Un total de 82 agresiones contra periodistas, mientras realizaban su labor periodística de reporteo, documentación gráfica e investigación, han sido registradas por el centro de monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), desde que inició el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Del total de agresiones, fueron reportadas 15 declaraciones estigmatizantes, 15 casos de intimidación, diez detenciones arbitrarias, ocho amenazas, siete casos de acoso digital y seis restricciones del ejercicio periodístico, entre otras.
En los casos sistematizados por la APES, los agentes del Estado utilizaron el régimen para amenazar a los y las periodistas con detenerlos bajo cargos de asociaciones ilícitas.
En algunas ocasiones, una autoridad policial o militar les impidió realizar su labor en lugares públicos utilizando como excusa la aplicación del mismo.
“Con el régimen de excepción se les detuvo, se les amedrentó o se les amenazó de alguna manera” detalló Gabriel Labrador, relator de la libertad de expresión de la APES.
Los criterios para definir las vulneraciones en el contexto del estado de excepción están relacionadas a las restricciones al ejercicio periodístico durante la cobertura en centros militares, ataques a partir de publicaciones o investigaciones sobre el régimen y detenciones arbitrarias por parte de militares y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Además, vulneraciones durante coberturas periodistas de capturas, redadas y operativos en el contexto del régimen y la criminalización de periodistas por parte de agentes y funcionarios del Estado al llamarlos “pandilleros” o “defensores de los pandilleros”.
Los principales agresores de los periodistas, según los datos de la APES, son los agentes de la PNC que suman 22 denuncias, luego los funcionarios públicos con 20, seguidos por integrantes de la Fuerza Armada con 19 casos de vulneración.
En cuanto a los servidores públicos que más agresiones cometen contra los medios de comunicación y los periodistas se ha identificado a los diputados de la bancada oficialista.
En cuanto a los grupos vulnerables, la APES contabiliza 16 agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales, cinco sufrieron intimidación, cuatro restricciones a su labor periodística, tres amenazas, dos detenciones arbitrarias de un familiar y una fue víctima de vigilancia.
Labrador aseguró que las vulneraciones, agresiones y hostigamiento hacia los periodistas y los medios de comunicación en general se han ido agravando con la implementación del régimen de excepción.
“Esto representa un retroceso bastante claro en el clima de libertad de expresión (…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está muy pendiente de todo lo que ocurre en materia de libertad de expresión” expresó labrador.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, agregó que hay un escenario bastante hostil, pero que, como asociación están en comunicación constante con la CIDH a través de su relatoría de libertad de expresión.
Durante la audiencia de la CIDH realizada el 14 de julio del año pasado sobre derechos humanos y régimen de excepción, la representante de los periodistas expuso que la prensa actualmente enfrenta niveles de hostilidad que no se había vivido desde la firma de los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992.
“Las agresiones que más se repiten son los discursos de odio estigmatizantes y difamatorios en contra de periodistas y medios no afines a la narrativa oficial, los ataques relativos a la seguridad digital y dispositivos móviles y las retenciones o ataque físico durante las coberturas” dijo.
En diciembre, Cárcamo informó que, además del acelerado aumento de vulneraciones a la prensa se han dado varios casos de transgresiones a familiares de los y las periodistas.
La captura de Benjamín Amaya, padre de la periodista de temas ambientales, Carolina Amaya, es uno de esos. La presidenta de la Apes explicó que la detención se dio después que la periodista publicara en el sitio Malayerba un reportaje que denunciaba a sectores empresariales y al actual gobierno.
Amaya (padre) fue capturado el 28 de febrero de 2022 junto a cuatro líderes campesinos más, en el municipio de San Juan Opico, un tiempo después de que supuestos representantes de una empresa de generación de energía renovable los amenazó para que desalojaran unas tierras del Estado localizadas en la finca Argentina, que ellos utilizaban para cultivar.
Tras la captura Carolina Amaya realizó una investigación periodística para conocer qué había detrás de la captura de su padre y el 31 de agosto publicó los resultados a través de una columna de opinión en el periódico digital El Faro.
“Mi padre está preso por interferir con los planes de una empresa que financió al partido Nuevas Ideas, el mismo que creó Bukele para pasar del bipartidismo al totalitarismo” aseguró.
Sin embargo, Cárcamo manifestó que no es la única denuncia registrada de este tipo en la Apes. En octubre del año pasado, el padre de otra periodista fue capturado en un municipio de San Salvador, a quien también le brindaron acompañamiento hasta su liberación.
“Hay una tendencia a no solo afectar a las personas periodistas, sino también a su círculo cercano y eso es algo muy preocupante para nosotros como asociación, sobre todo porque hay casos de carácter interno que no podemos divulgar porque hay temor a denunciar (de parte de las víctimas)” manifestó.
Periodista presos y desplazados
El periodista Víctor Barahona permaneció casi un año en prisión, fue capturado el 7 de junio de 2022, tres días después de entrevistar en su programa de televisión comunitario a Rodolfo Pereira, líder de vendedores informales, quién denunció el acoso de parte de las autoridades. Luego de esa entrevista, Pereira fue capturado y un día después el periodista.
El comunicador relató que los agentes ingresaron a la vivienda sin una orden de captura y le preguntaron si había sido capturado alguna vez y si tenía tatuajes, a lo que él respondió que nunca había sido detenido y que solo tenía un tatuaje de una rosa. Además, les dijo que él era periodista comunitario, pero los policías no le dieron importancia.
Después de pasar casi un año en prisión acusado por el delito de asociaciones ilícitas, el periodista fue liberado bajo medidas sustitutivas a la detención, entre ellas no cambiar de domicilio, no salir del país y no reunirse con personas, a pesar que en el momento de su detención detalla que se encontraba solo en su casa.
Al salir de la prisión Barahona relató el sufrimiento que pasó en el penal de Izalco, pues sin la atención médica adecuada estuvo a punto de morir gravemente afectado por las protuberancias llenas de pus en su cuerpo. Además, atestiguó de primera mano, las torturas y palizas a otros reos.
Por otra parte, la APES contabiliza el desplazamiento forzado de 17 periodistas por temor a ser víctimas de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.
Asimismo el periódico digital El Faro anunció en abril del año pasado el traslado de su operación administrativa y legal a Costa Rica, alegando una campaña de difamación y acoso por parte del gobierno del presidente Bukele.
Amenazas legales
De igual manera, la presidenta de la Apes mostró su preocupación por la demanda contra El Diario de Hoy por 10,000 millones de dólares, por parte de Yakov Fauster, suegro del director de la Oficina de Inteligencia del Estado (OIE).
“Es una demanda millonaria que tiene como objetivo amenazar y cerrar un medio de comunicación y afectar a un periodista, sería un pésimo precedente para el ejercicio periodístico en este país”, manifestó.
El 27 de enero de 2022, Fauster pidió a El Diario de Hoy el derecho de respuesta a una nota publicada el 14 de enero de ese mismo año, en la que el medio retomó información de una investigación periodística de la revista mexicana Proceso que lo mencionaba.
El derecho de respuesta fue publicado el 6 de febrero, posteriormente Fauster inició un proceso judicial de rectificación ante un Juzgado de Paz, señalando no estar conforme, ese proceso finalizó con una nueva orden del juez a El Diario de Hoy, de publicar una segunda carta de derecho a respuesta, la cual fue divulgada el 2 de abril de 2022.
El juzgado dio por cumplida la sentencia y archivó el proceso, pero en junio de 2022, Fauster arremetió nuevamente contra el periódico con una demanda civil por 10 millones de dólares.
El acoso y hostigamiento a los periodistas y los medios de prensa en El Salvador ha sido denunciado a nivel internacional en el informe mundial de violaciones a derechos humanos, presentado el 11 de enero en Nueva York por Human Right Watch.
“El gobierno ha creado un ambiente hostil para los medios de comunicación y miembros de la sociedad civil y ha deslegitimado su trabajo, por ejemplo, acusándolos de ser ‘defensores’ de las pandillas” señala el documento.