“En horas de la noche sobre los últimos acontecimientos existió ciertas confesiones de parte del Sr. Goches empresario.... Pronto se conocerán las verdaderas intenciones del desalojo”, publicó la abogada Ivania Cruz, a las 9:38 de la mañana de este viernes, en su cuenta de X, en el cual también detalló que a las 2:30 p.m. se conocería la resolución del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador sobre el Caso La Floresta y Fidel Zavala.
Cruz es representante de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) y también está siendo acusada en ese caso, junto a otro abogado, Rudy Joya, ambos activistas de derechos humanos.
Cruz se refería a la decisión que tomará el Tribunal que realizó la audiencia de imposición de medidas desarrollada el jueves 13, en el proceso judicial contra 25 personas, entre éstas el activista de derechos humanos, Fidel Antonio Zavala Pérez, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos cargos relacionados a la ocupación de un inmueble en la jurisdicción de San Juan Opico.
De acuerdo con fuentes vinculadas al mismo caso, que pidieron reserva de identidad por razones de seguridad, podría existir un interés gubernamental en la llamada Finca La Floresta.
Proyecto gubernamental
Fuentes de El Diario de Hoy, afirmaron que ayer, al final de la audiencia, casi a la medianoche, el propietario del inmueble declaró que él ya había sostenido reuniones en varias ocasiones con algunas de las personas vinculadas al proceso, para buscar la manera de entregarles una escritura pública a ellos, para que pudieran vivir sin ningún problema.

De acuerdo con abogados consultados, con tal confesión de parte del propietario de La Floresta, estaba reconociendo la posesión que ellos (los ocupantes) tenían sobre la propiedad de él, y en consecuencia esto inhibe cualquier posibilidad de interponer un proceso por usurpación de la tierra, detallaron las fuentes.
Las fuentes vinculadas al proceso también aseguraron que durante la audiencia judicial, el propietario afirmó que el motivo por el cual quería desalojarlos es porque había entrado en conversaciones con funcionarios del Ministerio de la Vivienda, entidad que está interesada en desarrollar en La Floresta, un complejo habitacional.
“El motivo de fondo es justamente porque quieren construir casas en ese lugar, casas que evidentemente está amparado bajo el tema del Ministerio de Vivienda”, afirmó uno de los defensores consultados al respecto.
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El Diario Hoy gestionó la versión del Ministerio de Vivienda sobre este tema, ante la gerencia de comunicaciones de esa cartera de Estado y ante la encargada del despacho ministerial a quienes se les envió sendos correos electrónicos, pero hasta la publicación de esta nota no había respuesta.
En este proceso judicial, Zavala, quien es vocero de Unidehc, es acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones y ejercicio Ilegal de la profesión.
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