El Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel suspendió por tercera vez el juicio contra cuatro supuestos integrantes de los “Escuadrones de la muerte” acusados de secuestrar, torturar y asesinar a cinco personas civiles en el cantón San Andrés, municipio de San Miguel, en 1981.
Según la acusación fiscal, los militares José de la Cruz Orellana, Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides Martínez y Ángel Aníbal Alvarado Benítez son los responsables materiales del crimen de lesa humanidad.
“Llevamos cuarenta años esperando que se haga justicia. Lamentamos por el sacrificio que hacemos para venir hasta acá y por tercera vez se suspende, ya hemos esperado mucho tiempo” expresó Juan Luis Benavides, familiar de una de las víctimas.
David Morales, integrante del equipo querellante, explicó que esta vez la vista pública fue suspendida debido a la petición de uno de los defensores argumentando que los testigos presentados por la defensa se encuentran fuera del país.
Además, falló el apoyó técnico de la dirección de desarrollo tecnológico de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para garantizar la presencia virtual de uno de los imputados.
“Parece que la justicia de El Salvador está con muchos fallos, con muchos problemas, con mucha infuncionalidad debido a este tipo de problemas que no logra resolver la Corte Suprema de Justicia” manifestó Morales.
El caso San Andrés es el primer caso contra un escuadrón de la muerte que ha llegado a la etapa de vista pública desde que se firmaron los Acuerdos de Paz.
“Es inaceptable que se siga dilatando la justicia, es inaceptable que pasen ocho meses sin que el sistema judicial, no necesariamente por responsabilidad de los jueces, sino por otro factores que no se pueda llevar adelante la vista pública” agregó Morales.
El 15 de mayo de 2023 la vista pública fue suspendida por la ausencia de tres abogados defensores. El 15 de agosto de 2023 no se realizó debido a que en el mismo tribunal había otra audiencia en curso.
El abogado querellante explicó que el Tribunal se ha comprometido con una pronta programación de la diligencia judicial.
El hecho
La Fiscalía señala que el 7 de abril de 1981 un grupo de hombres vestidos con uniformes militares sacó a las cinco víctimas de sus casas en el caserío La Mascota, cantón San Andrés, y se las llevaron dentro de unos vehículos con rumbo desconocido.
Un día después los cadáveres de las víctimas fueron hallados enterrados a poca profundidad con señales de tortura y lesiones de bala en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen en el departamento de La Unión.
Las víctimas fueron identificadas como: Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón.
Unas horas antes del secuestro, los socios y directivos de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria El Milagro, se habían reunido en la casa del presidente de esa cooperativa, Ángel María Chávez Benavides.
En la reunión cada uno entregó su aportación económica mensual para el pago de un crédito. El dinero recaudado ascendía a unos 20,000 colones, el cual fue resguardado en la vivienda de Chávez Benavides.
Esa tarde estuvo presente Luis Alonso Benavides, quien era ajeno a la cooperativa, pero observó todo lo que ocurría y quienes habían asistido.
En la comunidad Benavides era conocido como miembro de Orden (grupo paramilitar) y lo tildaban de “oreja”, debido a que se encargaba de llevar información a los militares de la sección dos (de inteligencia) de la Tercera Brigada de Infantería, sobre los sospechosos de ser subversivos.
Según testigos, los sujetos que realizaron el secuestro de las víctimas portaban gorros navarone y pañoletas, pero otros andaban el rostro descubierto y escarapelas de la sección dos.
En el ataque los militares se llevaron un revólver, el dinero en efectivo que había sido recogido para pagar la deuda al banco y una máquina de escribir. Hasta el momento, la Fiscalía no ha acusado a ningún jefe militar como autor intelectual del hecho.