Vigentes penas de 20 años de cárcel por robo y 15 años por enriquecimiento ilícito

Hasta 20 años de cárcel podrá enfrentar una persona que cometa robo y hasta 15 años de prisión quien cometa el delito de enriquecimiento ilícito, según las reformas al Código Penal que entraron en vigencia este 20 de febrero de 2025.

Fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa el 7 de febrero y aparecen publicadas en el Diario Oficial con fecha 12 de febrero y en los decretos se estableció su entrada en vigencia ocho días después de su publicación.

En uno de los decretos se subieron las penas de prisión para los delitos comunes y en otro se modificaron las penas para delitos de corrupción; de esa forma quien hurte un objeto que supere los $22.85 (200 colones) podrá pasar de seis a ocho años en la cárcel y el funcionario o servidor público que cometa el delito de peculado por un monto hasta $10,000, pasaría de seis a nueve años en prisión.

Los delitos de robo y hurto también tienen una pena más alta que el nuevo delito de "ocultamiento o alzamiento de bienes producto de la corrupción", que se sancionará con prisión de tres a seis años.

Incluso si el peculado supera los $100,000 tendrá una pena menor al robo, con un rango de 12 a 15 años.

Pero se agregó un artículo sobre la "excusa absolutoria" para el delito de hurto, que establece que quedará exento de pena quien repare "integralmente el daño ocasionado a la víctima". Esta excusa solo podrá otorgarse una vez a una misma persona.

Mientras que el hurto agravado tendrá una pena de diez a 15 años, el robo agravado, de 20 a 30; la estafa, de cinco a ocho años si la defraudación es mayor a $22.85 y si la estafa agravada, de ocho a 15 años, entre otros.

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También inician vigencia las reformas al Código Procesal Penal en el tema de la administración fraudulenta y la detención provisional.

Política inquisitiva

Cristosal señaló que la política penal del gobierno actual es "regresiva", con un enfoque inquisitivo. "Que más que tener un proceso acusatorio penal, donde hay una investigación científica del delito, lo que hay es una instrucción criminal y hay un castigo para quienes se presume o se supone que han cometido un delito", expresó Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal.

Destaca que no se prima la investigación penal, porque se prioriza la presunción de la culpa y no la de inocencia.

"Tenemos un Estado no un Estado policial, sino un Estado de populismo punitivo, inquisitivo, cuyo fin es tener a la gente en la cárcel", agregó.

Comentó que al Estado le resulta menos costoso tener a la gente en las cárceles que invertir en programas de educación, prevención de la violencia y programas de reeducación y rehabilitación.

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Mientras que las reformas penales juveniles, que establecen que los menores de edad que cometan delitos de crimen organizado pasarán a cárceles de adultos y que entrarán en vigencia el 22 de febrero, Cristosal advierte que se viola el artículo 35 de la Constitución que habla de un régimen especial para los adolescentes sujetos a responsabilidad penal.

Más hacinamiento carcelario

El abogado Otto Flores consideró que las reformas penales buscan generar una mayor cantidad de condenas, porque se utiliza un proceso sumario que se aplicaba al detener a una persona en flagrancia; pero que ahora se usarían estos proceso en los delitos patrimoniales.

"Lo cual va a significar que mucha gente va a quedar detenida de manera provisional, en detención provisional y van a llegar a engrosar y hacer mucho más difícil la sostenibilidad del sistema penitenciario que ya está sobre saturado", dijo.

Organizaciones de derechos humanos reportan más de 360 personas muertas en centros penitenciarios y el hacinamiento se agravaría al incluir a los menores de edad acusados de delitos de crimen organizado.

Comentó que el sistema penitenciario del país incrementa su gasto por la alta concentración carcelaria. "Tenemos tanta gente detenida en detención provisional, que la Dirección General de Centros Penales es un hoyo financiero", afirmó.

De acuerdo al portal de transparencia fiscal, el presupuesto de la Administración del sistema penitenciario subió $94.2 millones en 2024 respecto a lo programado, teniendo una ejecución de $165.4 millones.

En su experiencia como criminólogo, Flores comentó que los delitos de robo, hurto y estafa se dan "cuando hay una crisis económica", incluso para adquirir víveres o roba artículos de primera necesidad.

Delitos de servidores públicos

La reforma aumentó penas a delitos que cometan funcionarios públicos, autoridad pública, empleados públicos, servidores públicos o agente de autoridad, y relacionados a corrupción.

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Los actos arbitrarios se sancionarán con prisión de tres a seis años y ya no de dos a cuatro como estaba anteriormente. La revelación de hechos, actuaciones o documentos que debieran permanecer en reserva tenía una pena de cuatro a seis años de cárcel; pero con la reforma se eleva de seis a nueve años. La infidelidad en la custodia de registros o documentos pasó de tener una pena de dos a cuatro años al rango de seis a nueve años de cárcel.

La concusión tiene una pena de seis a nueve años, las negociaciones ilícitas de 12 a 15 años, la exacción de tres a seis años de prisión, el cohecho propio de seis a nueve años, el cohecho impropio de tres a seis años, la malversación tendrá pena de tres a seis años, anteriormente se sancionaba con multa.