“Ha sido difícil no estar con mi mamá, pero me he sentido como que estoy en familia”, dice con su voz suave y mirada serena E. A., una adolescente de 17 años cuya madre fue capturada por la Policía Nacional Civil, el pasado 11 de octubre.
Junto a ella, su hermano de 13 años y su prima de cinco, han soportado la ausencia de su madre, que fue detenida en el marco del régimen de excepción, impulsado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, desde el pasado 27 de marzo y que, a la fecha, va por su séptima prórroga aprobada por la mayoría oficialista de Asamblea Legislativa.
Algunos residentes de la zona señalan que ella, y otros parientes más, se dedicaban a comercializar drogas y que por eso fueron aprehendidos; otros vecinos, en cambio, cuestionan sus capturas y afirman que éstas fueron “arbitrarias”.
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La realidad es que los menores quedaron sin el cuidado inmediato de algún familiar, por lo que sus vecinos decidieron hacerse cargo de ellos hasta que alguno de sus parientes detenidos salga en libertad o que otro consanguíneo pueda responder por los menores.
Recientemente, la menor de todos fue atendida por una abuela, quedando solo los adolescentes a expensas de sus altruistas vecinos.
“Aquí no están mal, siento yo, pues todos nos hemos unido para velar por ellos. Gracias a Dios la comida no les falta, les damos el desayuno, el almuerzo y la cena. Estamos pendientes de ellos”, asegura una de las vecinas de los niños, que prefirió omitir su nombre.
La comunidad donde residen los menores está ubicada en el municipio de San Juan Opico, La Libertad; una zona roja, según refieren algunos residentes, pero que ahora parece estar despejada de pandillas.
“No cualquiera podía entrar allí”, recuerdan. La casa donde viven los menores luce limpia, con las camas, ropa y juguetes ordenados. Los vecinos también se han interesado de algunos quehaceres de esa vivienda para que ellos “no se sientan en total abandono”.
“Sé que ellos no van a llenar el vacío de mi mamá, pero no me siento tan mal porque sé que ellas me están ayudando demasiado”, afirma E. A. con ánimo resiliente. La adolescente agrega que sus vecinas le han ayudado emocionalmente a no sentir todo “el peso” de la responsabilidad del sustento de su hermano menor y de ella misma.
“No estoy mal económicamente ni nada porque ellas me están dando todo, es como si estuviera con mi mamá. Las conozco desde que era chiquita”, reflexiona.
Opaca atención del Estado
La desprotección de los niños y las niñas, cuyos padres o familiares encargados han sido detenidos, es un efecto directo del régimen de excepción. A criterio de la abogada de la organización Cristosal, Zaira Navas, “las medidas que se dictan desde la Junta de Protección (de la Niñez y la Adolescencia) si bien están orientadas para que los niños y las niñas vayan a la escuela, que tengan una manutención, tienen la debilidad de que no cuentan con un soporte económico y psicosocial para estas familias”.
Habitantes de la zona dan el visto bueno a la implementación del régimen de excepción en la búsqueda de reducir los índices de la criminalidad de las pandillas, sin embargo cuestionan la despreocupación de parte de los cuerpos de seguridad pública y del Estado al dejar a los menores en el desamparo de padres o familiares cuando estos son capturados.
De hecho, algunos que conocen el caso de los menores, han solicitado la ayuda del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) para que puedan atender a estos niños, pero hasta el momento no ha habido respuesta, aseguraron.
Según afirmaron los vecinos, los protectores temporales de estos adolescentes, la semana pasada sus abuelos maternos tuvieron contacto con ellos y se comprometieron a hacerse cargo de los menores. “La niña nos dijo que se los van a llevar. Ellos (los abuelos) viven lejos de aquí”, comenta una de las vecinas a lo que agregó que desconocen cuándo será, pero que les dijeron que “lo más pronto posible”.
“La Ley Nacer con Cariño registra que los niños deben recibir la educación, la formación y la crianza en su familia de origen, pero cuando esta familia no está deben generarse las condiciones y los programas para que los niños tengan ese ambiente. Programas para proteger a niños y niñas, hijos de personas detenidas, en este momento no existen”, señala la especialista en derechos humanos.
Por el momento y como pueden, los vecinos tratan de cumplir ese papel. E. A. cursa noveno grado en una escuela de San Juan Opico y recibe sus clases de manera virtual, igualmente su hermano de 13 años. La más pequeña, de 5 años, aún no estudia.
La adolescente tiene dotes para el dibujo y es muy ordenada para escribir sus clases. Los colores rosa y morado destacan entre los trazos en sus cuadernos. “Me va muy bien en las clases. Le he preguntado a mi maestra si voy a pasar (a bachillerato) y me dijo que soy de las mejores”, dice con sencillez E. A.
“Yo le digo que no se desanime, que estudie, pues es lo primero”, afirma una de sus vecinas que también pidió omitir su nombre. Ella y otras madres alrededor han estado atentas a que ellos reciban sus últimas clases del año escolar.
“Una evaluación que se podría hacer es cuántas de las personas detenidas tienen hijos e hijas y qué medidas toma el Estado para su protección y evitar que, en caso de que los padres tengan vinculación con estructuras delincuenciales, estos niños no vayan a estar al cuidado de miembros de estas estructuras pues los pone en una situación de mayor riesgo”, recomienda Navas.
En tanto y aunque E. A. y su hermano coexisten entre la asimilación de que su madre está en prisión, la espera de sus abuelos y la opaca atención del Estado, sus vecinos afirman que “les vamos a echar la mano en todo”.
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