Un total de 530 nuevos casos de violaciones a derechos humanos cometidos en el contexto del régimen de excepción ha sido presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Doctora María Julia Hernández y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), informaron en una conferencia de prensa.
La presentación de las nuevas denuncias ante el sistema interamericano se ha realizado después que la CIDH publicó un informe el 4 de septiembre pasado, en el que pidió al Estado salvadoreño restablecer los derechos y garantías suspendidos en el régimen de excepción y reafirmó que este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana de forma permanente.
“Este día estamos presentando 530 casos ante la Comisión para que sean investigadas las graves violaciones cometidas dentro del régimen de excepción de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos en manos del Estado, desplazamientos forzados, también, graves violaciones a las familias de las víctimas”, declaró Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal.
Las organizaciones @TutelaLegalMJH y @MOVIRSV presentaron 530 nuevos casos de violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción ante la @CIDH El abogado Alejandro Díaz de @TutelaLegalMJH explica al respecto. @elsalvadorcom pic.twitter.com/jfjwnA5fxM
— Lissette Lemus 🇸🇻 (@lissettelemusSV) September 26, 2024
Díaz explicó que previamente se agotaron las instancias nacionales, se presentaron denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, además, se solicitaron habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin tener resultados favorables para las víctimas de detenciones presuntamente arbitrarias o ilegales.
“Ante esa situación ha sido necesario activar la instancia internacional ya que no hay una institucionalidad que funcione en El Salvador, tampoco, un estado de derecho”, manifestó.
El abogado explicó que cada uno de los expedientes presentados ante la CIDH incluye la respuesta negativa de la Sala de lo Constitucional a los habeas corpus que, en la mayoría de los casos, han sido declarados improcedentes o inadmisibles “aplicando criterios subjetivos”.
“Para nosotros, y lo ha señalado la misma CIDH, lo que se ha hecho es una criminalización de la pobreza, donde hay muchas personas que han sido capturadas arbitrariamente y no tienen la oportunidad de defenderse, no hay un debido proceso y con la situación del cambio en la legislación ha llevado a instaurar de hecho el régimen”, declaró.
Díaz explicó que en el nuevo paquete de denuncias exponen la “ineficacia de los procesos constitucionales” donde hay nulidad del recurso de habeas corpus y esperan que la Corte tome en cuenta lo que dice el informe de la Comisión con relación a realizar acciones “que no afecten los derechos de las personas privadas de libertad.
“Una de ellas sería resolver de forma eficaz y dentro de un debido proceso estos casos, lamentablemente tenemos las respuestas, donde la Sala ni quiera entra a conocer los casos, hay respuestas repetitivas donde dicen que solo se plantean “asuntos de mera legalidad”, dijo.
En ese mismo sentido, el abogado David Ortíz de Tutela Legal, manifestó que el informe de la CIDH ha demostrado “de forma inobjetable” que no puede existir seguridad sin derechos, sin institucionalidad democrática que garantice los derechos fundamentales de las personas, como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a defensa e información.
“Los cientos de casos presentados ante la CIDH buscan obtener justicia y reparación para las víctimas y que el Estado sea condenado por la persecución de personas inocentes”, expresó.
Díaz agregó que el reciente informe “es un triunfo para las organizaciones y las víctimas” porque ha demostrado las graves violaciones, por lo que, con estas nuevas denuncias esperan que la CIDH las admita para que el Estado pueda ser condenado y las víctimas puedan obtener una reparación.
Al respecto, en el informe, la CIDH le recomienda al Estado salvadoreño "elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción".
Exigen visitas a reos
Por otra parte, los representantes de Movir solicitaron al gobierno que levante la restricción de las visitas a las personas que se encuentran recluidas en los diferentes penales del país.
“Estamos pidiendo que levanten la restricción de las visitas porque queremos saber el estado de salud o la vivencia de nuestros familiares, desconocemos si están vivos. Si le levantara la restricción de visitas muchos vamos a tener que llorar, porque creo que ya muchos están en fosas comunes”, Alfredo Mejía.
Organizaciones sociales como el Socorro Jurídico Humanitario han denunciado la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, mientras que el reciente informe, la CIDH aseguró que había recibido información de las muerte en penales.
“La Comisión da cuenta de información recibida que apunta a la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad – sin que existan cifras unánimes – y preocupaciones por falencias en las investigaciones de estos casos, así como sobre los procedimientos de notificación de familiares y el manejo de los cuerpos”, se lee en el documento.
Sonia Vásquez, representante de Movir, expresó que como movimiento aunque lo que exigen es libertad y justicia, esta vez están pidiendo como mínimo que se les dé acceso a ver a los familiares para ver si están con vida o no.
Asimismo denunciaron que algunas instituciones de gobierno le están negando la documentación que necesitan los familiares de los detenidos para los procesos judiciales.
Mejía explicó que algunos abogados de la Procuraduría se niegan a dar una autorización para que los familiares puedan solicitar una solvencia de antecedentes penales y en otros casos es la oficina de Centros Penales la que niega entregarles la documentación.
“Esa documentación se está solicitando porque es la que se le está presentando al comisionado presidencial de Derechos Humanos, porque si un documento de esos no va tampoco va a valer para el comisionado”, dijo.