Gustavo Ramírez Jurado es un joven de 25 años de edad. Llegó a cursar tres años la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad en Educación Física, Deportes y Recreación en la Universidad de El Salvador; pero actualmente había abandonado la carrera por cuestiones de dinero y empezó a trabajar como auxiliar de construcción.
El hermano de Gustavo, quien prefiere no dar su nombre para evitar represalias, comentó que agentes de la policía llegaron a su casa alrededor de las 11 a.m. del 2 de mayo; para él y su madre no fue extraña la visita de los agentes, porque en numerosas ocasiones ya habían llegado preguntando por documentos y nunca hubo un problema. Siempre los mismo policías, siempre las mimas peticiones y preguntas.
Como las veces anteriores, la familia mostró los DUI y las facturas de agua y luz para corroborar la legalidad del terreno; pero una vez entraron a la casa y vieron a Gustavo acostado en su cuarto, le tomaron fotos y procedieron a ponerle las esposas para llevárselo. Su madre pidió que lo soltaran y la razón por la cual lo arrestaban. “Solo vamos a llenar una ficha y se lo traemos de vuelta madre, no se preocupe”, respondieron los agentes.
“Así dicen y ya no los regresan”, les contestó ella, por las experiencias de múltiples capturas que la policía ha hecho en la comunidad.
Su hermano también intentó detenerlos, pero fue en vano. Luego de 20 minutos, la mamá de Gustavo llegó a la delegación de la PNC donde tenían a su hijo detenido. Suplicó que lo dejaran libre y presentó el carnet de la Universidad de El Salvador para demostrar que es un buen muchacho.
“Sí, tiene razón, me equivoqué” contesto un agente de la PNC al ver el documento, según la madre; pero, aun así, unos minutos después, lo sacaron de la delegación esposado y lo subieron a un pick-up.
El hermano de Gustavo camina por el callejón por el cual los agentes se lo llevaron. Foto EDH/ Francisco Rubio
La señora, al ver que no iba a poder evitar el encarcelamiento de su hijo, pidió a los policías que por lo menos no lo fueran a golpear. Los agentes le prometieron no hacerlo y que antes de llevárselo ella debía de ir a comprar la ropa blanca que ocupan los reos.
Historias similares se han repetido al menos con 20 familias del lugar, quienes afirman que sus parientes han sido detenidos arbitrariamente, solamente por la zona en la que viven.
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Los habitantes de Valle Las Delicias, en San Martín, reconocen que anteriormente la zona era bastante complicada.
Antes, si alguien que no era lugareño entraba a la comunidad, era interceptado por los pandilleros. Sin embargo, los habitantes afirman que todos los mareros fueron capturados desde el primer día del inicio régimen de excepción.
“El primer día del régimen se llevaron a un montón de ‘los muchachos’. Dimos gracias a Dios por eso, porque desde entonces está más tranquilo”, comentó el hermano de Gustavo.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Pero la policía ha seguido llegando a la comunidad y han continuado las capturas, como el caso de Gustavo y de otros, como Josué Samuel Sandoval, un obrero de 24 años; Obed Eliseo Martínez Blanco, un cocinero de 31 años; y Edwin Ernesto, otro obrero. Son alrededor de 20 personas capturadas, vigilantes, carpinteros, albañiles y mecánicos, que la comunidad afirma que no tenían nada que ver con las pandillas.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Los habitantes de Valle Las Delicias, al enterarse de la captura de Gustavo, se pusieron de acuerdo para buscar su liberación con una recolecta firmas para confirmar que es un estudiante y que no es un delincuente. Hasta el momento han recolectado 110 firmas.
“Comunidad Valle Las Delicias San Martín se une en nombre y firma para declarar o constar que: Gustavo… no es pandillero ni pertenece a estructuras pandilleras”, así comienzan las páginas firmadas por los habitantes.
“Uno conoce quiénes eran ellos (los pandilleros), ¿cómo no? ¡Si eran nuestros vecinos! Si no se querían problemas, uno siempre se dice buenos días o buenas noches, pero hasta ahí. Por eso las personas dan fe de que mi hermano no está metido en nada malo”, comentó el familiar de Gustavo.
Un par de liberados
De los casos de supuestas capturas arbitrarias en la comunidad, han logrado salir libres dos personas bajo medidas, es decir, deben presentarse cada 15 días al Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador para firmar un documento que hace constar que siguen en el país. De no hacerlo, podrían volver a prisión.
Foto EDH/ Francisco Rubio
Las familias contrataron abogados particulares, ya que los de oficio que trabajan en la Procuraduría, al tener tantos casos, no logran resolverlos. “Una vecina se ha endeudado con $4,000 para que puedan dejar en libertad a su hijo. Eso le estaba cobrando el abogado”, comentó el hermano de Gustavo.
Las dos personas que salieron libres comentan que vivieron experiencias horribles, pero su mayor indignación es por los paquetes de enseres personales que las familias compran para los presos.
“No entregan los paquetes completos, mi mamá me iba a dejar el paquete lleno de cosas de limpieza y al final los custodios nos daban solo una pasta de dientes para 4 personas. Igual con la comida, nos daban solo las galletas, nada de avena, ni la Incaparina, ni los cereales. Todo lo demás se lo quedaban los custodios. Ellos bien comidos y nosotros aguantando hambre”, concluyó uno de los dos liberados.