A falta de dos años para las elecciones presidenciales, legislativa y municipales de 2024, el Tribunal Supremo Electoral prepara un paquete de reformas al Código Electoral, encaminadas a sancionar la campaña adelantada a
través de redes sociales, dado que actualmente hay un vacío en esa materia.
Las propuestas aún están en análisis del organismo, pero la idea es presentarlas pronto, dada la sentencia de la Sala de lo Constitucional que mandó a legislar con un año de antelación las reformas que se usen en cada evento electoral, es decir que las misma deberían estar aprobadas a finales de este año.
“Es importante tocar el tema de la propaganda electoral. En las diferentes plataformas de internet no hay legislación explícita sobre el tema y como la tecnología es tan avanzada por ejemplo si un partido sube un tuit cuando el Tribunal viene a reaccionar lo bajan. Hay que estar en sintonía con el tema de la tecnología para sancionar a partidos que violenten la ley”, explicó el magistrado Noel Orellana.
El organismo además está en la búsqueda de un mecanismo más rápido para actuar en este tipo de casos de propaganda como Facebook, Twitter, Youtube o Instagram, u otras redes como Tik Tok, pues la legislación actual
no está acorde con los avances tecnológicos.
Pero no solo eso, Orellana explicó que además el TSE busca multas económicas más drásticas para disuadir a los partidos o candidatos de hacer propaganda fuera de tiempo porque ha habido casos en los cuales los sancionados prefieren pagar las multas pero obtienen la finalidad de enviar sus mensajes en contra de las reglas electorales.
“Buscamos más agilidad y es importante incrementar las sanciones porque algunas personas o partidos deciden mejor pagar la multa y hacer la publicidad, ellos valoran que las mutas son risibles, mejor deciden violentar la ley y pagar la multa pero logran el objetivo de eso. El tema de la propaganda en las redes no está claro”, explicó Orellana.
Actualmente, el Código Electoral establece en el artículo 175 la prohibición de hacer propaganda tres días de las elecciones y el día mismo de la votación en televisión, radio, prensa, hojas volantes y vallas, pero no menciona ni dispositivos electrónicos ni redes.
El artículo 275 del mismo código establece multas por campaña anticipada o ilegal entre 10 mil a 50 mil colones, es decir desde $1,142 hasta $5,714. A juicio de Orellana, estas sanciones han quedado desfasadas.
Otras reformas
Otro punto que a juicio de Orellana debe aclararse es el de la ciudadanización de las mesas electorales, es decir, las Juntas Receptoras de Votos. De acuerdo a varias sentencias de la Sala de lo Constitucional de la última década, los organismos electorales temporales debían despartidizarse a través de la ciudadanización de los miembros, es decir, que no fueran los partidos los que colocaran a sus militantes, sino a ciudadanos sin vínculos partidarios orgánicos.
Actualmente, los partidos en contienda envían sus listados de personas no partidarias y los cupos que no alcanzan a cubrirse se logran mediante un sorteo que hace el Tribunal Supremo Electoral. Este mecanismo, afirma Orellana, no es del todo útil, pues afirma que los miembros que presentan los partidos no dejan de tener una simpatía con
quien los presenta.
“Creemos que es necesario definir de una vez por todas si van a ser los partidos o va a ser el TSE quien los nombre. En otros países son los tribunales electorales los que nombran estos organismos temporales, porque en la medida que los partidos los nombren siempre llevan de alguna manera algún grado de simpatía o acercamiento con los partidos políticos”, razonó el magistrado.
Otra reforma a plantear es que los ciudadanos solamente puedan respaldar la inscripción de un partido político, al menos en cada período eleccionario. Esto, explica Orellana, porque hay ciudadanos que dan sus firmas para crear varios partidos, pero en una elección solo pueden votar por uno y ha habido casos en que los partidos nuevos no
alcanzan el mínimo de votos requerido (50 mil votos) para tener vida política tras la elección en caso de no ganar un alcalde o un diputado.
“Es absurdo que hay partidos que consiguen las 50 mil firmas que exige el código para inscribirse y en las elecciones sacan 5 mil votos, es ilógico porque deberían sacar al menos los 50 votos de las firmas que le dieron la ida política”, argumentó Orellana.
Por último, Orellana mencionó una propuesta de reforma que causó polémica en el pasado por la posibilidad de dejar sin votar a los salvadoreños que hace 4 elecciones no votan.
“La depuración del padrón no basta con sacar a los fallecidos o los reos que han perdido los derechos políticos o los que cambiado de nacionalidad. Es importante buscar mecanismos de depuración, con las causas que tenemos actualmente difícilmente habrá padrón real”, afirmó.
A su juicio se podría trabajar en un “padrón B”, en el cual estarían ubicados los salvadoreños que, a pesar de no haber reportes de fallecimiento, condenas judiciales en firme o cambio de nacionalidad, no hayan votado en las últimas 4 o 5 elecciones, esto con el objetivo de que el padrón A contenga los salvadoreños aptos para votar y no se inflen los porcentajes. Los ubicados en el padrón B si llegan estarían habilitados para votar y luego se contabilizarían esos votos en el resultado final.
“Con eso hasta los partidos saldrían más legitimados porque el padrón tiene algunas deficiencias y hay que buscar otras razones de las cuales buscar proponíamos eso no agradado a algunos partidos. Todos lo que no han votado en las últimas 4 elecciones ponerlo en padrón B: no excluirlos pero creemos que se debe buscar un padrón efectivo y en el cual aparezcan reflejados quienes están habilitados”, explicó.
Esta última propuesta ha sido vista con recelo, pero el Tribunal aún no define si la presentará y qué suerte tendrá en la Asamblea.