respecto a esas empresas que podrían enfrentarse a sanciones, Salazar detalló que la multa podría ascender a unos 500 salarios mínimos, siempre y cuando no logren justificar sus aumentos frente al referido tribunal.