En El Salvador, el acceso a la propiedad de una vivienda digna se vuelve cada vez más complicado. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2023, en 48 de cada 100 hogares, las familias no eran propietarias del lugar en el que residían. Una vivienda no solo proporciona techo, sino que también facilita el acceso a derechos esenciales como la seguridad, educación, recreación, empleo y salud.
Sury de León, residente en el reparto Don Miguelito, distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro, repara constantemente su casa de láminas Desde hace cinco años, el suelo que sostiene su hogar ha sido devastado por los deslizamientos. Para prevenir más erosión, Sury cubre el terreno con más de 60 yardas de plástico. Sus ingresos, que no superan los $100 mensuales, le impiden mudarse a un área más segura para ella y su familia.
Cada temporada de lluvias, Ana Hernández y su familia monitorean el nivel del río Grande, en el caserío Las Conchas, distrito de Concepción Batres, en Usulután Este. Cuando el agua sube, trasladan sus pertenencias a zonas más altas para evitar daños por las inundaciones. Con ingresos mensuales de solo $120, la familia no puede permitirse una vivienda en un lugar más seguro.
Virginia Álvarez vive junto al volcán Chaparrastique, uno de los más activos del país, en el caserío La Curruncha, cantón El Borbollón, en el distrito de El Tránsito, San Miguel Oeste. Su casa, construida con láminas, se asienta sobre un terreno de piedras volcánicas. Ella no posee escrituras, solo un permiso de tenencia otorgado por la extinta alcaldía municipal de El Tránsito. Virginia vive en constante temor al desalojo y a los riesgos que representa la actividad del volcán.
Las tres mujeres comparten una misma realidad: viven en zonas de riesgo, carecen de escrituras de sus viviendas y no pueden acceder a un lugar más seguro debido a sus bajos ingresos. En El Salvador, con un salario mínimo de $365, mientras la canasta básica urbana cuesta $249.25 y la rural $176.21, las posibilidades de acceder a una vivienda digna son muy limitadas.
Los tres hogares enfrentan condiciones de pobreza. En El Salvador, el 40 % de la población, alrededor de 2,5 millones de personas, vive en alta vulnerabilidad económica, ganando entre $6,85 y $14 diarios. Esto sólo les permite cubrir algunas necesidades básicas. Un imprevisto, como una enfermedad o un desastre natural, podría empujar a estas familias a una situación de pobreza extrema, según el Banco Mundial.
"No contamos con una política pública de vivienda en El Salvador. A pesar de que en administraciones anteriores sí existían, actualmente solo hay lineamientos del Ministerio de Vivienda y del Fondo Social de la Vivienda. Esto deja al derecho humano a la vivienda desprotegido y sin regulación adecuada”, explica Teresa Ramos, coordinadora de la Dirección de Cultura y Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Los precios de las viviendas varían según la oferta y la demanda, generando incertidumbre para quienes perciben el salario mínimo. Con este ingreso, una persona puede acceder a un préstamo de hasta $25,000 a través del Programa Vivienda Social del Fondo Social para la Vivienda (FSV).
“El ingreso de una familia debe permitir que, al pagar por la vivienda, no se comprometan otros derechos humanos. Esto incluye que el gasto sea soportable y sostenible para las familias”, añade Teresa Ramos.
Una vivienda no sólo se compone de techo y paredes; debe cumplir con siete elementos esenciales según ONU-Hábitat: seguridad de tenencia, servicios básicos como agua potable y electricidad, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación adecuada y respeto por la adecuación cultural. De acuerdo con el Mapa Socieoeconómico: guía para los 44 municipios de El Salvador, alrededor del 38 % de la población vive en condiciones de hacinamiento, es decir, varias personas o una familia numerosa comparten una sola habitación, lo que limita el bienestar físico y mental de cada integrante debido a la falta de espacio adecuado.
"Una política pública adecuada debe incluir regulaciones claras sobre el costo de la vivienda, accesibilidad para distintos grupos, y programas que garantizan el acceso para mujeres y familias de bajos recursos. Las mujeres enfrentan limitaciones significativas para acceder a la vivienda, en parte debido a que una gran proporción de ellas trabajan en la economía informal, lo que les impide cumplir con los requisitos de titularidad”, señala Teresa Ramos.
De acuerdo con el VII Censo de Población y VI de Vivienda, realizado y publicado en 2024, el 65.4 % de los hogares en El Salvador son propietarios de su vivienda. Sin embargo, no se especifica quiénes figuran como titulares de estas propiedades. El último boletín de Estadísticas de Género 2011-2021 de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) revela que sólo el 45,98 % de las mujeres en el país son propietarias de viviendas.
El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en El Salvador y está incluido en el artículo 119 de la Constitución de la República. En este art. se establece que “El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda”.
Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de destinar recursos para garantizar el acceso a una vivienda digna para aquellos salvadoreños que aún no la poseen.
La casa de Sury se desmorona
Sury de León reparaba con láminas una parte de su casa en el reparto Don Miguelito, en Mejicanos, San Salvador Centro, mientras una parte se desmoronaba. En esta comunidad, que cuenta con más de 100 viviendas, algunas casas están en zonas propensas a deslizamientos. Durante las primeras lluvias de junio de este año, el suelo de la habitación de una de sus hijas y nietas comenzó a hundirse. Un estruendo alertó a Sury, quien corrió a ver qué había pasado: la erosión había formado un hoyo y la cama había caído al precipicio. Con lazos, lograron recuperar la cama desde el barranco.
Sury, de 48 años, vive en esta casa desde hace 11 años, y desde hace cinco, el suelo comenzó a deslizarse. Su hogar, hecho de láminas y troncos de madera, se levanta sobre tierra blanca. Bajo su mismo techo viven 14 personas más: su mamá, hermanas, hijas, sobrinos, y nietos; incluyendo cuatro niños menores, de 1, 5, 7 y 12 años. Todos forman una misma familia.
Antes de llegar al reparto Don Miguelito, Sury vivía en un cuarto tan pequeño que apenas cabía su cama. Esta situación la llevó a mudarse con Francisco, su padre, al reparto Don Miguelito. Hace más de 10 años, una vecina le pidió a Francisco que cuidara su casa mientras ella vivía en Estados Unidos. En 2019, él fue atacado por pandilleros de una zona cercana. Le dispararon en la cabeza. Esto le provocó inmovilidad en la mitad de su cuerpo. Falleció seis años después debido a una pulmonía que complicó su condición de salud.
Desde entonces, Sury asumió ser la jefa del hogar. Ella se encarga de enfrentar los problemas de la casa. “Por la necesidad, he aprendido a reparar las cosas de aquí. He sido creativa con poco para solucionar estos problemas”, comenta. Ha logrado reunir una pequeña caja de herramientas para las reparaciones necesarias. Además, tiene una pequeña tienda donde vende huevos, detergente, papel higiénico, jabón y bolsas con agua. Sus ingresos varían, no superan los $15 semanales.
El primer signo de deslizamiento en la casa de Sury fue la caída de un árbol de guayaba. A partir de ese momento, el terreno comenzó a erosionarse. Sury formaba parte del comité de Protección Civil en su comunidad, que atendía emergencias por deslizamientos, y conocía los protocolos para estos casos. Solicitó plástico para cubrir el suelo y evitar que el problema empeorará. Recibió 30 yardas y, de su propio bolsillo, compró 30 yardas más, cada una a un costo de alrededor de $9, para cubrir otra área afectada.
Con el tiempo, otras áreas de la casa también comenzaron a deslizarse. La familia contactó nuevamente a Protección Civil, quienes advirtieron que, si la situación empeoraba, la única solución sería evacuar la vivienda.
Durante la primera lluvia de junio, el suelo del cuarto de su hija comenzó a erosionarse mientras dos de sus nietas estaban en la habitación. Ambas lograron salir ilesas. Con ayuda de un sobrino, rescataron una de las camas y una zapatera que el hoyo había arrastrado y caído al barranco. Sury, que comparte nombre con su hija, asegura que desde ese día ninguna de las dos duerme tranquila. Temen que el piso se derrumbe de nuevo en cualquier momento.
Sury y su familia sueñan con un hogar que les ofrezca seguridad y estabilidad. En su casa actual no tienen electricidad ni agua potable, y la falta de escrituras les impide acceder a estos servicios básicos. Perdieron contacto con la propietaria del terreno tras la muerte de don Francisco.
"Si me ofrecieran otro terreno o casa para vivir, no lo pensaría dos veces", dice Sury. Hace un par de años acudió al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), para solicitar una vivienda. Motivada por una sobrina que estaba en proceso de adquirir una casa, llenó todos los formularios. Sin embargo, tras múltiples llamadas a las oficinas, la única respuesta que ha recibido es que debe esperar.
Su hija, también llamada Sury, de 30 años, ha buscado viviendas en alquiler en Mejicanos, a través de Marketplace en Facebook, pero el costo mínimo es de $200 al mes. Además, ha intentado conseguir trabajo, pero su baja escolaridad le impide acceder a empleos con mejores salarios.
Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Programa de becas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).