El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el sábado la detención y deportación inmediata de todos los migrantes venezolanos sospechosos de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, amparándose en la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. La medida, que equipara a estos migrantes con enemigos en tiempos de guerra, establece que los deportados no tendrán acceso a protecciones legales habituales, como el derecho a comparecer ante un juez o solicitar asilo.
Trump argumentó que la pandilla venezolana estaba perpetrando una "invasión o incursión depredadora" en territorio estadounidense, justificando así la aplicación de esta legislación de más de dos siglos de antigüedad. La orden instruyó a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia a arrestar y expulsar a todos los migrantes venezolanos mayores de 14 años que sean identificados como miembros de Tren de Aragua y no cuenten con ciudadanía o residencia permanente en EE.UU.
Sin embargo, la medida fue bloqueada temporalmente por el juez James Boasberg, del Tribunal del Distrito de Columbia, quien accedió a una solicitud presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Boasberg emitió una orden de restricción temporal de 14 días que impide la deportación de cualquier migrante afectado por el decreto presidencial y ordenó el regreso de los vuelos de deportación en curso.
Pese a la decisión judicial, durante el fin de semana EE.UU. deportó a más de 260 migrantes a El Salvador, entre ellos venezolanos con supuestos vínculos con Tren de Aragua. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó un video mostrando a algunos deportados siendo escoltados por fuerzas de seguridad, rapados y conducidos a una prisión.
Un funcionario de la administración estadounidense indicó, según la cadena CBS en una nota del periodista Camilo Montoya-Gálvez, que 137 de los deportados eran presuntos miembros de la pandilla venezolana expulsados bajo la Ley de Extranjeros Enemigos, mientras que otros 101 venezolanos fueron deportados bajo leyes migratorias ordinarias.
Es decir, estos 101 venezolanos no tendrían relación con la banda criminal Tren de Aragua, pero igualmente han sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en San Vicente.
Además, 21 salvadoreños acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13) y dos presuntos líderes de pandillas buscados por el gobierno salvadoreño también fueron trasladados.
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El Departamento de Justicia defendió la legalidad de las deportaciones y criticó la decisión judicial, asegurando que "un juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de una aeronave llena de terroristas extranjeros expulsados del territorio estadounidense". La Casa Blanca negó haber desobedecido la orden judicial, argumentando que los migrantes ya habían sido removidos antes de la emisión del fallo.
La medida de Trump, sin precedentes recientes, se basa en una ley que ha sido invocada solo en contadas ocasiones en la historia de EE.UU., principalmente durante las dos guerras mundiales para la vigilancia y detención de ciudadanos de países enemigos.
Nota: este artículo fue elaborado con asistencia de IA.
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