La Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) comenzó su vigencia a partir de este 9 de diciembre de 2023, luego de cumplirse los ochos días después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que también inicia a correr el plazo establecido para realizar la disolución de Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP).
La nueva ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo el 14 de noviembre de 2023 y fue sancionada por la Presidencia el 27 del mismo mes, de acuerdo a la publicación del decreto en el Diario Oficial de fecha 1 de diciembre.
Esta normativa contempla la disolución y sucesión legal del INSAFORP. “Este proceso de disolución finalizará a los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de esta ley. El Ministerio de Hacienda queda facultado para emitir la normativa necesaria para que las entidades respectivas realicen los trámites operativos vinculados a esta disposición”, dice el decreto.
El pasado 6 de diciembre el INSAFORP difundió un comunicado con un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido durante 30 años de parte de los integrantes del Sistema de Formación Profesional: centros de formación, instructores, facilitadores independientes, universidades, sindicatos, comunidades religiosas, gremiales, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de desarrollo comunal, organismos internacionales y empresas.
“Durante tres décadas, esta institución ha formado a más de 5.8 millones de salvadoreños, otorgándoles mejores oportunidades de empleo a través de distintos programas que fueron creados y fortalecidos para calificar a los trabajadores de las empresas, formar a jóvenes, mujeres y población vulnerable”, dice el comunicado.
Además, desde la vigencia de la ley el INCAF asume las funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y obligaciones del INSAFORP; así como asume la totalidad de sus pasivos y activos, los cuales se transfieren por ministerio de ley al INCAF. “Debiendo asumir este último el control y recepción de los mismos a la entrada en vigencia de esta ley”, indica el decreto.
De acuerdo al último reporte de estados financieros publicado en el portal de transparencia del INSAFORP, hasta junio de 2023 la totalidad de activos, pasivos y patrimonio del Instituto era de $74.7 millones. Cada año, el Ministerio de Hacienda deberá incorporar el presupuesto especial del INCAF en la estructura presupuestaria de la nación.
Como parte del patrimonio del INCAF estará el 20 % de la recaudación de las cotizaciones obligatorias pagadas por empleadores del sector privado e instituciones autónomas, de aproximadamente $9.2 millones, los cuales se destinarán para programas de capacitación.
Otro 40 % ($18.5 millones) se destinará “exclusivamente” a cumplir los objetivos vinculados a la ejecución de programas para disminución de los niveles de pobreza, mejoramiento de condiciones sociales, “de la forma que determine” la Dirección de Integración. Y el 40% restante ingresará al Fondo General de la Nación.
En el caso del personal, la ley no establece claramente que vayan a ser absorbidos o incorporados dentro del INCAF, sino que establece que el nuevo instituto “asumirá las obligaciones laborales y demás prestaciones del personal que se encontraren laborando para el INSAFORP a la entrada en vigencia de esta ley, pudiendo disponer para esos efectos del patrimonio recibido del INSAFORP”.
A mediados de noviembre, luego de la aprobación de la ley en el Órgano Legislativo, trascendió que 81 de 120 técnicos del INSAFORP presentaron sus renuncias y gestionaron sus liquidaciones ante la incertidumbre de qué sucedería con sus puestos de trabajo. Además, el decreto no dicta ninguna compensación económica o indemnización como sí se estableció en otros decretos de disolución de entidades, como fue el caso del cierre del Parque Zoológico Nacional.
Las disposiciones transitorias de la ley indican que los procesos de formación, capacitación o certificación, así como los procesos de compras ya iniciados, convenios vigentes o contratos ya adjudicados que estén por iniciar implementación o estaban en ejecución antes de la entrada en vigencia de la ley deberán realizarse hasta su finalización.
Cabe destacar que el consejo del nuevo INCAF no cuenta con representación de empleadores y trabajadores como el INSAFORP, sino que su conformación es completamente gubernamental.