El Salvador registró este año la tasa más baja de muertes violentas de mujeres en los últimos diez años, según el registro de datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), pero esa entidad señala que eso no significa que el país sea seguro para las mujeres en sus entornos de confianza y exhorta al Estado a diseñar estrategias integrales.
Silvia Juárez, Coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa, explicó que las muertes cometidas a manos de agresores que están en el entorno de confianza de las víctimas y otros indicadores de violencia hacia las mujeres como el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, sexual, física, económica y patrimonial no han disminuido.
La disminución en las cifras de muertes violentas de mujeres inició en 2019 cuando bajó significativamente de 11.51 del año anterior a 6.84 (230 casos), para 2020 se tuvo una tasa de 3,89 (131 muertes); en 2021 subió levemente fue de 3.95 (133 casos); en 2022 de 2.22 (75 muertes) y en 2023 de 1.36 (46 casos).
Los datos de Ormusa indican que este año cerró con una tasa de 1.12 por cada 100 mil habitantes mujeres, correspondiente a 38 muertes violentas.
“Es la tasa más baja y eso hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que las otras inseguridades de las mujeres siguen estando inalteradas y la violencia de las mujeres en los entornos de confianza, es decir el lugar de mayor inseguridad para las mujeres siguen siendo las relaciones de confianza y eso no está siendo atendido”, manifestó.
DE INTERÉS: "Ahora podemos salir tranquilos": habitantes de territorios liberados
De enero a noviembre se registraron 38 feminicidios, de los cuales, al menos 17 fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el resto, preliminarmente fueron tipificados como muertes violentas.
“Las muertes de mujeres que están en su entorno de confianza no ha disminuido, entonces lo que les quitamos de encima fue las violencias de extraños que pudieran estar asociadas a marcos de violencia social que también enfrentan los hombres”, expuso Juárez.
El análisis de Ormusa indica que al comparar el mismo periodo en 2023 “se observa que los feminicidios no han disminuido en similar tendencia con los homicidios, porque en el periodo analizado solo hay una reducción del 22%, equivalente a ocho casos menos”.
Estos datos fueron recopilados a través de medios de comunicación, debido a la negativa del gobierno de transparentar los datos estadísticos relacionados a los hechos de violencia.
“Las cifras evidencian que El Salvador continúa con las tasas más altas de feminicidios de pareja en la región y la urgente necesidad de fortalecer la atención de la violencia de género en el ámbito intrafamiliar que ocurre contra las mujeres”, señala el Observatorio de Ormusa.
Asimismo entre junio de 2023 y mayo de 2024 la Fiscalía General de la República registró 20, 950 hechos de violencia contra las mujeres en las categorías de violencia feminicida, sexual, física, psicológica y patrimonial.
Estos datos evidencian un incremento del 15% (18, 178) de hechos de violencia contra las mujeres con relación al periodo anterior, correspondiente a junio de 2022 hasta mayo de 2023.
Necesidad de políticas integrales
En noviembre, la Red feminista frente a la violencia contra las mujeres denunció que El Salvador presenta graves retrocesos en el abordaje de la problemática de la violencia contra las mujeres “como un asunto estratégico de desarrollo en la agenda pública”, lo que se traduce en limitados y nulos presupupuestos “para un problema grave, estructural y masivo”.
Por otra parte, denunciaron la eliminación de mecanismos de implementación para la prevención, la no aplicación de medidas sancionadoras por incumplimiento y favorecimiento a la impunidad.
“Las políticas de seguridad están centradas en enfoques securistas y populismo punitivo, resultando ser ciegas a las inseguridades de las mujeres dificultando el trabajo en la defensa de los derechos humanos y las violencias que afectan a las mujeres”, manifestaron.
Para la representante de Ormusa las autoridades deberían tomar en cuenta tres puntos para erradicar las violencias y las inseguridades que afectan a las mujeres.
Juárez plantea que es importante que en la agenda pública se vea la violencia contra las mujeres y sus inseguridades como un problema de desarrollo.
“Desde esta perspectiva todas las decisiones del poder político se van a tomar teniendo en cuenta este factor, factores económicos, normativos, políticas públicas de prioridades”, expuso.
En segundo lugar, plantea la comprensión de que la seguridad de las mujeres no necesariamente se comporta como la seguridad de los hombres.
DE INTERÉS: "No va a terminar la violencia si no se resuelve la exclusión social y económica"
“Cuando vemos el índice de homicidios que ha descendido considerablemente, hay una percepción que hay seguridad en el país, pero las mujeres no solo sufren las muertes violentas, sino el acoso sexual callejero, la violencia sexual en las comunidades en los entornos del hogar, en los centros escolares, violencia de parte de pareja, la violencia intrafamiliar, en el ámbito privado de las relaciones, a manos de los hombres, a pesar de que disminuyan las muertes violentas sus inseguridad van a seguir existiendo”, detalló.
Como tercer punto, manifiesta que no se debe entender la dimensión de seguridad no solo en términos de criminalidad, sino entender la seguridad desde un enfoque donde todas las personas se sientan en la libertad para ejercer derechos y asumir responsabilidades
“Ahí tiene que ver con el acceso a recursos, la justa distribución de la riqueza, los espacios de cuidado, los espacios de reorganización social alrededor de quien asume el cuidado y cómo se integran las mujeres en el mercado de trabajo formal”, señaló.
La Red Feminista ha denunciado que acciones como el régimen de excepción ha colocado a las mujeres una carga de cuidados, deterioro económico y la estigmatización, lo cual no contribuye a una paz a largo plazo.