Vacío legal y jurisdicción incierta sobre presos extranjeros enviados al CECOT

El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, enfatizó que El Salvador no tiene ninguna ley que autorice mantener personas extranjeras detenidas en cárceles salvadoreñas que no hayan sido procesadas en el sistema judicial del país por cometimiento de delitos, lo que abre el debate del vacío legal que tendría el acuerdo con Estados Unidos.

Esto a raíz de que el gobierno de El Salvador internara este domingo en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) a 238 extranjeros expulsados por Estados Unidos, entre ellos 137 supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 101 venezolanos migrantes irregulares, luego que el gobierno de Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros que data de la segunda guerra mundial para sacarlos del territorio estadounidense.

“En El Salvador no hay ninguna ley que autorice que podamos tener presos detenidos que no hay sido condenados en El Salvador. Porque estas personas, al menos de lo que tenemos conocimiento, no han sido procesadas en El Salvador y si son condenados, tampoco han sido condenados en El Salvador”, dijo en la entrevista Frente a Frente este lunes.

Fue en el marco de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a principios de febrero que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ofreció la tercerización de los servicios carcelarios para recibir migrantes irregulares en Estados Unidos y criminales.

“Entonces sobre qué base legal aquí se van a tener a personas, independientemente de la nacionalidad que sea, supuestamente no han cometido un delito en El Salvador y no hay ninguna ley que autorice tenerlas detenidas aquí”, reiteró el abogado.

Jurisdicción incierta

Y señala que el problema no sería en la tercerización o comercialización de los servicios carcelarios del país, que según información que divulgaron medios estadounidenses sería por un pago de $6 millones anuales por 300 personas, sino que el problema es de jurisdicción.

“Y aquí hay un montón de problemas, por ejemplo, ¿bajo jurisdicción de qué juez están estas personas?, ¿bajo un juez estadounidense o bajo los jueces de vigilancia penitenciaria en El Salvador?, ¿quién va a estar vigilando si se está cumpliendo la pena o no?, ¿qué control va a haber sobre eso?”, cuestionó.

En el caso que el gobierno envíe a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para darle legalidad a este acuerdo, descarta que sea constitucional.

“Yo francamente tengo dudas que nos sea negocio estarnos colocando en este tipo de negocio tan arriesgado, de podernos generar responsabilidades internacionales”, expuso.

Comentó que una convención internacional ya permite a un condenado en el extranjero cumplir su pena en su país de origen, es decir, un salvadoreño condenado por un delito en Estados Unidos u otro país puede pedir cumplir esa condena en el territorio salvadoreño.

“Pero te indica cuáles son las reglas para poder ejecutar eso, por ejemplo te dice que tiene que ser una persona de la nacionalidad del país receptor. Cosa que no se estaría cumpliendo acá, que no sabemos siquiera si son condenados. Dos, tiene que ser voluntariamente solicitado por el reo o condenado, solamente puede ser por delitos que sean delitos en el país receptor”, expuso.

NO SE PIERDA: Así llegó a El Salvador el primer grupo de presuntos pandilleros del Tren de Aragua (Imágenes exclusivas)

También la abogada Roxana Cardona, expresó en sus redes sociales las posibles consecuencias jurídicas de meter al sistema carcelario a extranjeros.

“Traer extranjeros que no han cometido delitos en el país, para encarcelarlos, es comercializar el sistema carcelario”, expresó.

Agregó que el derecho penitenciario salvadoreño tiene un teorema penitenciario en las etapas de la pena, cada una conlleva un beneficio penitenciario, “¿qué juez le llevará el monitoreo de la pena si no tenemos jurisdicción?, ¿se crearán empresas de alimentos y maquilas para estos reclusos, quienes serán beneficiados?”, cuestionó.

La abogada no descarta que con mantener vigente el régimen de excepción se adjudiquen esos servicios sin seguir el proceso de la ley de compras públicas. Esto porque cada vez que se prorroga el régimen de excepción, automáticamente se prolonga el decreto del Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado en el marco de la declaratoria del Régimen de Excepción.

“El sistema carcelario se está privatizando, cada reo es un ingreso y el gobierno lo sabe muy bien”, expuso.

Agregó que la política antimigratoria y carcelaria de Estados Unidos no puede ser asumida por el pueblo salvadoreño, “ya que llevará consecuencias legales y sociales”.

"¿Cuál es la norma jurídica que permite al país alquilar sus cárceles? ¿O ya ni nos hacemos esa pregunta?", cuestionó el abogado José Marinero en la red X.

Anaya también señala que no se ha dado a conocer el contenido del acuerdo entre el gobierno salvadoreño con el estadounidense sobre este tema.

Sobre los salvadoreños de la MS13 que se incluyeron, Anaya aclaró que no se trata de extradiciones como el gobierno alegó, sino que son “expulsiones desde los Estados Unidos hacia una cárcel salvadoreña” y que tampoco son deportaciones, que es enviar a un extranjero a su país de origen.