José Miguel Vivanco vuelve a expresar preocupación por abusos y violaciones a derechos humanos en El Salvador. Durante su cargo como director para las Américas de Human Rights Watch, una de sus áreas de constante enfoque fue el declive democrático en El Salvador, algo que se ha exacerbado aceleradamente en los últimos tres años, bajo Nayib Bukele.
Y si bien ha salido de Human Rights Watch, sigue pendiente de los sucesos en El Salvador. Recientemente, expresó su rechazo a las medidas draconianas con las que Nayib Bukele aborda el alza de violencia en el país. Tras estas condenas, conversó con El Diario de Hoy y afirmó que hay una criminalización de la vulnerabilidad económica y que el prontuario de abusos de poder del mandatario salvadoreño sigue ensanchándose.
¿Qué opina de las medidas para abordar el alza en criminalidad?
Obviamente son opciones retrógradas y contradictorias con las obligaciones jurídicas de El Salvador en materia de derechos humanos, son medidas que además rompen con la arquitectura jurídica que se supone hay en una democracia. Este hombre ha optado por medidas draconianas, como la suspensión de derechos sin explicarle al país la correlación entre esas medidas y suspensiones y los riesgos que se enfrenta.
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Nadie duda del peligro que representan las maras en El Salvador y la obligación de desmantelarlas, combatirlas y recuperar la seguridad de los vecindarios que están bajo la extorsión y los abusos de estas agrupaciones criminales, pero un gobierno responsable si dicta estado de emergencia debe explicar por qué toma algunas medidas como derecho a asociación o afectaciones al ejercicio de ciertos derechos por parte de los tribunales de justicia. Cuál es la lógica detrás de eso, pero NB siente que no tiene que explicarle nada a nadie, que basta con hacer declaraciones y amenazas vía Twitter o por la televisión de las arbitrariedades que impondrá, incluso en prisiones si los índices de violencia continúan. Esto es algo propio del líder de un cartel. Es el lenguaje propio de la mafia no de un jefe de Estado.
Estas medidas anunciadas por el presidente son muy populares en la población. ¿Cómo lidiar con un autoritarismo que recibe el aplauso de la gente?
Los derechos fundamentales, incluyendo los valores democráticos no pueden estar sujetos al plebiscito, ni la voluntad popular. Se trata de establecer normas de conductas que no pueden ser afectadas por las mayorías temporales y pasajeras. No hay que confundir nunca popularidad con legitimidad. Si mañana el pueblo está a favor de la horca en plaza pública y al que ajustician es al que Bukele diga, eso no es un circo romano donde las cosas se deciden por aclamación. Salvo que estemos derechamente ante una dictadura, pero en un régimen con normas democráticas básicas, en un país donde imperan estas normas, para eso hay tribunales, procedimientos establecidos.
Insisto, Bukele podrá reiterar que su popularidad le da carta blanca para hacer y deshacer y eso no es así. Por otra parte, al romper las reglas del juego propias del debido proceso donde pasan a ser todos sospechosos solo por estar en un lugar equivocado al momento equivocado o tener algunos tatuajes, pagan justos por pecadores. Justamente la idea del proceso penal es que haya garantías suficientemente sólidas para evitar que aquellos que no están involucrados en la comisión de un delito puedan ser detenidos y sujetos a unos procedimientos que deben aplicárseles únicamente a quienes están bajo sospecha.
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Pero en El Salvador no parece estarse aplicando esos filtros…
No quiero ni imaginar las injusticias que se está cometiendo, especialmente en sectores populares con personas que están siendo sujetas y víctimas de las verdaderas redadas masivas y que están al margen del control judicial, siendo procesados como si fueran parte del crimen organizado y no lo son. Eso es inevitable que ocurra cuando se adopta estas medidas draconianas y se rompe con las reglas del debido proceso.
Vemos redadas indiscriminadas en algunos sectores vulnerables. ¿Se puede hablar de una criminalización de la vulnerabilidad económica?
Indudablemente, eso es intentar hacer justicia a ojo de buen cubero. Simplemente bajo la intuición o los prejuicios que pueda tener el agente policial que interviene, eso es completamente inadmisible. Ese es el viejo oeste. Hemos recurrido un camino muy largo y avanzado en muchos sentidos como para que El Salvador llegue a esto. Esos procesos están fundados en prejuicios, en discriminación y atentan contra la igualdad ante la ley y afectan a sectores más vulnerables y sin protección.
¿Y esto es lo que conduce a violaciones a derechos humanos?
Por supuesto que se está produciendo violaciones. Los salvadoreños han experimentado en las últimas dos semanas un recorte en sus derechos fundamentales en todo orden de cosas. Desde la libertad de expresión hasta el derecho de reunión y asociación, incluso el aumento de la responsabilidad penal hasta de niños. Todo esto supone un conjunto de graves violaciones a las obligaciones jurídicas de El Salvador en materia de derechos humanos y se traduce en abusos.
¿Cómo detener esto? ¿Es posible invocar tratados y obligaciones internacionales?
Todas estas normas derivadas de tratados son vinculantes. Estas no son normas éticas derivadas del evangelio, son normas jurídicas que obligan a El Salvador como estado y las está infringiendo y violando impune y flagrantemente. Lo que todo esto requiere es una acción lo más contundente posible de los países que conforman la comunidad internacional, ya sea en la OEA o en el marco de la Unión Europea.
Sin presión internacional suficientemente fuerte y contundente, esto no va a parar. Por supuesto hay órganos especializados como la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, o la CIDH, que siguen esto de cerca pero para que estos órganos apoyen con firmeza, necesitan apoyos políticos y mientras no haya una reacción firme, clara y contundente de los Estados, lamentablemente Bukele lo va a interpretar como que tiene luz verde para seguir.