En un contexto de graves violaciones a derechos humanos y un profundo deterioro del estado de derecho, el 4 de febrero de 2024 la ciudadanía salvadoreña elegirá presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Legislativa, calificó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).
Un análisis publicado esta martes por WOLA en su sitio web indica que la integridad de las elecciones salvadoreñas está "bajo cuestionamiento".
Apuntó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "ha establecido una serie de lineamientos que definen la integridad electoral y son la base de elecciones libres, justas y transparentes".
Indicó que se trata de "garantías judiciales, mayor transparencia, una administración electoral independiente, seguridad y publicidad del conteo de votos, equidad de recursos para competir, y claridad de las normas jurídicas electorales".
"El Salvador ha incumplido esos estándares mínimos para el ejercicio de los derechos políticos", acotó el centro de estudios y promoción de los derechos humanos en América.
“A pocos meses de las elecciones, varios cambios y reformas que afectan al proceso electoral han entrado en vigor a pocos meses de las elecciones, pero el deterioro democrático viene de años anteriores”, denunció WOLA.
Al menos una veintena de elementos reconoce el organismo internacional del gobierno de Nayib Bukele que socavan la democracia interna.
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Los primeros datan de 2020 cuando Bukele rechazó públicamente las sentencias de la Corte Suprema de Justicia para garantizar derechos fundamentales mientras se aplicaban las normas de la cuarentena por Covid-19. El año siguiente la Asamblea de Bukele destituyó a esos magistrados, a jueces y fiscales con más de 30 años de servicio.
También en 2021 el fiscal de la República, leal a Bukele, dio fin al acuerdo con la OEA para apoyar a la Comisión Internacional contra la Impunidad y cerró la unidad especial para investigar la corrupción.
En septiembre de ese mismo año la nueva Sala de Bukele publicó una resolución que avala la reelección presidencial, contrario a la Constitución misma. El 2021 cerró el año con sanciones de los Estados Unidos en contra de funcionarios de Bukele por negociar y otorgar incentivos económicos a las pandillas a cambio de reducir los homicidios.
“Existe una alta concentración del poder en manos de Bukele y su partido Nuevas Ideas que mantiene el control de la Asamblea Legislativa con 55 de 84 puestos. Asimismo, una serie de acciones evidencian amenazas e interferencias constantes al poder Judicial por parte del presidente Bukele, que limitan las garantías de independencia”, lamentó WOLA.
En 2022 El Salvador en marzo tuvo un fin de semana con 87 homicidios, por lo que se aprobó la pérdida de garantías constitucionales a nivel nacional bajo el estado de excepción.
Además, en plena celebración nacional de la independencia, Bukele se tomó la cadena nacional para anunciar su intención de reelegirse, pese a que al juramentarse prometió hacer valer la Constitución del país que prohíbe dicho acto.
“La reelección se basa en una resolución de la Sala de lo Constitucional y debido a que Bukele goza de mucha popularidad debido a sus políticas de seguridad represivas, no hubo mayor reacción de la población”, señaló WOLA.
Y finalizando el año su asamblea aprobó una nueva ley para el voto en el exterior sin discusión ni evaluación técnica.
Y a partir de 2023 la Asamblea de Bukele derogó la disposición de no modificar las reglas electorales con menos de un año previo a elecciones y comenzó a reducir el número de municipios y el número de diputaciones.
WOLA lamentó que con solo ocho meses antes de la elección, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que introduce un nuevo método de conteo de votos: la fórmula D’Hondt el cual favorece a los partidos mayoritarios.
“Esto podría atentar contra el régimen plural de partidos políticos garantizado en la Carta Democrática Interamericana debido a que existe un riesgo alto de que Nuevas Ideas se convierta en el único partido gobernante en la Asamblea, dejando fuera a la oposición política necesaria en cualquier democracia representativa”, advirtió el organismo.
Asimismo, consideran como medidas que socavan las garantías democráticas las reformas al Código Penal, a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten los juicios colectivos y eliminar el plazo máximo de 24 meses para los procesos penales.
Y en 2024, las elecciones del exterior sin regulaciones claras y sin supervisión electoral.
“Han habido señalamientos públicos de la falta de credibilidad e independencia de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, así como limitadas capacidades técnicas para la la supervisión del financiamiento de campaña, control de medios de comunicación y, principalmente, para regular el voto en el exterior”, expuso WOLA.
WOLA contrastó que para que unas elecciones sean íntegras se requieren garantías judiciales, mayor transparencia, una administración electoral independiente, seguridad y publicidad del conteo de votos, equidad de recursos para competir, y claridad de las normas jurídicas electorales
WOLA también incluyó la incorporación de la criptomoneda Bitcoin para curso legal en el territorio y que se ha registrado un retroceso severo en acceso a la información pública sobre el proceso electoral.
El llamado a la comunidad internacional
WOLA hace una serie de recomendaciones a la comunidad internacional, en tanto a que varios países y organismo internacionales fungirán como observadores del proceso.
Primero, WOLA expuso que para garantizar la integridad electoral, es necesario fortalecer el espacio cívico, la libertad de prensa y expresión. La sociedad civil debe desempeñar un papel fundamental en este proceso, ya que es un garante de la democracia.
“Que las misiones de observación electoral emitan recomendaciones sustanciales para, por ejemplo, prevenir la reelección indefinida que atenta contra la alternancia del poder, pilar esencial de la democracia representativa, y documenten irregularidades o prácticas que ponen en riesgo los derechos civiles”, expuso.
Son más de 5.5 millones de ciudadanos los convocados a participar en los comicios, que se harán en medio de la polémica por la candidatura a la reelección inmediata del presidente Bukele y en los que también se prevé un alto porcentaje de abstención, de acuerdo con varios analistas.