En el marco del Día Internacional Contra la Corrupción (9 de diciembre), Xenia Hernández lamenta que el gobierno salvadoreño esté debilitando los instrumentos para controlar el uso de recursos y garantizar que los ciudadanos sepan qué hace con los impuestos que todos aportan.
Esta prominente experta en tema de transparencia aclara que exigir rendición de cuentas no es ser oposición, sino buscar que fondos que deberían ir a los más vulnerables no se pierdan en bolsillos o intereses particulares de funcionarios, parientes o amigos de estos.
Recientemente ustedes hablaron de nuevos retrocesos en transparencia y acceso a la información pública. Para un ciudadano que no está al tanto de los índices y estándares, ¿qué significa esta palabra de retrocesos un acceso a información pública y por qué debería importarle?
Antes había un poco más de información sobre algunos casos de corrupción y quizás había un poco más de revuelo en las redes sociales.
Cuando hablamos de retrocesos, quizá el impacto no es tan inmediato y por eso normalmente no se puede llegar a conectar cómo la falta de transparencia al final se traduce en desmejoras en servicios públicos y ahora, con el tema del régimen de excepción, en más vulneraciones a derechos humanos.
¿Cómo se conecta la transparencia con los servicios públicos?
Para ponerlo en un tema en específico, hablemos de educación. Si no se conoce cómo están distribuidos los fondos el presupuesto en esta institución, fácilmente los fondos no van a llegar a las escuelas y no podemos hacer un seguimiento de esos recursos y eso al final termina repercutiendo en la calidad de educación o el acceso a la misma.
El no saber cómo se utilizan los impuestos o cómo se asigna el presupuesto y se utilizan los fondos públicos puede llevar a desvíos para actos de corrupción o para beneficiar a unos cuantos y al final el sistema de educativos nunca termina de mejorar.
Mencionas la palabra corrupción. ¿Te parece que la falta de transparencia puede indicarnos un síntoma de corrupción?
Totalmente. Hay que recordar que promover la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, además de abrir todos los archivos posibles, busca que se cierren todos los espacios para actos de corrupción.
Nosotros constantemente decimos que a menor transparencia, mayor corrupción. Si un Estado no provee información a su ciudadanía para que esta pueda fiscalizar qué está haciendo con el dinero que entra de los impuestos, los fondos pueden estarse desviando a favorecer a funcionarios, familiares o empresas en cierto tipo de contrataciones
En El Salvador no hemos tenido un gobierno completamente abierto a revelar sus datos, pero ¿te parece que ha sido en mayor proporción el ocultamiento de información del gobierno actual?
Si lo comparamos con los gobiernos de ARENA, en aquel momento ni siquiera existía la Ley de Acceso a Información Pública, era una opacidad completa y no había forma de comparar qué tanto había o no acceso a información. Pero a partir de 2012, cuando entra en plena vigencia la ley, si bien es cierto ningún gobierno ha sido completamente transparente, sí podemos decir que hubo mayor involucramiento de parte de sociedad civil para usar este tipo de legislación y conocer qué está pasando. De 2012 para acá sí vemos que este gobierno busca todas las artimañas posibles para evadir controles.
Ahora además tienen el control total de las instituciones …
Con el control completo, todas las instituciones están facilitando que la opacidad vuelva a estar arraigada. No brindan ningún tipo de información y al actuar en tal opacidad, obviamente no hay claridad de cómo se toman las decisiones y se favorece a la impunidad.
Este gobierno está llevando a la completa opacidad nuevamente a las instituciones públicas entonces, más bien parece que están promoviendo una cultura de ilegalidad.
¿En qué se evidencia?
En varias de las leyes que ha aprobado recientemente la Asamblea oficialista, como la ley especial para la construcción de centros penitenciarios, la ley de simplificación de actos y procedimientos administrativos para el tren del Pacífico, la ley relacionada con la construcción del aeropuerto del Pacífico, el régimen de excepción, o contrataciones en Obras Públicas.
Todas estas leyes han sido aprobadas durante este año por parte de la Asamblea donde reina el partido mayoritario y están facilitando evadir todos los controles de transparencia. Ahí ves cómo queda inutilizada alguna legislación que medianamente había funcionado para advertir que había casos de corrupción en gobiernos anteriores, como la LACAP (ley que regula las contrataciones del Estado) o la ley de enriquecimiento ilícito que está quedando totalmente inaplicada.
La LACAP parece ser una de las víctimas principales del oficialismo. ¿Qué pierde la sociedad si buscan saltarse esta ley para temas tan diversos como elecciones y obras públicas?
Es un mecanismo de control que le vuelve más difícil a un funcionario el favorecerse con contrataciones irregulares. Quizá el ciudadano salvadoreño puede decir que no sirvió su fin completamente, pero sí permitió evidenciar algunos casos de corrupción que se dieron por contrataciones irregulares.
Esas contrataciones irregulares impidieron la provisión de servicios o una vida digna por décadas. Si teniendo la LACAP se han beneficiado algunos funcionarios públicos, saltársela es tener las puertas completamente abiertas para que cualquier funcionario beneficie a sus familiares y no quede ningún tipo de documentación porque además no se aplica la Ley de Acceso a la Información Pública.
Puede que sea un poco complicado para la ciudadanía entenderlo, pero estos mecanismos bien o mal eran un pequeño obstáculo para los actos de corrupción.
El Gobierno ha promovido la frase de “el que nada debe nada teme”. Si le aplicáramos esta misma frase a ellos, ¿por qué crees tú que hay tanto interés por ocultar qué están haciendo?
Ellos temen tanto porque deben mucho. Han necesitado construir toda una institucionalidad que les asegure la impunidad porque si saliera a la luz el uso de los recursos públicos, lo que realmente tendrían por parte de la población es un rechazo rotundo.
Si lográramos que el gobierno rindiera cuentan tan solo en gastos de publicidad, podríamos conocer que han ido millones de dólares para instalar narrativas a favor de la popularidad del presidente Bukele y en contraste, nos preguntamos en qué ha beneficiado realmente a la población.
Posiblemente la población se diera cuenta que es una popularidad basada en narrativas instaladas, en propaganda porque no hay mejora en vivienda digna, en educación, en disminuir la deserción escolar o en hospitales con mejor infraestructura.
A eso es a lo que le puede tener este gobierno, a que quede al desnudo toda la corrupción y cómo están operando de manera sistemática para construir ilusiones frente a una población que simplemente aplaude la propaganda gubernamental.
Mientras estamos teniendo esta discusión, el Gobierno sigue teniendo un porcentaje alto de aceptación y muchas personas se sienten más seguras y protegidas. ¿Crees que a los salvadoreños les interesa la transparencia cuando lo que está en juego es su vida y su alimentación diaria?
Definitivamente los porcentajes de popularidad demuestran que posiblemente no les interesa la transparencia porque han aceptado la narrativa del gobierno de que lo mínimo que están haciendo es suficiente. Esto recae gobiernos anteriores que se alejaron y dejaron de priorizar a las personas. La población lo resintió y ese es el castigo que le ha dado a los partidos anteriores. Este gobierno ha aprovechado ese rechazo para volverlo a su conveniencia.
Pero cuando en su momento la población vea que más allá de $300 que recibió una sola vez pudiese tener un mejor salario, una mejor vivienda, una mejor educación, puede interesarse cada vez más por exigirle cuentas a un gobierno, ahí puede empezar a activar los mecanismos y exigir cuentas.
El tema de seguridad parece ser una de las principales apuestas del oficialismo, pero incluso ahí han reservado datos clave. ¿Te parece lógico que no haya cifras del programa estrella del gobierno?
Realmente sus actuaciones son bastante improvisadas. Si hubiera información, simplemente quedaría al descubierto que no tienen una sostenibilidad. Necesitan seguir pintando una imagen de que hay un liderazgo que está haciendo las cosas bien, pero posiblemente cuando queden los datos al desnudo la población pueda mostrar un rechazo y por eso ellos no dudan en manipular los datos y ocultar toda esta información.
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¿Como en pandemia?
Sí. Veíamos hace unos meses cómo la OMS en un informe hablaba de que el gobierno había manipulado datos del covid-19, cuando una de sus narrativas era el buen manejo de la pandemia. Si esto trascendiera y la población quisiera conocer más sobre esto, podría ver que el mal manejo se debió a actos de corrupción del gobierno y por eso posiblemente murieron personas que pudieron haber sido atendidas mejor.
Si muchas medidas que ha tomado el gobierno no se sostienen con los números, ¿en qué se sostienen?
Esa pregunta no te la puedo responder. Justamente una de las reflexiones que nosotros hacemos es qué sigue sosteniendo la popularidad del gobierno pese a que hay miles de personas encarceladas de manera arbitraria.