La falta de acceso a información es el principal impedimento para que grupos de la sociedad civil dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas ejerzan con mayor agilidad y eficacia sus búsquedas, confirman organizaciones de la sociedad civil consultadas sobre esta situación.
A palabras de la directora de la Asociación Pro-Búsqueda, Ana Julia Escalante, la restricción de información limita el proceso que se lleva a cabo de investigación y de reparación de las víctimas.
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“Lastimosamente el tema de la búsqueda de niñez desaparecida ha tenido siempre la mayor limitante que es la falta de acceso a la información”, explicó Escalante a elsalvador.com.
“Las instituciones de la sociedad civil tenemos un límite, una gran barrera, un gran muro que superar, pero se esperaría que las instituciones del Estado no, que el aparato estatal pudiera tener dentro de sus facultades, porque la tiene, el tener el acceso a esa información a la cual la sociedad civil no llega”, señaló.
La lideresa civil detalló que al referirse a archivos estatales va más allá de los militares, también se refiere a los de alcaldías, hospitales y otras entidades privadas como orfanatos y casas de cuido.
“En algunos lugares hay como resistencia de compartir la información que pudiera esclarecer los casos”, explicó.
Según confirmó, hay muchos casos que se pueden resolver a partir de abrir archivos, lo cual ejemplifica con el de marzo de 2023, cuando la Fiscalía General propició su primer reencuentro, su primera localización en el caso de Adrián Rochat, persona desaparecida que pudo reunirse con su familia: “Quiere decir que las cosas se pueden hacer”.
“Nosotros aplaudimos que en ese momento ese logro importante, pero también esa es una muestra que el Estado tiene las facultades y posibilidades de poder localizar a estos niños y estas niñas”, señaló, con referencia a la población de apoyo para la que trabajan.
En el caso de la Fiscalía, mantiene en reserva los datos estadísticos que se deriven de información de expedientes de investigación, independientemente de la etapa en que se encuentren, estadísticos que se encuentren en sede judicial; en especial los consistentes en número de fosas y cementerios clandestinos, ubicación del hallazgo, fecha del hecho, fecha de ubicación, número de cuerpos, restos humanos y osamentas encontradas, sexo y edad, así como el número de personas identificadas.
El Ministerio de Defensa sigue con el resguardo de sus archivos de guerra referentes a casos en los que hubo ataques contra la misma sociedad civil.
Organizaciones civiles llevaron esta situación en 2023 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en especial por las recientes denuncias que recogen desapariciones forzadas bajo el régimen de excepción que está vigente en el país desde marzo de 2022.
Para el Servicio Social Pasionista, las familias salvadoreñas viven en situación constante de una tortura provocada por el Estado, que se niega a dar información que merece recibir la familia de las víctimas, o al obviar funciones imperativas de investigación inmediata y de sancionar estas violaciones a los derechos humanos.
“También hemos verificado que en muchos casos (del régimen de excepción) las autoridades entregan información falsa sobre el paradero de las personas”, señaló David Morales, de la oenegé defensora de derechos humanos Cristosal.
La Organización para el Debido Proceso (DPLF) condenó también que no existe un registro de personas desaparecidas, mucho menos un desglose por sexo, edad u otras categorías; que en el Estado salvadoreño casos de desapariciones forzadas a veces se registran como privaciones de libertades o secuestros; que la búsqueda inmediata de parte de las autoridades de gobierno es casi nula; que fiscales obstruyen el acceso a familiares de las víctimas; y que muchas de las denuncias más antiguas han quedado en pausa por la vigencia de ya dos años del régimen de excepción.
“Negar a las víctimas sigue siendo mantenerlas en la impunidad e invisibilizarlas”, señaló la abogada de DPLF, Victoria Barrientos.
La iniciativa ciudadana Alerta Raquel reportó que ha recibido 250 avisos de personas desaparecidas, desde el año 2020 hasta la fecha, según informaron este mes. Por su parte, el gobierno de El Salvador ha dicho directamente que no reconoce las cifras de estadísticas por “no ser oficiales”.
Ante la justificación para negar las cifras que exponen diferentes organizaciones civiles, la CIDH ya señaló al Estado salvadoreño, que el que no las reconozca no significa que no existan.
Exponer a las familias
Escalante reveló que las familias con las que trabaja se vieron esperanzadas con el caso de Rochet, quien en la década de los 80s fue desaparecido por el ejército nacional y, ya convertido en un adulto, pudo ser localizado para que se reencontrara con su familia.
Las familias que siguen en la búsqueda de sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado, o que recientemente lo estuvieron, se enfrentaron a la situación de exponer en reiteradas ocasiones sus testimonios para intentar recibir la ayuda del Estado.
Por tanto, Escalante señaló que son siempre las familias las que dan la información, son a quienes entrevistan una y otra vez, pero principalmente lo cometen con las que ya están agotadas de años de búsqueda en vano.
“Las familias ya dijeron lo que tenían que decir, ya dieron los indicios hasta donde ellos conocían, ya dieron las pruebas que ellos tenían, ahora lo que resta es que el Estado retome dentro de su responsabilidad continuar la búsqueda y crear esos mecanismos”, recalcó la directora ejecutiva de Pro-Búsqueda.
Faltan leyes
A la ausencia de información se le suma la falta de legislación, según la abogada de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU), Idalia Zepeda. La falta de una ley para la búsqueda de personas desaparecidas sería un factor que estaría ralentizando las búsquedas de las víctimas, señaló.
Zepeda, por su parte, trabaja en casos contemporáneos, pero reconoce que “no hay una ley de búsqueda de personas desaparecidas, entonces se busca el proceso ordinario penal, desde una visión bien punitiva”.
Por tanto, el Estado salvadoreño no solo adeuda la Ley de Justicia Transicional, sino también un marco legal para las desapariciones más recientes ocurridas dentro del territorio nacional.