El derecho a la libre expresión, a la libertad de asociación y al de reunión pacífica están siendo altamente vulnerados por el Estado salvadoreño, según registros de la "Plataforma de monitoreo del espacio cívico", presentada este martes por diversas organizaciones ciudadanas del país.
Los casos de vulneraciones a la libertad de expresión constituyen el 61.3 % de los casos (con 19), seguido por la libertad de asociación con el 22.6 % (equivalente a siete casos) y el derecho de reunión pacífica con el 16.1 % (cinco casos).
En cuanto al número de registros de la plataforma, los principales afectados son periodistas en un 58.1 % según el registro, con 18 casos; organizaciones de sociedad civil con el 12.9 %, equivalente a cuatro casos; representantes o liderazgos sindicales o gremiales con el 9.7 %, equivalente a tres casos; integrantes de partidos políticos con el 9.7 %, equivalente a tres casos; personas defensoras con el 6.5 % equivalente a dos casos; manifestantes con el 3.2 %, equivalente a un caso.
“La libertad de expresión, asociación y reunión son pilares fundamentales para la defensa y promoción de los derechos humanos en sociedades que buscan la paz, igualdad y democracia. Estas libertades son herramientas esenciales para asegurar una administración pública eficaz y orientada al bienestar ciudadano”, señaló la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
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Respecto al número de registros según el agresor, la plataforma recogió que son los funcionarios públicos los principales vulneradores de los derechos fundamentales, con el 51.6 %, equivalente a 16 casos; luego la Policía Nacional Civil, con el 29.0 %, equivalente a nueve casos; simpatizantes de partidos políticos con el 12.9 %, equivalente a cuatro casos, usuarios de redes sociales con el 6.5 %, equivalente a dos casos.
Ante estos datos iniciales recopilados, FESPAD insta al Estado salvadoreño a tomar las medidas necesarias para detener cualquiera de estas acciones, con el objetivo de garantizar el respeto de las libertades fundamentales de las y los salvadoreños, en especial aquellas libertades y derechos que están estrechamente vinculados con la contraloría social ejercida por organizaciones de la sociedad civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
“Es de fundamental importancia el papel de fiscalización hacia la gestión pública que se realiza desde la ciudadanía. Ello, es una garantía para avanzar en la construcción de un mejor El Salvador donde exista justicia social y una administración pública eficiente”, destacó la organización ciudadana.
En esta iniciativa le acompañan a Fespad el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
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FESPAD lamenta que en los últimos años han identificado barreras al ejercicio pleno de estos derechos dentro del espacio cívico, tales como la supresión de espacios de diálogo, la obstrucción de la labor periodística, la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de personas defensoras de derechos humanos y la progresiva obstaculización para la legalización de organizaciones de la sociedad civil.
“A ello se suma la aprobación de reformas legales que podrían instrumentalizar el sistema judicial en contra de la defensa de los derechos humanos”, añade.