Las víctimas de administración fraudulenta o estafas tendrán que llevar los costos de los peritajes necesarios en las investigaciones y etapa judicial, según la reforma al Código Procesal Penal que aprobó este viernes la Asamblea Legislativa.
El pasado miércoles la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia aprobó el dictamen que unió dos propuesta de reforma enviadas por el gobierno, "a fin de modificar el plazo máximo de duración de la medida cautelar de la detención provisional; así como, establecer modificaciones respecto de la responsabilidad civil de quienes resulten condenados en un proceso penal, garantizando el derecho de las víctimas en los casos en los que se determine este tipo de responsabilidad".
Se establece que la víctima de administración fraudulenta deba presentar la auditoría contable que demuestre la existencia del delito a investigar.
Si no la presenta, deberá indicar a la Fiscalía el lugar donde se encuentre la documentación necesaria para su realización, para que la institución la requiera y una vez obtenida "aquella (la víctima) pueda llevar a cabo la referida auditoría y presentarla para su incorporación para las diligencias de investigación fiscal", dice la reforma al artículo 27.
Se añade que las partes interesadas deberán asumir el costo económico de las pericias para acreditar o desvirtuar los hechos en los casos de administración fraudulenta, desde el inicio de la investigación y durante la instrucción.
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Es decir, obligaría a los afectados a pagar las pericias, llevando la carga penal de investigación del delito que le corresponde asumir al Estado por medio de la Fiscalía. Al no contar con recursos para costear esos procesos, las víctimas no continuarían con los procesos y generaría la impunidad del delito.
En el artículo 38 sobre la extinción de la acción penal por mediación y conciliación, agrega en las exclusiones los delitos de estafa y estafa agravada, lo que significaría que aunque exista una conciliación con las víctimas por la vía civil, el proceso penal contra el acusado seguirá su curso.
La pena por el delito de estafa será de cinco a ocho años y por estafa agravada, de ocho a 15 años. Se añade que si la persona hallada culpable no cumple las obligaciones civiles o no demuestra su imposibilidad para hacerlo, deberá cumplir una tercera parte más de la pena impuesta o su máximo.
Modifica detención provisional
Además, se reforma el artículo 8 del Código Procesal Penal sobre la detención o internamiento provisional.
Se mantiene que deberán guardar la debida proporción a la pena que se espera y en ningún caso podrán sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley, ni exceder el plazo de 12 meses para los delitos menos graves y de 24 meses para los graves.
Añade al texto: Excepcionalmente y mediante decisión judicial debidamente fundada, emitida de oficio o a petición de fiscal, no se aplicará esta regla durante la realización de actos o diligencias de duración prolongada tales como peritajes, pericias complejas, conflictos de competencia, asistencia legal mutua activa en materia penal y mientras dure el trámite de extradición activa o pasiva”, según la lectura del proyecto.
Agrega que de oficio o a petición de parte, el juez al decidir sobre el cumplimiento del plazo de la privación de libertad, deberá descontar del cómputo el tiempo que se haya usado en “prácticas dilatorias, litigación temeraria, incidentes procesales infundados” que influyan en la dilación del proceso.
Francisco Villatoro, de Nuevas Ideas, justifica la iniciativa porque “hay mucho abogados que dilatan adrede los procesos, estos para que sus clientes puedan salir libres y en algunos casos puedan huir del país”.
Walter Coto, también de la bancada oficialista, aseguró que “hay muchas personas que están cometiendo hechos delictivos” de muchas formas y que “los litigantes de manera temeraria” buscan mecanismos para cumplir con los 24 meses de detención.
“Lo que se ha cambiado es la potestad de parte del honorable juez que está conociendo la causa, de que en su momento cuando observa que están utilizando mecanismos para entorpecer el proceso, no se tome como detención provisional, ese tiempo no se contabilice”, dijo.
Lo que buscarían es que los imputados sigan detenidos hasta que se dé una sentencia de su caso.
El oficialismo argumenta que al vencerse los plazos sin que se cumplieran las investigaciones necesarias, los imputados quedan en libertad y podrían evadir la acción de la justicia
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