El Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) 11 casos de violencia política durante la campaña electoral entre 2023 y 2024, pero ninguno por investigación de oficio.
La Unidad de Género del organismo señaló que de octubre a diciembre de 2023 recibió siete casos de violencia política contra mujeres activas en la política, mientras que en los meses de enero a marzo de 2024 fueron cuatro casos.
“Los 11 fueron admitidos, resultados y enviados a la Fiscalía General de la República (FGR), en razón de que los hechos denunciados constituyen uno o varios delitos”, señaló la jefa de la Unidad de Género, Yesenia Martínez de Caballero.
Según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), la violencia violencia política son todas las acciones u omisiones contra las mujeres, realizadas de forma directa o indirecta por razón de género, que causen daño individual o colectivo y que tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y civiles, en cualquier ámbito de la vida política.
Entre las denuncias que se hicieron a la luz de la prensa y medios de comunicación están las de las candidatas de Nuestro Tiempo y de las de Vamos.
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Irma Tapia, quien fue candidata a diputada por Nuestro Tiempo, fue una de las denunciantes y explicó a El Diario de Hoy que el TSE no les actualizó cómo avanzó el proceso sobre sus casos, y fue por la prensa escrita que supieron de la remisión de las denuncias. Tapia lamentó que tampoco han tenido notificaciones por parte de la FGR.
La diputada Marcela Villatoro, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quien en el proceso electoral fue víctima de diversas manifestaciones de violencia política a través de las redes sociales, cuestionó el papel de la Fiscalía.
“Remiten y de nada sirve, porque la Fiscalía es cómplice de los delitos de violencia contra la mujer, a menos que sea contra una diputada de Nuevas Ideas, ahí corren a que el proceso salga rápido, eso hace que las mujeres seamos no solo víctimas de violencia, sino que nos falle el propio sistema y que nos deje desprotegidas”,
Marcela Villatoro, diputada de ARENA
Por su parte, la excandidata a Vicepresidenta de la República, Celia Medrano, coincide en la falta de confianza en el papel de la Fiscalía y del mismo TSE.
"El TSE demostró no ser una instancia confiable para poder actuar eficaz y oportunamente ante la violencia política contra las mujeres. No actuaron y tomaron la decisión de no actuar, limitándose después de pasado el periodo electoral a remitir al Ministerio Público las denuncias. Tampoco se esperaría que la FGR actúe en favor de las víctimas, puesto que los victimarios también responden a la narrativa oficial que opera mensajes de odio y violencia como arma política", lamentó.
A la fecha, la Fiscalía no ha hecho pública la etapa de investigación de los casos.
Por otra parte, el informe entregado por la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos señaló al TSE que la militancia del partido Nuevas Ideas había adoptado una conducta intimidatoria en contra de personas de otros partidos políticos y contra el mismo personal de observadores.
Entre las víctimas sobresalieron mujeres, según la misión de la OEA y otros informes de observadores. El TSE y su Unidad de Género aún no se pronuncian sobre los casos.
Villatoro, además, cuestionó que el Tribunal inscribió a actores políticos que agreden a mujeres para candidaturas a cargos públicos.
“La magistrada presidenta decía que no iban a contar con el apoyo de ella y que no iba a votar por ellos pero a la hora de las horas los permitió correr y aún en la campaña seguían con una violencia más fuerte y ofensiva”, denunció la diputada.
Las afectaciones
Según la Asociación Nacional de Regidoras Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (Andrysas), el resultado o impacto de la violencia política en contra de las mujeres políticamente activas se definen como daño a la integridad y desmotivación.
“El daño a la integridad como persona, como mujer, es uno de los resultados más marcados que genera la violencia política, no solo en la vida de las mujeres, sino también a la vida de sus familias. Esto afecta su autoestima, su confianza y su seguridad y orillándola a tomar la decisión de limitarse o no participar en la vida política”, expresa la asociación.
Y que la desmotivación se manifiesta a través de un sentimiento de bloqueo que les genera angustia, desaliento y miedo en participar en la política, por el bien propio y de su familia.
Por su parte, la LEIV contempla que debe otorgarse una multa de dos a 25 salarios mínimos del sector comercio y servicio a quienes manifiesten expresiones de violencia contra las mujeres.
Unidad de Género sin conocerse sus fondos
En una solicitud de acceso a la información pública hecho por El Diario de Hoy al Tribunal Supremo Electoral, éste omitió revelar el presupuesto asignado a la Unidad de Género, quien es la encargada de velar por el Protocolo de Prevención y Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia Política en El Salvador.
“Se requirió la información a la Unidad de Género de este Tribunal, de quien no se recibió respuesta”, señala la resolución.