El decreto de la última prórroga al régimen de excepción, que suspende derechos y garantías constitucionales a nivel nacional, finaliza este 6 de diciembre de 2024 por lo que, como ha sido habitual por más de dos años y medio, la Asamblea Legislativa aprobó mantenerlo por 30 días más en la sesión plenaria de este jueves. Del periodo del 7 de diciembre de 2024 al 5 de enero de 2025.
Le petición del Consejo de Ministros se introdujo por la fracción de Nuevas Ideas en la agenda y se aprobó, como cada mes, con dispensa de trámites con los votos de la fracción mayoritaria y sus aliados.
La diputada Cesia Rivas, de Vamos, alertó sobre el “margen de error” del régimen de excepción como 300 muertes dentro de centros penitenciarios y las denuncias de capturas arbitrarias y exigió justicia para las personas desaparecidas.
Organizaciones nacionales e internacionales, incluso congresistas de los Estados Unidos, se han sumado al llamado de no prolongar más el régimen de excepción y restablecer las garantías y el debido proceso para las personas detenidas, debido a miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA en inglés) publicó un análisis este miércoles sobre el régimen de excepción en El Salvador, el cual pasó de ser una medida de seguridad a una política de Estado del gobierno de Nayib Bukele.
En el marco de la visita del congresista estadounidense Jim McGovern al país a mediados de noviembre, la WOLA hizo una recopilación de información sobre la situación de derechos humanos.
“El Salvador enfrenta una alta concentración del poder, falta de independencia judicial y un deterioro de las instituciones democráticas, así, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos recobra importancia debido a los fuertes vínculos de Bukele con el partido republicano y a círculos cercanos del presidente electo”, dice la organización.
En la última prórroga del régimen, el gabinete de seguridad consignó que se capturaron a 83,100 personas.
Pero el mismo presidente reconoció que se han capturado a personas inocentes y que fueron liberadas 8,000. “Ya vamos a liberar al 100% de inocentes”, afirmó durante su visita a Costa Rica.
“Lo que supone que por lo menos 10 por ciento de las personas detenidas son inocentes. La puesta en libertad de estas personas es difícil de corroborar ya que la falta de transparencia, datos confiables y acceso a la información es un problema grave”, advierte la WOLA.
Añade que ese reconocimiento público que realizó Bukele “debería de ser objeto de responsabilidad estatal internacional, incluyendo crímenes bajo el derecho penal internacional, ya que hay una aceptación expresa de violaciones a los derechos humanos, al acceso a la justicia, y al debido proceso”.
La Oficina agrega que las fuerzas de seguridad del estado, la fiscalía y el poder judicial actúan sin ningún control ni contrapeso, operando bajo un manto de total confidencialidad.
Además, destaca que el trabajo de documentación de organizaciones de derechos humanos y denuncias de muchas personas familiares de las personas detenidas sugieren que podría haber muchas otras personas inocentes que han sido detenidas.
Tomar medidas
La WOLA recomienda a la comunidad internacional seguir vigilando la situación en El Salvador y que los tomadores de decisiones estadounidenses tomen algunas acciones para atender la crisis de democracia y derechos humanos en el país.
Una de esas es promover la rendición de cuentas mediante Instituciones Financieras Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). “En las negociaciones entre el FMI y El Salvador, Estados Unidos debe utilizar su influencia como un mecanismo de rendición de cuentas al gobierno de El Salvador”, sugiere la WOLA.
Otra recomendación es instar a que se restablezca el debido proceso para los detenidos y oponerse a las reformas constitucionales que permiten la detención arbitraria, la prolongación de la prisión preventiva, entre otras posibles reformas.
También llamar a la liberación de personas inocentes y promover a que se dispense un trato humano a las personas detenidas en virtud del estado de excepción, incluido el acceso regular a visitas familiares, específicamente a grupos vulnerables como mujeres y menores de edad.
La WOLA recomienda a que se ponga fin al hostigamiento de periodistas y actores de la sociedad civil que promueven el estado de derecho.
Dos años y ocho meses de régimen
El régimen de excepción comenzó el 27 de marzo de 2022 como una medida de reacción por el aumento en los homicidios atribuidos a las pandillas y pese a que la Constitución de la República señala que se puede prorrogar una vez si las causas que lo originaron se mantienen, el gobierno ha insistido en las sucesivas prolongaciones.
Aunque el mismo Bukele ha dicho en espacios internacionales que El Salvador “es el país más seguro del Hemisferio”, el proyecto de decreto enviado dice que miembros de las estructuras de crimen organizado continúan con sus prácticas criminales, como extorsiones y tráfico de drogas.
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En el decreto se afirma que se han capturado a líderes de pandillas. “Sin embargo, estos criminales intentan obstaculizar las operaciones mediante estrategias para ocultar sus distintivos de pandilla y utilizan métodos para eludir su identificación y captura, recurriendo a la movilidad territorial para seguir cometiendo delitos”, dice el considerando quinto.
En un congreso oficialista, el vicepresidente Félix Ulloa trató de reducir el régimen de excepción a la suspensión de dos derechos: el del plazo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia, y que solo se aplica a las personas detenidas que enfrentan procesos por agrupaciones criminales.
Ulloa ocultó que el régimen suspende el derecho de defensa y es de aplicación a nivel nacional.
“Cientos de personas actualmente detenidas arbitrariamente pueden dar testimonio vivo de que no han tenido acceso a una defensa legal efectiva y oportuna en procesos bajo régimen de excepción. A decenas de abogados les consta que las autoridades policiales, fiscales, judiciales e incluso militares no solo se les han impedido ejercer defensa de personas detenidas bajo régimen, sino que han sufrido amenazas con represalias si continúan tratando de defender a estas personas”, comentó Celia Medrano, experta en derechos humanos.