La organización de veteranos, veteranas y excombatientes del conflicto armado se reunieron para expresar su rechazo ante la persecución judicial desatada contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, en el caserío de Victoria, Cabañas, quienes llevan más de un año detenidos en vías de investigación.
“Reiteramos nuestro rechazo a la persecución judicial contra los líderes comunitarios de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES), exigimos su pronta libertad y demandamos el cierre definitivo de este caso”, señalaron a través de un comunicado.
Para los firmantes este caso no se trata de una búsqueda genuina de verdad y justicia “sino de una manipulación del sistema judicial para perseguir a estos defensores ambientales, debido a su activismo contra los proyectos mineros”, agregaron.
Comunidad Santa Marta “ha sido víctima de un sistema que no ha logrado aplicar justicia”
En reiteradas ocasiones la asociación había expuesto que durante la fase de instrucción la Fiscalía General de la República no ha encontrado elementos que demuestren la existencia de los delitos o la participación de los ambientalistas en tales escenarios.
Por tanto “consideramos que en este caso la Fiscalía y el Sistema Judicial buscan criminalizar a todo el sector de veteranos, veteranas y excombatientes que participamos en el conflicto armado”, señalaron.
Actualmente los cinco acusados guardan arresto domiciliario debido a que todos son mayores de 50 años, quienes tras más de un año en la cárcel sufrieron un deterioro en su salud al no tener acceso regular a medicación para enfermedades crónicas, por las que ya eran tratados.
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Desde 2022 la comunidad Santa Marta está alertando a la población “la apuesta que trae este gobierno de retomar los proyectos mineros”, entre los indicios que la asociación ha presentado destaca el momento en el que el país se suma al panel intergubernamental de los países que apuestan al extractivismo minero, seguido por la creación de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, a la que se le asignó un presupuesto de $4.5 millones, sumado a la presencia de personas en el territorio que buscaban comprar terrenos donde antes estuvo un proyecto minero.
La audiencia preliminar contra los ambientalistas está prevista para el miércoles 3 de abril, por lo que exigieron al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque cerrar el caso y liberar de forma definitiva a los líderes comunitarios.
“Este es el momento oportuno para revertir la persecución contra los defensores ambientalistas y terminar con el intento de criminalización a los y las excombatientes”, concluyeron.