La fiscalización del financiamiento de los partidos políticos es una deuda que arrastra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde 2018, según el mismo organismo, y de acuerdo a expertos electorales consultados por El Diario de Hoy, la unidad para dicha fiscalización llegó tarde.
En un evento cerrado realizado el pasado jueves 30 de mayo, ya finalizado el proceso electoral 2024, los magistrados y magistradas del TSE inauguraron la nueva Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos (UFFPP).
Según el organismo, dicha unidad garantizará la promoción de la equidad y la transparencia: “Nos esforzamos incansablemente para ofrecer a la población salvadoreña procesos electorales eficientes y justos”, dice la publicación en redes sociales del organismo.
Actualmente existen dos mecanismos de financiamiento de los partidos: la vía pública, que es a través de la deuda política, es decir, fondos provenientes del Estado; y la segunda es el financiamiento privado, por medio de donaciones.
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“Son muchas las deudas que acumula el TSE respecto a los procesos de elecciones, dentro de esas deudas está precisamente el control al financiamiento de los partidos políticos, de sus campañas, del financiamiento ordinario de los partidos”, consideró el expresidente del Tribunal, Eugenio Chicas.
Las voces expertas señalaron que la unidad fue creada hasta que el actual colegiado está por concluir sus funciones, o sea, a finales de julio; por lo que no se hizo una mayor fiscalización de todas las elecciones que ejecutaron desde el inicio de sus funciones en 2019.
“No es lo ideal, dejan algo montado para que los siguientes magistrados sean los que lo administren y lo desarrollen, y no sabemos cuál va a ser la lógica de los nuevos magistrados. No hay garantía de que eso al final se desarrolle y tenga un resultado”, consideró el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
“Hasta hoy, en realidad, el Tribunal no ha explicado cómo va a funcionar esa unidad o cómo antes de que ellos terminen su mandato, puedan informar a la ciudadanía sobre cómo se utilizaron los recursos en la última campaña electoral”, añadió Chicas.
TSE dice “deja un legado”
La magistrada suplente Sonia Clementina Liévano consideró que la creación y equipamiento de la UFFPP es un legado para la institución. “Este ha sido un trabajo muy denodado de nuestros compañeros. Además de ser responsabilidad de ley, era una responsabilidad que ellos tomaron como propia”, indicó la magistrada.
Según Gustavo Drofler, representante de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), con la medida se espera dejar para el TSE uno de los sistemas de prestación de cuentas o rendición de cuentas de los partidos políticos más modernos de la región.
“Me animaría a decir que ustedes están superando otros programas que existen. El sistema está en la etapa final de desarrollo, prácticamente ya está concluido. Ha sido hecho con un esfuerzo de profesionales salvadoreños”, señaló Dlofler.
Importancia de la financiación y su fiscalización
El director del Instituto Nacional Democrático (NDI, por sus siglas en inglés), Eduardo Núñez, explicó que uno de los aspectos críticos en materia de integridad electoral es si las canchas en las que se juegan los partidos son parejas o no, y que uno de los principales factores de disparidad que caracteriza a las elecciones en la región es el tema del acceso al dinero.
Para Núñez los partidos tienen un “piso básico de equidad y de competitividad” si hay un régimen de financiamiento público, si hay un sistema robusto de control y fiscalización de las finanzas privadas (sea en efectivo o en especie) y tercero, si hay un sistema robusto de control sobre el uso de recursos públicos con fines electorales.
“Cuando no hay un sistema de control y fiscalización robusto, tanto de las contribuciones privadas como de la forma en que se usan los fondos públicos, como de la forma en que se acceden a los medios de comunicación o de la forma en que se usan los presupuestos públicos normalmente se lesiona la integridad de las elecciones”, advirtió el experto.
“La transparencia en el financiamiento político es una condición básica de integridad, una elección en donde no hay transparencia en las fuentes de financiamiento ni en la forma en la que se hace el financiamiento, es una elección que enfrenta problemas o que tiene un déficit de integridad”, añadió.
Para Núñez, El Salvador tiene un marco normativo “permisivo”, o hasta “débil” en materia de control y fiscalización.
“En El Salvador no existe un mandato explícito y robusto con dientes de control y fiscalización. Ahí hay un área prioritaria de trabajo, que no es nueva, ha sido así a lo largo del periodo democrático salvadoreño”, señaló el director del Programa de Seguridad Pública de Centroamérica del DNI.
La organización Acción Ciudadana ha solicitado la información sobre el financiamiento de los diferentes institutos políticos desde hace varias elecciones y, según sus informes, el partido de gobierno ha sido el más reacio a revelar la información.
Si bien desde 2016 fue el Tribunal quien ordenó a los partidos políticos entregar su información financiera a las solicitudes de presentadas por la organización, estas terminaban accediendo. Esta dinámica se mantuvo por 2016 y 2018. Para 2019, el TSE obligó a Nuevas Ideas a atender la solicitud, pero este incumplió el mandato.
Para 2020 y 2021 el partido oficialista ni siquiera recibió la solicitud de acceso a la información. A la fecha, se desconoce el origen de sus fondos de campaña para esas y las más recientes elecciones.
Ley de Partidos Políticos
El literal “c” del artículo 22 de la Ley de Partidos Políticos establece como obligación de los partidos políticos llevar contabilidad formal y contar con una auditoría interna en los períodos de gestión conforme a sus estatutos, sobre el uso de su patrimonio propio, y de los fondos obtenidos del financiamiento público y privado.
Asimismo, el literal “g” del mismo artículo establece: “Cumplir con las obligaciones que la presente Ley establezca en materia de transparencia y acceso a la información”. La misma norma determina como información oficiosa en su artículo 24 los montos de financiamiento público y privado.