“El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no quiere aceptar su culpabilidad en todo este desastre, quiere limpiarse en otros, incluso intentó hacerlo en nosotros, los partidos de oposición. No quieren admitir que todo es resultado de su improvisación”, afirma el presidente de ARENA, Carlos Saade.
El político estuvo presente en la reunión privada que sostuvo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con representantes de los partidos políticos, en la que, según unos audios publicados por El Faro, la magistrada presidenta, Dora Martínez, afirma que no descartan que, desde adentro del TSE, hayan intervenido para que las cosas sucedieran así. Habla de un posible intento de boicot interno, sin dar ningún otro detalle.
Saade resta importancia a lo declarado por la magistrada y, más bien, afirma que su indignación aumenta respecto a unos funcionarios que, desde que se comenzaron a hacer públicas las falencias del sistema, buscaron chivos expiatorios para el “desastre”.
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“Incluso intentaron culpar a las Juntas Receptoras de Votos, cuando esta gente se sacrificó tanto... Lo cierto es que fue el resultado de decisiones que ellos mismos tomaron”, dice Saade, para luego enumerar algunos ejemplos que los miembros de su partido le denunciaron: cambios en las JRV realizados al inicio de las votaciones, en las que se sustituyó a ciudadanos que asistieron a capacitaciones por miembros de Nuevas Ideas que desconocían el proceso y no tenían credencial. También, que se sustituyó a algunas personas que estaban designadas como transmisores por otros correligionarios del partido oficial, que tampoco conocían el protocolo.
Y señala que algunas JRV ni siquiera tenían el papel de seguridad suficiente para realizar el proceso, algo que fue aceptado por el jefe de Informática del TSE, Ignacio Villagrán.
Para Saade, además de esas decisiones, buena parte del “caótico” resultado se debe a que los magistrados “están improvisando sobre la marcha”. Muestra de ello, dice, es que en la reunión donde les anunciaron que se abrirían algunos centros de votaciones en el exterior porque varios ciudadanos no llegaron a tiempo para votar, les dijeron que serían tres lugares. Cuando comunicaron, públicamente, que daban marcha atrás a la decisión, se refirieron a seis sitios.
“¿Son 6 o son tres? No se ponen de acuerdo. Y todavía nos echan la culpa como oposición, diciendo que nos oponemos a que nuestros hermanos en el exterior voten. Nosotros solo estamos del lado de la legalidad”, comenta. También sostiene que no les han informado con claridad donde se realizará el proceso de escrutinio final, si en el estadio Jorge El Mágico González o en las instalaciones del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), donde se colocarían 300 o 400 mesas para revisar todas las urnas.
Saade asegura que les han dicho que, como partido, no podrán tener un vigilante por mesa, por “temas de espacio”. Sin embargo, del partido Nuevas Ideas, dice, comentaron que ellos asignarán a una persona para cada una.
“Si a ellos se los permiten, también a nosotros y a los otros partidos nos lo deberían autorizar. Es lo justo y lo legal”, dice Saade. El diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, también manifestó sus quejas por las improvisaciones del TSE, sobre todo en lo relacionado con el lugar donde se realizará el escrutinio final.
"¿Cómo es posible que un ente colegiado como el Tribunal Supremo Electoral, a esta altura, no tenga una decisión y una firmeza. Es lamentable lo que está sucediendo en el ente colegiado, presidido por su presidenta. Nunca esto ha pasado en el país. Yo llevo cinco periodos ganados, seis con este, y nunca habíamos visto este tipo de desórdenes, dándoles tanto dinero para nada. ¿Cómo es posible que los que estaban en mesa estén llenando actas a mano? Discúlpenme, cuando han habido millones y millones y millones gastados", comentó Cardoza.
El presidente de ARENA, Carlos Saade, critica, también, al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien no se ha manifestado públicamente por ninguno de los problemas registrados en las votaciones locales del 4 de febrero y sí señaló, por ejemplo, a la empresa española INDRA, proveedor del sistema de voto electrónico, de negarle a salvadoreños en el exterior poder votar, pues ya había pasado la hora.
“Sabemos que el fiscal responde a Casa Presidencial, igual que estos magistrados. No harán nada que no les indiquen desde allá”, afirma.